Plan Jaguar del PLN no figura entre las prioridades del Poder Ejecutivo
El proyecto de ley que pretende dejar fuera del ámbito de control de la Ley General de Contratación Pública (LGCP) y de los mecanismos de fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR) los contratos del país con otros Estados y organismos internacionales quedó en el limbo.
La propuesta de ley, presentada por el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo Sandí, y que se asemeja en su intención al Plan Jaguar del Poder Ejecutivo, no figura entre las prioridades del Gobierno en el Congreso durante el actual período de sesiones extraordinarias. En este período legislativo —que se extiende del 1.º de mayo al 31 de julio— es la Casa Presidencial la que define los proyectos que discuten los diputados.
En la convocatoria con los primeros 91 proyectos priorizados por el Poder Ejecutivo no figura esta propuesta de ley, bajo el expediente 24.215.
CRHoy consultó a la Presidencia de la República sobre la posición del Poder Ejecutivo respecto a la iniciativa de Izquierdo y si valora su eventual convocatoria durante los próximos tres meses. La consulta sigue en trámite.
La semana pasada, diputados de las fracciones legislativas del Partido Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberal Progresista (PLP) y Frente Amplio (FA) presentaron una moción con una propuesta de texto sustitutivo al proyecto de ley.
Según los diputados, esta nueva versión busca atender las advertencias y recomendaciones de la CGR, con el objetivo de cerrar portillos que permitirían contrataciones directas y sin control.
La versión vigente del proyecto plantea excluir del ámbito de la LGCP las contrataciones que el país realice con otros Estados y organizaciones internacionales, mediante la adición de los incisos k) y l) al artículo 3 de dicha ley.
La propuesta de texto sustitutivo plantea excluir de la aplicación de la LGCP "los convenios de cooperación, acuerdos y acuerdos de costo compartido, celebrados con otros Estados, organizaciones internacionales o sujetos de Derecho Internacional Público, cuando el aporte de dichos entes represente al menos un cincuenta por ciento (50 %) del valor de lo convenido y siempre que el objeto no incluya la gestión, la asesoría, el diseño o la construcción de obra pública".
La moción añade que estos instrumentos deberán ser aprobados por la CGR y que, para aplicar la excepción prevista en el párrafo anterior, será necesario acreditar el interés público y la ventaja comparativa de la decisión. Esta deberá considerar la razonabilidad del precio y del costo.
Se establece que el convenio o acuerdo suscrito deberá garantizar "el pleno acceso a toda la información de las diferentes etapas de la contratación sobre el uso de los fondos públicos, en cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, cooperación y colaboración interadministrativa, transparencia y buen uso de los fondos públicos".
Además, se señala que la CGR fiscalizará a la entidad contratante costarricense, la cual deberá garantizar igualmente el acceso a la información en todas las etapas del proceso de contratación y ejecución del objeto contratado con el sujeto de Derecho Internacional. Para ello, deberá tramitar el expediente a través del Sistema Unificado de Compras Públicas (SICOP).
El plan podrá continuar con su trámite una vez que sea convocado por el Gobierno. De lo contrario, deberán esperar hasta agosto cuando los congresistas retoman el control de su agenda.