Poder Judicial debió recurrir a cooperación internacional para adelantar testimonios de víctimas de abuso
El Poder Judicial tuvo que recurrir a la cooperación internacional con España para implementar el anticipo jurisdiccional de prueba, un mecanismo que permite que víctimas de abuso sexual y violación declaren una sola vez durante el proceso penal, evitándoles revivir el trauma.
En agosto del 2024 la Asamblea Legislativa aprobó convertir este proceso en obligatorio mediante una reforma al Código Penal. Sin embargo, la falta de recursos ha imposibilitado que se aplique, por eso fue necesario buscar apoyo de otros países.
La magistrada Roxana Chacón dijo que buscan implementar este mecanismo en todos los juzgados para hacer más efectivos los juicios.
Entre esas necesidades está la implementación de las cámaras Gesell, una habitación acondicionada que permite observar y entrevistar a personas en un entorno controlado, sin que estas se sientan observadas.
Se compone de dos ambientes separados por un vidrio unidireccional (espejo falso), que permite ver desde un lado, pero solo muestra un reflejo desde el otro: una sala de entrevista cómoda y privada donde se encuentra la persona entrevistada (usualmente un niño o una mujer víctima), junto a un psicólogo especializado.
También cuenta con una sala de observación: un área oculta equipada con sistemas de audio y video, donde jueces, fiscales, abogados o investigadores siguen la sesión en tiempo real. Al realizar una "entrevista única" grabada, se evita que la persona deba repetir su relato traumático varias veces durante el proceso legal.
Gran necesidad
Además de las cámaras Gesell, la magistrada Chacón explicó que existen otros requerimientos para aplicar el anticipo de prueba, como las conexiones de audio y video, así como la transcripción de las declaraciones, lo cual requiere equipos modernos y especializados.
Estos compartimentos privados han sido diseñados para que las víctimas ingresen junto con trabajadoras sociales, psicólogas y personal de la Fiscalía, y puedan relatar los hechos sin tener que ver a los jueces o incluso a los sospechosos que estén en la misma sala. Por ello, los juzgados requieren adecuar su infraestructura.
"No siempre es fácil que una persona impactada por un delito sexual haga un relato de cómo sucedieron los hechos y no siempre es fácil que un niño o una niña pueda describir con claridad qué fue lo que le pasó.
Tenemos que trabajar psicológicamente para prepararlo, pero cuando ya él esté listo para declarar, necesitamos tener esas cámaras con todas las partes involucradas para que rindan su declaración y tener certeza de lo que ocurrió.
Esa es una prueba importante, porque en el calor del evento tan traumático como puede ser una violación, la persona recuerda más rápidamente lo que ha vivido, cómo era la persona que la violó, en qué lugar estaba, cómo ocurrieron los hechos, a qué hora sucedió. Por eso es que anticipo de prueba jurisdiccional es fundamental", añadió la alta jueza.
Para la magistrada, esta herramienta permitiría evitar la impunidad y reducir los tiempos que deben esperar las víctimas para obtener justicia, ya que facilitaría la recopilación temprana de pruebas dentro del expediente penal para llevar los casos a juicio.
Costa Rica registra más de 32.000 agresiones sexuales anuales reportadas, cuyas víctimas son niñas, niños y hombres, aunque principalmente mujeres, según datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres.
Por ejemplo, durante 2022, se registraron 6.868 mujeres víctimas de delitos sexuales, lo que representa un 87 % del total. Por otro lado, el 94 % de los agresores fueron hombres, casi 6.000 sospechosos. La comparación entre denuncias y resoluciones es significativa: en 2022 se abrieron 9.902 causas, frente a poco más de 2.000 casos resueltos.
La cantidad de sospechosos absueltos supera a la de los condenados. Al menos esa fue la tendencia en el año de referencia: de 2.044 resoluciones de los tribunales, solo 963 víctimas obtuvieron justicia.