¿Por qué no se han eliminado pensiones de lujo en el país?
Señalan variedad de regímenes y normas que se arrastran desde hace décadas

Expertos discutieron en la Asamblea Legislativa sobre las razones por las cuales no se han eliminado las pensiones de lujo en Costa Rica. (Cortesía).
(CRHoy.com) -A pesar de promesas y propuestas, las pensiones de lujo en el país son una brasa que nadie quiere tener en sus manos.
Golpean fuertemente las finanzas públicas, representan un ejemplo de desigualdad en Costa Rica y ponen en riesgo la sostenibilidad futura de los regímenes que las amparan.
¿Por qué no se han eliminado y siguen siendo tema de discusión?
Responder a esa interrogante fue el tema de un foro organizado en la Asamblea Legislativa que reunió a expertos, técnicos, diputados y formadores de opinión pública este miércoles.
En la actividad, participaron el superintendente de Pensiones, Álvaro Ramos, el jerarca de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP), Luis Paulino Mora, el presidente del Instituto de Desarrollo Empresarial y Acción Social (IDEAS), Luis Loría, la abogada Gloria Navas, la periodista Pilar Cisneros y los legisladores Yorleni León, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Los expositores ofrecieron sus puntos de vista que se pueden sintetizar en las siguientes líneas:
- Hay una gran variedad de regímenes que se arrastran desde hace décadas.
- La variedad de sistemas y de reglas es múltiple.
- Se discute y se discute, pero no se toman decisiones.
- Existe hipocresía, mentiras y se defienden privilegios.
- Hay problemas de lógica e irracionalidad.
- Los distintos grupos defienden su "metro cuadrado".
- El Poder Ejecutivo carece de iniciativas para aplicar reformas sustanciales.
Muchos sistemas y reglas
El jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supen), Álvaro Ramos, explicó que la complejidad para atacar el problema se debe, entre otras razones, a la enorme variedad de sistemas y reglas de regímenes que se arrastran desde décadas atrás.
Mencionó que, por ejemplo, en el Magisterio Nacional y en el Poder Judicial subsisten diferentes sistemas que, además de ser desiguales, han tenido un alto impacto financiero.
En su criterio, la mayoría de pensiones en Costa Rica otorgan más dinero a los beneficiados de lo que cotizaron y se han introducido topes a las cotizaciones, pero no a los beneficios.
Ramos hizo especial énfasis el régimen de pensiones de los expresidentes de la República, que no se ha derogado.
El director nacional de Pensiones, Luis Paulino Mora, coincidió en que existen regímenes de pensiones creados desde 1950 que ahora constituyen "una bomba de tiempo".
Puntualizó, a manera de ejemplo, que el gasto de los regímenes administrados por la DNP alcanzó los ¢700 mil millones en el presupuesto nacional de 2018, es decir, poco menos del 10% del total de ese plan de gastos.
Esos ¢700 mil millones se los repartieron 65 mil beneficiarios mientras que el gasto del régimen no contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en el mismo año fue de ¢171 mil millones que se distribuyeron entre 128 mil personas.
Apuntó que la DNP administra regímenes no contributivos que no tienen ninguna relación con el tema de pobreza -como el que cubre a los exmandatarios- o los de bandas militares y pensiones de guerra en un país sin ejército. Estos -y otros más- significaron un gasto de ¢8 mil millones en 2018.
Lo peor, según su exposición, es que el país sigue creando más regímenes como el recientemente aprobado por el Congreso para prejubilar a funcionarios de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), que en sus 12 años de vigencia costará ¢17 mil millones.
Manifestó que se debe revisar la universalidad de los regímenes y su suficiencia futura, así como discutir sobre una vejez digna y entrar a modificar la edad de retiro para que sea conforme a las expectativas de vida.
En ese sentido, insistió en que las cotizaciones deben ser razonables con los beneficios que se van a dar, se deben revisar las contribuciones solidarias y cambiar el perfil de beneficios.
El jerarca avaló las propuestas orientadas a migrar hacia un régimen universal administrado por la CCSS, pero señaló que primero se deben equiparar todos los regímenes.
Pensiones de expresidentes en la mira

El economista Luis Loría pidió cerrar el régimen de pensiones de los expresidentes de la República. (CRH).
Loría, presidente de IDEAS, sostuvo que es necesario cerrar el régimen de pensiones que cubre a los expresidentes de la República.
"Hay que dejar de regalarle plata a los expresidentes de la República que nunca cotizaron un colón para esa pensión y que además no tienen necesidad", dijo.
En su intervención, pidió a los diputados que aprueben un proyecto de ley en esa línea presentado por el legislador Rodolfo Peña, del PUSC.
Según datos de la Supen, actualmente el Presidente tiene un salario que ronda los ¢5 millones al mes, pero la pensión que disfrutaría Carlos Alvarado en 2022, a sus 42 años y sin haber aportado nada para recibirla, le costaría al Estado más de ¢1.400 millones.
"También sirva la oportunidad para pedirles a los 7 expresidentes y a las viudas que siguen cobrando esa pensión que renuncien a ese privilegio, no puede ser que a estas alturas sigan llevándose plata para la casa de todos los costarricenses", afirmó Loría.
Navas respaldó esa postura y manifestó que, como ejemplo de honestidad, Carlos Alvarado debería renunciar a su pensión y le pidió escuchar las reformas que se deben hacer a los regímenes de pensiones.
También hizo un llamado de atención sobre los niveles de desigualdad en el país, en donde hay mucha gente desamparada porque hay poca solidaridad.
Falta de interés del Gobierno
Los legisladores León y Muñoz coincidieron en que el Poder Ejecutivo ha mostrado desinterés con el problema.
El socialcristiano recordó que desde julio del año pasado hizo una propuesta para fortalecer el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que administra la CCSS, con controles de supervisión a cargo de la Supen.
Sin embargo, indicó que el proyecto no ha contado con el respaldo del Gobierno y que la misma Caja se opuso a que la Supen supervise el régimen del IVM.
En ese proyecto, Muñoz también planteó migrar al IVM e incrementar las contribuciones solidarias que pagan las pensiones de lujo.
La diputada León señaló que una de las razones por las cuales no se avanza es porque los distintos grupos defienden "su metro cuadrado" y no están dispuestos a ceder.
También responsabilizó al Gobierno. "Si hay alguien que debería estar preocupado por enderezar los regímenes de pensiones es el Ejecutivo, pero no lo vemos. No ha presentado un solo proyecto de ley, salvo uno del diputado Víctor Morales, del Gobierno, el resto es de la oposición, cuando uno esperaría que suceda todo lo contrario".
La liberacionista puntualizó que la Asamblea Legislativa ha hecho sus aportes en proyectos para unificar las edades de retiro y los aportes del Estado, así como para mejorar las contribuciones solidarias. Sin embargo, a la fecha ninguna de las iniciativas de ley ha sido aprobada.
La periodista Pilar Cisneros sostuvo que en Costa Rica las pensiones de lujo no se han derogado por "hipócritas, por mentirosos, por oportunistas y por defender privilegios de las castas".



