PLN espera reunir 38 votos para resellar ley sobre penas judiciales que Chaves planea vetar
La fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN) espera reunir los 38 votos necesarios para resellar la Ley de Ejecución de la Pena, en caso de que el presidente Rodrigo Chaves Robles la vete tal cual prometió.
Chaves se declaró en contra de la legislación, a la cual calificó como "nefasta" y "mamotreto".
La iniciativa se aprobó el 19 de febrero en segundo debate con 33 votos en la Asamblea Legislativa. El Directorio la remitió a Presidencia de la República de Costa Rica el 25 de febrero, fecha desde la cual el Ejecutivo dispone de 10 días hábiles para vetarla y devolverla con observaciones; es decir, tiene plazo hasta el 10 de marzo. Si no lo hace, deberá suscribirla y publicarla.
Subjefa del PLN defiende ley
Ante este escenario, la subjefa de fracción del PLN, Alejandra Larios, indicó a CR Hoy que analizarán el eventual veto y gestionarán los apoyos requeridos para un posible resello.
"Desde hace más de 50 años Costa Rica debía contar con una Ley de Ejecución de la Pena; eso lo logramos en esta Asamblea Legislativa. Debo decir que se trabajó durante más de dos años con objetividad y responsabilidad, en una mesa en la que estuvimos representados los tres Poderes de la República", afirmó Alejandra Larios.
Larios aseguró que el texto final incorpora observaciones del propio Ejecutivo, pese a su oposición pública. Señaló que actualmente no existe seguridad jurídica en la ejecución de las sanciones a personas privadas de libertad, ya que el proceso se regula mediante circulares, cuyas condiciones pueden variar.
"Las reglas ahora estarán claras para todas las personas involucradas en el proceso penal. No es cierto que esta ley trate sobre la administración de centros penitenciarios, ni sobre beneficios carcelarios, ni sobre flexibilización de medidas", agregó la subjefa del PLN.
Sobre un eventual veto, indicó:
"Esperaría que venga con argumentos técnicos, porque hasta ahora lo dicho públicamente es contrario al contenido del proyecto. Cuando llegue a la Asamblea Legislativa, lo estudiaremos con responsabilidad y cuidaremos cada detalle".
Añadió que, si los argumentos no son técnicos, confía en contar con los 38 votos necesarios para resellar el veto presidencial.
Eventuales respaldos para resello
El 19 de febrero, 33 diputados votaron a favor y 6 en contra en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Se opusieron cinco oficialistas, incluida Pilar Cisneros, y Carolina Delgado del PLN.
De forma preliminar, se proyectarían 17 apoyos del PLN (excepto Delgado), 8 del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), 6 del Frente Amplio, 2 del Liberal Progresista (PLP), 6 de Nueva República, 7 diputaciones independientes (Gloria Navas, Cynthia Córdoba, Johana Obando, Kattia Cambronero, Luis Diego Vargas, Gilbert Jiménez y María Marta Padilla) y Luz Mary Alpízar del PPSD; lo cual representaría 47 respaldos, en el caso que el día de la votación se presenten todos los legisladores.
En contra se mantendrían los ocho oficialistas, Carolina Delgado y Leslye Bojorges, quien votó negativamente en primer debate y estuvo ausente en el segundo.
El jefe de fracción del PUSC, Alejandro Pacheco, indicó que aún analizan su posición, mientras que Priscilla Vindas, del Frente Amplio, calificó la iniciativa como urgente para el país.
Cómo funciona un veto presidencial
Un veto, ya sea parcial o total, consiste en un recurso ejercido por la Presidencia de la República cuando no está de acuerdo con la firma y publicación de una ley aprobada en segundo debate por el Congreso. Para ese caso, aplica el veto y devuelve la iniciativa a los diputados con observaciones.
En Costa Rica, el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 10 días hábiles para vetar una ley, contados a partir de su recepción formal.
Una vez aprobado el proyecto en la Asamblea Legislativa, se envía al Poder Ejecutivo. Si dentro de ese plazo no se ejerce el veto ni se sanciona expresamente, la ley se debe firmar y publicarse.
El veto puede ser:
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Total (rechaza todo el proyecto).
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Parcial (objeta artículos específicos).
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Por razones de inconstitucionalidad o de oportunidad/conveniencia.
Con esto, el Ejecutivo aún cuenta con el plazo para vetar la ley y devolverla al Congreso. Una vez notificado el directorio legislativo puede someter el texto a una dispensa de lectura ante el Plenario Legislativo, que requiere de mayoría simple, para así remitir el texto en cuestión a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y que los diputados evalúen las observaciones.