Plan sobre crimen organizado producirá “efectos indeseables”, advierte instituto de UCR

(CRHoy.com) La aprobación del proyecto de ley "urgente" que propone reformar varias normas sobre crimen organizado producirá "efectos indeseables", a criterio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (IIJ–UCR).

El ente se pronunció en relación con el expediente legislativo 23.090 -respaldado por la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público– a partir de una consulta planteada por la diputada Alejandra Larios Trejos. El documento, del que CRHoy.com tiene copia, fue emitido el 25 de abril de 2023.

La congresista del Partido Liberación Nacional (PLN) solicitó se le aclarara si esa iniciativa se contraponía con otra (la 23.208), sus implicaciones y si el artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada (8.754) se encuentra vigente.

Sobre el último punto, el criterio parte de la derogatoria de la norma en cuestión, producto de un atraso de 16 días en la publicación de otra ley que pretendía postergar su entrada en vigencia.

Más a detalle se tiene que la Asamblea Legislativa modificó la legislación antes dicha con la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (9.481), al eliminar la facultad de que los juzgados penales ordinarios conocieran tales asuntos.

La entrada en vigor de esa reforma estaba prevista para comenzar 12 meses después de su publicación, es decir, a partir del 14 de octubre de 2018. No obstante, tal plazo fue modificado a través de la ley 9.591 para iniciar 24 meses después de su publicación; o sea, a partir del 14 de octubre de 2019.

Posteriormente, se aprobó, mediante la ley 9.769, una segunda prórroga con el objetivo de que dicha reforma entrara en vigor 18 meses después de que se otorgara el presupuesto necesario para la implementación de los nuevos tribunales, conforme a los estudios técnicos del Poder Judicial.

El decreto legislativo fue publicado el 30 de octubre de 2019, cuando la ley 9.481 en apariencia entró vigor, lo que presuntamente la hizo efectiva el 14 de octubre de 2019 y, por tanto, derogó los artículos que daban competencia a los órganos jurisdiccionales ordinarios en materia delincuencia organizada.

Con esta situación clara, mediante un estudio del proyecto 23.090, el miembro del Consejo Científico del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Alfredo Chirino Sánchez, determinó que la iniciativa lo que busca es unificar reglas sobre crimen organizado con las normas existentes en las causas de tramitación compleja, con el fin de que los primeros tipos de pesquisas incorporen un aumento de plazos de tramitación y de impugnación, cuando antes solo se contemplaban duplicaciones para la fase preparatoria.

No obstante, el exdecano de la Facultad de Derecho, agregó que también se introduce "una cuestionable ampliación de ‘procedimientos de crimen organizado'" tanto en los tribunales ordinarios como en los especializados, que resulta en un "sin sentido", ya que no contempla criterios diferencias para decidir en cada caso cuando una causa debe tramitarse en una vía o la otra.

"Sin embargo, el mayor problema de este proyecto es la remisión a disposiciones previas, parcialmente reformadas o trastocadas por la sucesión de leyes que antes se ha descrito, con efectos altamente indeseables en materias tan sensibles como prisión preventiva, jurisdicción y competencia, así como para decidir, caso por caso, a quién corresponde, en definitiva el conocimiento de causas de crimen organizado.

"La aprobación de este proyecto produciría efectos indeseables en la administración de justicia penal, se prestaría a interpretaciones sumamente contradictorias que encontrarían fundamento en normas igualmente contradictorias, y provocaría un escaso favor a la necesidad sentida de claridad en una materia tan sensible para la atención de los problemas de seguridad pública en el país".

En sentido contrario se manifestó el jurista al valorar el expediente 23.208, presentado por la parlamentaria Carolina Delgado Ramírez; misma que el 20 de marzo de 2023 recibió dictamen negativo de parte de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea.

"La iniciativa, correctamente, analiza la situación de la sucesión de leyes penales que analizamos en el punto primero, y hace además la acotación que la vigencia de la ley 9.481 fue de 17 días en las que se aplicó la ley 9481, derogando los artículos de la ley 8.754 que la ley 9.769 nunca restituyó, lo que resulta plenamente plausible.

"Así las cosas, debe el legislador aprobar este proyecto conocido bajo el expediente 23.08, pero con la acotación que regirá hacia futuro, no pudiendo aplicarse retroactivamente, pues la naturaleza del artículo 2 que está incorporando es de ley procesal, y en tal carácter está destinado a regir hacia el futuro", dice el dictamen.

Como conclusión, Chirino Sánchez puntualizó que "hará bien" al Congreso reconocer su error en el trámite de las prórrogas a la Ley contra la Delincuencia Organizado y establecer, en adelante, una normativa que contemple la vigencia de esta legislación; erradicando cualquier duda de cuándo rige tal normativa.

"El reconocimiento del error implicará, a no dudarlo, tratar de unificar en un solo cuerpo de normas, todas las disposiciones de crimen organizado y su jurisdicción, y decidir que estas normas tengan validez hacia futuro", señala el documento en poder de este medio.

Apenas el 6 de mayo de 2023, los abogados Rubén Hernández Valle y Fabián Volio Echeverría -ante consultas separadas de este medio- calificaron de inconstitucional el plan 23.090, por considerar que pretende revivir retroactivamente los ordinales 2, 3, 6 -excepto el inciso D-, 7 y 9 de la Ley contra la Delincuencia Organizada (8.754), en abierta violación al numeral 34 de la Constitución Política.

Sus criterios contrastan con el de un tercer entrevistado, el jurista Marvin Carvajal Pérez, quien destacó como "sana" la propuesta en cuestión.

El proyecto de ley cuestionado avanza en una "vía rápida" por la corriente legislativa, pero desde el 15 de mayo de 2023 se somete al proceso de "quema" de 186 mociones. El Parlamento corre para que esta iniciativa sea aprobada antes del 7 de junio de 2023, luego de que el fiscal general Carlo Díaz Sánchez advirtiera que, de lo contrario, al menos 10 cabecillas de estructuras criminales quedarán libres al vencerse los plazos de prisión preventiva.