Plan de ciberseguridad invade independencia del Poder Judicial, según magistrados
Corte critica que se le ordene ceder 1,5% de su presupuesto a nueva agencia gubernamental
(CRHoy.com) El proyecto de Ley de Ciberseguridad constituye una "invasión a la independencia del Poder Judicial", coincidieron la mañana de este lunes los magistrados al acoger un informe sobre la iniciativa solicitado por la Asamblea Legislativa.
Dicho reporte fue preparado por la alta jueza de la Sala Primera, Damaris Vargas Vásquez, y concluye que la propuesta tramitada en la corriente parlamentaria bajo el expediente 23.292 incide en la organización y el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia.
"El proyecto es preocupante en la medida en que este pretende realizar una invasión, diría yo, a la independencia del Poder Judicial. No solo a nivel de que debamos someternos a direcciones sectoriales extra Poder Judicial con el compromiso serio de recursos humanos y materiales, temas de la información que manejamos, sino que me parece muy grave que se pretenda afectar nuestro presupuesto, desviando su utilización a fines para los que no están previstos constitucionalmente", manifestó al respecto el presidente de la Corte, Orlando Aguirre Gómez.
"Por eso, expreso mi disconformidad, no con el objetivo del proyecto, sino con los alcances que tiene para el Poder Judicial porque efectivamente comprometen la organización y el funcionamiento de este poder de la República", agregó.
En el mismo sentido se pronunciaron los magistrados Sandra Zúñiga Morales, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Jesús Ramírez Quirós, Patricia Solano Castro y Roxana Chacón Artavia, antes y después de que Aguirre Gómez hiciera uso de la palabra.
Tanto el informe como los altos jueces expusieron su preocupación en relación con la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANC) adscrita al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), a la que la Corte tendría que doblegarse.
A ello abonaron que la ley -en su artículo 5- ordena al Poder Judicial a redireccionar un 1,5% de su presupuesto para financiar al nuevo órgano.
De igual manera, criticaron el rol impuesto a la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como miembro de un Consejo Asesor de Ciberseguridad, en el que se prevén ocho sillas de apoyo a la cabeza de la agencia a crear. Lo anterior en el tanto que la Ley Orgánica de la Policía Judicial no establece ese tipo de funciones.
El proyecto de ley en cuestión fue presentado el 22 de agosto anterior por los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), Kattia Rivera Soto, José Joaquín Hernández Rojas, Luis Fernando Mendoza Jiménez y Pedro Rojas Guzmán, así como Jorge Antonio Rojas López, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).