Población indígena molesta tras conocerse estas pruebas del asesinato de Sergio Rojas

(CRHoy.com). -Representantes de la población indígena costarricense reaccionan molestos por el trato que la Fiscalía le da a la investigación del homicidio del líder Sergio Rojas.

CRHoy.com reveló que, según un informe policial del Organismo de Investigación Policial (OIJ), este asesinato está relacionado a la lucha de Rojas por recuperar las tierras invadidas por personas no indígenas, en fincas protegidas por ley.

El mismo informe decía que se identificaron 2 sospechosos costarricenses como autores intelectuales y otros 2 nicaragüenses como autores materiales.

Además, el OIJ le indicó a la Fiscalía en ese informe que en apariencia a Rojas lo asesinaron pues iba a interponer una denuncia en la vía judicial, relacionada al mismo conflicto de tierras. 

Incluso, los investigadores del OIJ lograron identificar mensajes de texto enviados por los supuestos autores intelectuales del asesinato de Rojas, en el que se indicaba que era posible que el día que ocurrió el asesinato lo "cazaran".

"Ahí es posible que alguien visite a un jefe de los indios… si lo logran cazar deben estar muy atentos a un posible operativo x todo Salitre" (18 de marzo del 2019 a las 8_01:41 p.m.).

Pese a tener estos datos policiales y otras pruebas como mensajes de texto de los sospechosos en los que se hace relación al asesinato de Rojas la Fiscalía General de la República solicitó que se desestimara el caso y se archivara pues no era posible señalar culpables. Esta solicitud hizo que reaccionaran hasta organismos internacionales, que piden que el caso no quede en la impunidad.

"Estoy impresionada de ver todo el resultado de la investigación que había como para que un fiscal estuviera pidiendo una desestimación", dijo Elides Rivera, líder indígena del Territorio Térraba, al sur del país.

"Los elementos probatorios indican por donde va el asunto, que hay relación con las tierras y es hora de que la fiscalía actúe de acuerdo con los elementos probatorios", señaló Gustavo Oreamuno, vocero de la organización Coordinadora Lucha Sur – Sur.

En diciembre anterior el Juzgado de Buenos Aires rechazó la solicitud de desestimación que hizo el Ministerio Público y le pidió ampliar sobre 2 puntos particulares, que se desconocen por confidencialidad.

El Ministerio Público confirmó a CRHoy.com que han llegado más pruebas desde que pidió la desestimación y que ahora serán integradas al informe policial, solicitud que ya se le hizo al OIJ.

"Siempre se pueden dar estos actos de desestimar, de deslegitimar la investigación pero no por falta de pruebas, sino por una cuestión de racismo y de xenofobia a los pueblos indígenas, y hacer creer que los pueblos indígenas mentimos", señaló Rivera.

Defensoría pide "redoblar acciones de investigación"

También reaccionó la Defensoría de los Habitantes luego de que CRHoy.com revelara detalles del informe policial que estuvo en manos del Ministerio Público.

"La decisión del juzgado (…) debe conducir a redoblar las acciones de investigación, agotando todos los recursos posibles, a efectos de que se determinen las personas responsables de su asesinato y su muerte no quede impune", indicó la defensoría a este medio.

La defensoría indicó que desde hace varios años ha insistido sobre la escalada de violencia, amenazas y agresiones contra personas indígenas, mientras buscan recuperar las tierras que los gobiernos de turno han sido incapaces de devolverles.

Con los resultados de esta investigación que se tienen hasta ahora la población indígena dice que Costa Rica se convierte en un tenebroso escenario, donde en medio de su lucha los pueden matar sin que haya responsables.

Mientras tanto, el Gobierno de Carlos Alvarado tampoco resolverá el problema de raíz y heredará el problema, como ha ocurrido desde finales de la década de los años 70. 

En febrero del 2020 la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) aplazó por 3 años más (hasta el 2026) la ejecución total del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (Plan RTI).

A través de este proyecto se pretende indemnizar a las personas no indígenas que han ocupado las tierras de forma ilegal y devolver las tierras a la comunidad indígena, como establece la ley desde 1977.

A través de este plan también se identificarían y abrirían procesos judiciales contra las personas que intercambiaron tierras protegidas por ley.

"Esa impunidad ha envalentonado a estas personas violentas, porque al ver que no pasa nada cuando ellos realizan los actos violentos creen que lo pueden seguir haciendo", señaló Oreamuno.

El Ministerio Público dijo a este medio que ya solicitó una ampliación del informe policial al OIJ. No hay un plazo establecido para que se vuelva a enviar el caso al Juzgado, que definirá de nuevo el futuro de la investigación.