PIN efectuó pagos sin facturas y alquileres sin permisos durante campaña electoral
Hubo hasta siete cajas chicas abiertas, confirma Tesorero
El Partido Integración Nacional (PIN) por el cual compitió como candidato a la Presidencia en las pasadas elecciones el abogado Juan Diego Castro incurrió en una serie de "errores" e irregularidades con los gastos de la campaña electoral 2017-2018.
La información consta en una carta que adjunta el contador público Ronald Herrera como parte de la certificación de gastos que envió la agrupación al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). El Partido tuvo que renunciar a un monto no determinado por concepto de deuda política, pues los recursos en donde se detectaron anomalías no podrán ser sujetos del cobro de recursos por parte del Estado.
Dentro de lo que sí pudo justificar, el partido reclama lo equivalente a ₡1.312 millones, gracias a los resultados obtenidos y al derecho que obtuvieron de llevar a cuatro diputados a la Asamblea Legislativa, entre ellos el fundador del Partido Walter Muñoz.
Dentro de los yerros se encuentran desembolsos efectuados sin facturas o documentación que soporte los pagos, contratos de arrendamiento que no cumplen con los requisitos mínimos para ser considerados como gastos redimibles de deuda política, pago de servicios públicos no documentados en los contratos, gastos de viáticos mayores a los permitidos y comprobantes que no se emitieron a nombre del Partido.
"Si bien es cierto, el propósito no fue hacer un estudio específico sobre el control interno sobre la operación del Partido, sí incluye pruebas para poder determinar la existencia o no de errores y/0 irregularidades de importancia relativa, en las transacciones y registros contables en las áreas objeto de auditoría", señala el documento.
Desembolsos sin facturas
El contador señaló que se identificaron varios casos de desembolsos realizados por el partido que no contaban con documentación de soporte.
Un ejemplo es lo relacionado especialmente con gastos de combustible y alimentación para el día de las elecciones, gastos contra los cuales no hay facturas.
Otro de los errores relacionados tiene que ver con casos en donde las facturas o comprobantes de pago no estaban emitidos a nombre del partido, por lo tanto tampoco son susceptibles de deducirlos de la deuda política.
Por toda la campaña, el PIN pretende que el Estado le devuelva ₡25,6 millones por compra de combustibles y lubricantes.
Arrendamientos sin requisitos
Se identificaron varios contratos de arrendamientos de locales para la agrupación que no contaban con permisos, especialmente el que tiene que otorgar la Fuerza Pública por tratarse de sedes con fines políticos.
Esto provocó que en arrendamientos el PIN solo pudiera incluir en la liquidación arrendamientos por apenas ₡525 mil y otros ₡450 mil por instalación de clubes.
Esto por todo el periodo desde el 1 de octubre de 2017 al 21 de marzo de 2018.
Servicios públicos
En el caso de los servicios públicos, la mayoría de estos no estaban debidamente documentados en los contratos.
La normativa indica que deben incluirse el número de medidor, la localización, el número telefónico y toda la información del local arrendado. Nada de esto estaba presente.
Producto de ello, los gastos que el partido sí pidió devolución de recursos al Tribunal ascienden apenas a ₡195 mil por luz agua y teléfono.
Abuso con viáticos
Hubo varios casos en donde el cobro de viáticos que realizaban las personas autorizadas superaba en mucho las tarifas autorizadas por la Contraloría General de la República.
El Partido por ello sólo cobró al TSE ₡628 mil por este concepto.
Consultado sobre el tema, el tesorero de la agrupación, Carlos Alvarado confirmó que en gran medida parte del problema fue que se abrieron diversas cajas chicas a las cuales tenían acceso diversas autoridades, tanto del partido en su Comité Ejecutivo, como del comando de campaña.
La agrupación terminó el proceso electoral completamente dividido, con el excandidato Juan Diego Castro por un lado anunciando la creación de un nuevo movimiento político y Walter Muñoz nuevamente electo como diputado. El cisma también tocó a la fracción legislativa, en donde de los cuatro electos solo tres siguieron en el PIN.
Alvarado declinó dar nombres específicos de quiénes manejaban las cajas chicas, pero sí confirmó que él tuvo que servir de "enlace" entre ambos bandos. De los dos lados se manejaban recursos y se habrían dado los incumplimientos.
Alvarado confirmó que todos esos gastos con irregularidades se sacaron de la liquidación presentada al TSE,
Dentro de los gastos que sí solicitaron se encuentran ₡290 millones por concepto de publicidad pagada en televisión, de un total de 518 millones gastados en propaganda.
También destacan 203 millones por el pago de descuentos sobre bonos. La agrupación contó en campaña con la atípica colaboración del empresario autobusero Raymon Salim Simaan Khachab, quien mediante la compra de bonos habría inyectado al partido alrededor de ₡1.062 millones.
Un oficio del 14 de marzo enviado por el TSE al empresario autobusero, reseña la existencia de al menos 35 certificados serie A adquiridos por Simaan que suman ese monto, todos ellos entre el 3 de enero de 2018 y el 6 de febrero de 2018.
Ronald Chacón, jefe del Departamento de Finanzas de los Partidos Políticos, confirmó a CRHoy que de las indagaciones realizadas por concepto de este tipo de financiamiento al PIN, el TSE no encontró ninguna anomalía o contravensión al Código Electoral.