Estudiantes de colegio investigado por Fiscalía sufren “deseos de matarse y ataques de pánico”

(CRHoy.com) Varios estudiantes que en apariencia fueron sometidos a agresiones físicas y verbales, así como supuestas burlas por parte de sus compañeros y hasta educadores del Colegio Sagrado Corazón de San José, sufren ataques de pánico, de ansiedad, temor y hasta deseos de matarse.

Así se expone en una denuncia presentada por sus padres de familia y las pruebas documentales contenidas en el expediente judicial, al que tuvo acceso CRHoy.com.

Entre las víctimas se encuentran menores con trastorno del espectro autista, trastorno del neurodesarrollo y discalculia (discapacidades específicas de aprendizaje).

Personal docente y administrativo de este centro privado son es investigado por la Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José, por presunto ejercicio ilegal de la profesión y otros delitos que de momento no han sido revelados por el Ministerio Público.

El ente acusador confirmó que este caso se tramita en la causa 22-000299-0619-PE, sin embargo, por encontrarse en investigación "por ahora, no es posible dar mayores detalles, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal".

Además de las denuncias por presunto ejercicio ilegal de la profesión, debido a que muchos de los educadores no tienen formación docente, también se expusieron quejas por maltrato a menores de edad que están en ese colegio.

Los presuntos malos tratos, según los padres de familia afectados, aseguran que obedecen en gran parte a que el personal no está capacitado para atender a esa población estudiantil.

En el expediente judicial se incluyó una noticia criminis donde señalan las aparentes deficiencias e incumplimientos del colegio con los menores.

"Tenemos conocimiento y denunciamos, que no respetan las condiciones de discapacidad y no aplican las adecuaciones curriculares o de acceso, como otra forma de violencia cruel, maltrato, abuso y si algunos padres no lo exigen y han ocasionado un perjuicio económico, daño emocional, psicológico y físico, maltrato, negligencia, en perjuicio de las personas menores de edad y familias, que se han visto sometidas al antojo de las personas denunciadas, que deciden con el aval de la directora, actuar de esta manera y esto ha motivado a distintas comunicaciones, quejas, citas, reuniones y algunos estudiantes o personas menores de edad, han tenido que desertar por esto y por todos los hechos ya denunciados y algunas familias, han manifestado que están próximas a trasladar a sus hijos, pero quedarán otras personas menores de edad, que el estado debe de proteger y que seguirán siendo víctimas de aparentes irregularidades que solo se detendrán, de demostrarse con el actuar de esta fiscalía", se lee en el documento.

En los documentos judiciales también se expone un expediente clínico de una de las menores que sufrió a causa de la presunta negligencia del colegio.

Se trata de un "Reporte a Instancia Judicial" en el cual se expone las secuelas del bullying que recibe por parte de compañeros y profesores.

La Caja Costarricense de Seguro Social estuvo a cargo de la evaluación de la colegial y confirmaron que tiene ideas suicidas por la discriminación de la que es víctima en el centro educativo.

Este fue enviado al Ministerio Público y el Patronato Nacional de la Infancia para que tomaran las medidas pertinentes.

A raíz de esto se diagnosticó "problemas relacionados con la discriminación y persecución percibidas", por lo que se recomendó en el plan de manejo de tratamiento para "episodio depresivo reactivo".

Otro de los niños fue "víctima de golpes, exclusiones a la hora de jugar o de comer, le han botado su comida, lo han dejado sin derecho a calentar su almuerzo".

Otra colegial denunció que uno de los profesores investigados "le arrebató unas tijeras a un estudiante, delante de todos los compañeros (as) quien se encontraba distraído con ellas y se las lanzó a otra estudiante".

Por estas aparentes inacciones, los encargados de las víctimas interpusieron un recurso de amparo el pasado 1 de setiembre donde solicitaban, entre otras cosas, que se tomen las acciones necesarias que no se incurra en la violación de los derechos de los amparados y se "respeten las adecuaciones curriculares, de acceso, además de cualquier situación emocional o física, que suceda, deba de ser comunicada de forma inmediata por el colegio recurrido".

En el recurso figuraban como recurridos:

• Ana Elena Ramírez Quirós, en su condición de Presidenta con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma, representante judicial y extrajudicial de la Asociación Sagrado Corazón, propietaria del Colegio Sagrado Corazón y como Directora de ese centro educativo
• Mainor Villalobos Rodríguez y Julián Pérez Ortiz, respectivamente, en su condición de Director de la Dirección de Educación Privada y de Jefe del Departamento de Fiscalización de la Dirección de Educación Privada, ambos del Ministerio de Educación Pública
• Alejandra Acosta Montero, en su condición de Coordinadora de la Oficina Local de Vázquez de Coronado-Moravia del Patronato Nacional de la Infancia

Una vez analizado el caso, el 9 de noviembre pasado, los magistrados señalaron sentenciaron a estas tres personas para que "tomen las medidas correspondientes a fin de que, en forma inmediata, los menores amparados, no sean objeto de ninguna forma de bullying o ciberbullying hasta tanto esta Sala resuelva este amparo o disponga otra medida, de manera que su salud física y mental".

Sobre esta resolución, el MEP indicó que de momento no pueden avanzar, pues no cuentan con la posición final de los magistrados, la cual sería entregada en los próximos días.

"Los citados padres de familia acudieron a la Sala Constitucional a interponer un Recurso de Amparo, el cual fue acogido por el órgano constitucional y nos encontramos esperando su resolución final, ya que se encuentra pendiente", confirmó el ministerio.

Intentamos conocer la posición del Colegio Sagrado Corazón, donde nos indicaron vía telefónica que al momento de la llamada era imposible que alguien atendiera nuestras consultas.

Por esa razón solicitamos un correo electrónico a donde remitir las consultas, al cual se envió la solicitud, pero al cierre de esta nota se tuvo una respuesta.