PLN propone que altos funcionarios no puedan usar la inmunidad ante delitos sexuales
El Partido Liberación Nacional (PLN) presentó un proyecto de reforma constitucional para excluir los delitos sexuales de la inmunidad que protege a los miembros de los Supremos Poderes.
La iniciativa pretende reformar los artículos 110, 121 inciso 9), 143 y 151 de la Constitución Política.
El objetivo es que las denuncias por abuso sexual, acoso sexual u otros delitos de naturaleza sexual puedan ser investigadas y juzgadas sin que previamente la Asamblea Legislativa tenga que autorizar la formación de causa penal.
Actualmente, el fuero constitucional establece que, en determinados casos, el Congreso debe admitir una acusación y decidir, mediante una votación de dos terceras partes del total de diputados, si existe lugar a formación de causa.
La propuesta sostiene que esa protección fue concebida para evitar persecuciones políticas que obstaculicen el ejercicio de las funciones públicas, pero que no debe convertirse en un escudo personal frente a delitos que no tienen relación con el cargo.
"La comisión de un delito sexual no es un acto de gobierno, una decisión legislativa, una sentencia judicial, ni una función de fiscalización o control político", señala el proyecto.
La reforma alcanzaría a diputados, presidente, vicepresidentes y ministros, entre otros funcionarios sometidos al fuero constitucional.
El texto aclara que eliminar este requisito no significaría presumir culpabilidad ni imponer una sanción al funcionario. La persona investigada mantendría todas las garantías del debido proceso, incluido el derecho a defensa, a controvertir las pruebas y a recurrir las resoluciones.
Los proponentes justifican la reforma con datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial.
Según el proyecto, durante 2024 los delitos de abuso sexual contra personas menores de edad y violación sumaron más de 9.000 denuncias.
Además, se registraron 15.562 mujeres ofendidas por delitos de naturaleza sexual, equivalentes al 87% del total de personas ofendidas por estos ilícitos.
El proyecto argumenta que estos delitos requieren una respuesta pronta y que el fuero puede convertirse en un obstáculo adicional para las víctimas, particularmente cuando existen relaciones de poder.
La iniciativa también menciona un caso ocurrido durante la legislatura 2022-2026, cuando un exdiputado fue acusado de hostigamiento sexual contra una subalterna.
Los legisladores sostienen que la reforma no pretende eliminar la inmunidad, sino establecer una excepción para los delitos sexuales.
"La reforma no busca eliminar el fuero", señala el documento. "Lo que verdaderamente propone es una estricta excepción respecto a delitos sexuales".
