El fracaso millonario de las plantas de asfalto del MOPT: ¿Quién es el responsable?
Justificaciones dadas por Rodolfo Méndez Mata causan contradicciones y vacíos entre legisladores
(CRHoy.com) Los exministros de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta y Germán Valverde (ambos de la administración Solís Rivera 2014-2018), rendirán cuentas ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa por el millonario fracaso de las plantas de asfalto propiedad de esa cartera.
Entre 1996 y 2018 el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) invirtió alrededor de ₡4 mil millones de colones para constituir 4 plantas para mezcla asfáltica, ubicadas en: Guanacaste (conocida como El Chopo), Colima de Tibás, Buenos Aires de Puntarenas (Paso Real) y Siquirres de Limón
Desde mayo de 2018 el MOPT suspendió cualquier tipo de operación en estos inmuebles, los cuales se plantearon como una opción para ofrecer asfalto a municipios y comunidades con problemas viales.
La razón del cese operativo fue claro: las inversiones millonarias fueron hechas por la cartera sin que existieran estudios de factibilidad o análisis ambientales, en una clara contraposición a un decreto ejecutivo del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) emitido en el 2002. Es decir, en contra de un decreto emitido casi entre 10 y 15 años antes en que se constituyeran la mayoría de las plantas.
Los focos ante eventuales responsabilidades apuntan hacia los 3 últimos gobiernos, sin embargo los diputados de ese foro no quedaron satisfechos con las explicaciones dadas por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, y creen que se debe profundizar aún más en la búsqueda de responsabilidades.
Méndez confirmó en comisión legislativa el jueves 25 de abril que se requeriría de –al menos- ₡9.6 mil millones para cumplir con los requisitos necesarios que permitan el funcionamiento de dichas instalaciones con todas las de la ley.
Para el ministerio las plantas no representan una oportunidad de negocio. Además, ninguna cuenta con el personal idóneo ni con los instrumentos o equipos para implementar laboratorios de calidad en el sitio. Tampoco poseen la asignación de un regente químico, en cumplimiento de lo establecido por ley.
¿Y los responsables?
Con documentos en mano el diputado Gustavo Viales, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien llamó a comparecer a Méndez, enumeró una serie de contradicciones de parte del jerarca con el tema. El legislador citó un documento de la Contraloría General de la República (CGR) donde el ministro sostuvo que no suspendería las operaciones de las plantas. También, Viales mencionó un oficio donde el jerarca señalaba que si las plantas operaban al 100% sería más barato comprar el asfalto al Estado que a las entidades privadas.
"Cuando yo llegué (en mayo de 2018) ya las plantas estaban en desuso y ya se había dado la orden de no utilizarlas. Desde antes que yo llegara. Así que yo no tuve necesidad de hacerlo (solicitar la suspensión)", justificó el ministro.
Al ser consultado sobre una eventual responsabilidad de los funcionarios del gobierno anterior, Méndez dijo que "la respuesta la tendría que dar la Administración o las personas que lo antecedían, pues él no estaba ahí".
"Vamos a pedir una investigación respecto a la adquisición de estas plantas y lo vamos a hacer ante la CGR", citó el ministro ante los legisladores.
El jerarca expresó que, según la información en su poder, las plantas se compraron entre 2011 y 2015. Es decir, entre la administración Chinchilla Miranda (2010-2014) y la de Solís.
"Si obligaron a respetar el decreto en el año 2002 que había sido incumplido por todas las administraciones, hasta que la anterior (Solís Rivera) se obligó a cumplir con el decreto y no pudiendo cumplir dio la orden de suspender la producción.
"Yo quisiera que nos enfocáramos en lo real con relación a las plantas. Aún en estado óptimo de producción, el esquema de competencia obliga al ministerio a desarrollar una actividad empresarial que no es el fin del ministerio. Nosotros no estamos constituidos para actuar como empresa y para buscar un negocio en la producción de asfalto", enfatizó Méndez Mata.
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¿Dinero desperdiciado?
En junio de 2017, la administración de Solís inauguró con bombos y platillos la millonaria planta para mezcla asfáltica ubicada en Paso Real de Buenos Aires, Puntarenas. Extrañamente, menos de 3 meses después, según lo autoridades de ese entonces cancelaron la operación de todas las plantas.
El inmueble, según lo citado por un comunicado de Casa Presidencial en ese entonces, tendría una capacidad para producir 600 toneladas métricas diarias de producto y serviría para "resolver necesidades" de zonas como: Pérez Zeledón, Corredores, Golfito, Osa, Buenos Aires, Coto Brus y el distrito de San Vito.
En la planta de Guanacaste se invirtieron ₡716.8 millones; en la Zona Sur unos ₡1.7 mil millones; Siquirres ₡72.2 millones y ₡1.3 mil millones en Colima de Tibás. Los establecimientos ni siquiera produjeron la cantidad de asfalto necesario para hacerlas rentables. Por ejemplo, en el caso de Guanacaste, la producción real histórica fue de 33 mil toneladas métricas de asfalto (la mínima requerida debía ser de 79 mil toneladas).
Méndez manifestó que manejan 2 opciones: vender la operación de las plantas a municipalidades interesadas o ofertar los equipos para -al menos- recuperar algo de la inversión hecha.