¿Por qué se oponen los ciudadanos a proyecto de armas?
Se aplicarían varios cambios a la ley vigente.
En Pro Defensa considera que se deja indefensa a la población frente a delincuentes organizados. Imagen únicamente con fines ilustrativos (Archivo).
Un grupo de ciudadanos reunidos a través de la organización Pro Defensa, mostraron su oposición al proyecto de ley de reforma de armas porque, consideran que deja indefensos a los ciudadanos, ante la ola de asaltos, robos y homicidios que afronta el país.
Se trata de las iniciativas tramitadas con los números 20.508 y 20.509 en la corriente legislativa que fueron dictaminados en setiembre en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
Por tanto, consideran que se afecta a ciudadanos que compran armas legalmente, a quienes incluso defienden como los que no cometen delitos. Esto entonces, dejaría expuesta a la población frente a delincuentes organizados.
Datos suministrados a la Comisión de Narcotráfico. Elaboración Asamblea Legislativa.
Mauricio Alvarado, representante de Pro Defensa, detalló que aunque si bien están de acuerdo con modificaciones a la ley vigente desde 1995, "estos proyectos no tienen sustento técnico adecuado, porque mucho de lo articulado, son cuestiones personales sin algo técnico demostrable".
"(La iniciativa) establece prohibiciones a calibres sin que haya un sustento para ello , no hay evidencia histórica ni técnica que diga que esos son los calibres más comunmente utilizados por los delincuentes", agregó.
Pese a esto, Gustavo Viales, presidente de ese foro legislativo, detalló la necesidad de esta reforma e incluso, estima que para diciembre, cuando inician las sesiones extraordinarias (tiempo en el cual, el Gobierno decide cuáles proyectos se discuten a través de una convocatoria) el Poder Ejecutivo lo convoque.
Consultado sobre si la iniciativa deja indefensos a los ciudadanos, Viales consideró que quienes posean armas formalmente, no se verán afectados, pues lo que menos buscan es desarmarlos para que lleguen al mercado negro.
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Junto con el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el diputado liberacionista busca mociones de consenso para hacerle modificaciones la texto. Aunque, no estarían los señalamientos de Pro Defensa.
Mientras eso sucede, Alvarado estimó que continuará tocando puertas a los diputados para hacerles ver la posición del grupo, lo cuál, ya lo ha llevado a unos 10 legisladores, incluso a integrantes del foro legislativo.
"Para advertirles (a legisladores) de la inconveniencia de estos proyectos, más bien para que sean enterrados", sostuvo.
En algo que sí coinciden ambas partes es revocar los permisos de portación de armas a quienes estén denunciados por violencia doméstica, con el objetivo de reducir los femicidios, así como el endurecimiento de las penas por la portación sin permisos requeridos.
Por esto último, la pena pasaría de 2 a 4 años, en el caso de que el arma no esté inscrita o bien si esa arma es utilizada para delincuencia organizada o asociación ilícita, la pena incrementará en un tercio.
Otro de los cambios tiene que ver con un aumento al doble de la pena por poseer, comercializar, transportar, almacenar o introducir al país, nacionalizar, exportar, ocultar, fabricar, ensamblar, transformar o ejercer labores de corretaje nacional o internacional o bien, la utilización de armas prohibidas en esta ley. De esta forma, pasará de 4 a 8 años y de 10 a 20 años aquellos casos cuando se realicen las actividades anteriores con armas de destrucción masiva, armas y municiones prohibidas por los convenios de Derecho Internacional.
Según datos suministrados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a los diputados, cerca del 70% de los homicidios cometidos en el país se ejecutan con un arma de fuego y sólo en el 2017, se contabilizaron más de 500 víctimas.
El segundo, fue presentado de forma individual por la congresista Zoila Rosa Volio. Véalo aquí: Dictamen negativo de minoría