Policía reclutó a compañeros para cooperar con banda que robó ¢1.122 millones
Ministerio Público pretende juicio contra los oficiales y otros 25 integrantes del grupo
(CRHoy.com) Una oficial de la Fuerza Pública reclutó a otros cuatro compañeros para que cooperaran con una banda que llegó a robar hasta ¢1.122 millones.
Se trata de una policía de apellidos Delgado Vargas, a quien la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial le atribuye presuntamente haber mantenido comunicación con los integrantes de la organización criminal y haber colaborado de forma activa en el acercamiento con otros agentes.
La acusación leída durante la audiencia preliminar -en la que se decidirá si el caso avanza o no a juicio- que se desarrolló entre el 29 de agosto y 1° de setiembre, le achaca a la uniformada el haber atraído a otros oficiales de apellidos Vindel Cantillo, Vega Espinoza, Rivas Esquivel y Beita Jiménez, detalló la oficina de prensa del Ministerio Público ante una consulta de CRHoy.com.
A esos cuatro oficiales se les señala por -aparentemente- omitir sus labores con el objetivo de favorecer la operación del grupo. Al último se le apunta por supuestamente colaborar con la estructura delincuencial en golpes efectuados en el centro de San José, mediante el incumplimiento de funciones.
La banda era liderada por dos hombres de apellidos Mora Abarca y Cordero Hernández.
Esta además era conformada por otras 22 personas de apellidos Solís Morales, Saborío Marín, Obando Badilla, Pérez Leitón, Blanco Hernández, Lamugue Pérez, Pacheco Peralta, Ruiz Avendaño, Dinarte Valle, Díaz, Mora Elizondo, Porras Vargas, Gutiérrez Álvarez, Carrión Cordero, Almengor Cantillo, Marín Mora, Hernández Delgado, Elizondo Barrantes, Campos Solís, Espinoza Sandí, Torres Cano, Araya Rodríguez.
A ellos debía sumarse otro sujeto de apellidos Araya Quesada, sin embargo, este murió y, consecuentemente, lo procedente es que en su favor se dicte un sobreseimiento definitivo por extinción de la acción penal (dado el fallecimiento).
Múltiples atracos
El Ministerio Público se limitó detallar que a los miembros de la banda se les acusa de presuntos robos y hurtos agravados, asociación ilícita, cohecho y uso de documento falso, vinculados con al menos 39 hechos ocurridos entre julio de 2018 y noviembre de 2020.
Los primeros dos ilícitos están contenidos en los artículos 209 y 213 del Código Penal, que establecen sanciones de entre 1 y 15 años de prisión.
En cambio, la asociación ilícita está prevista en el numeral 281, que lo define como sociedad entre dos o más personas para la comisión de delitos. Esa misma norma prevé entre 1 y 6 años de cárcel por este ilícito, aunque prevé hasta 10 años de cárcel si la asociación se relaciona con un acto de terrorismo o secuestro extorsivo.
La legislación en cuestión define en su ordinal 347 el cohecho como la recepción de dádivas o ventajas indebidas por parte de funcionarios públicos, para lo que dispone de un castigo de entre 1 y 5 años de prisión.
El uso de documento falso, en cambio, está señalado en el artículo 372 y se castiga con entre 1 y 6 años de cárcel.
Según la investigación, los atracos ocurrieron en joyerías, farmacias, supermercados y tiendas, entre otros tipos de locales. El órgano acusador llegó a contabilizar 39 atracos, la mayoría de estos en el Gran Área Metropolitana (GAM), aunque también se registran otros eventos en Puntarenas y Atenas.
Los golpes propinados por esta organización criminal se estimaron en ¢934 millones y $281.500 (unos ¢189 millones al tipo de cambio actual).
Entre el 29 de agosto y 1° de setiembre, el Ministerio Público dio a conocer su acusación en la audiencia preliminar correspondiente al expediente 18-019772-0042-PE. En esa vista, la Fiscalía solicitó al Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, que tiene su sede en Goicoechea, que se ordene un debate oral y público en contra de los 30 sospechosos.
Al final de la audiencia, el órgano jurisdiccional informó a las partes que resolverá la petición por escrito, sin que hasta el cierre de esta publicación se le haya comunicado -por lo menos al Ministerio Público- su decisión, según indicó a este medio su departamento de comunicaciones.
Entre tanto, 24 de los encartados descuentan medidas cautelares: 12 de ellos permanecen en prisión preventiva, 10 en arresto domiciliario con monitoreo electrónico y 2 más deben firmar una vez al mes en una sede judicial y mantienen impedimento de salida del territorio nacional. El 6 de setiembre pasado, este medio reveló que la misma instancia por cuatro meses las medidas cautelares antes precisadas, a la espera de que se llevara a cabo la vista antes mencionada.