Piden valorar destitución de Director de Aresep condenado por falso testimonio
Asociación pidió a Regulador General que valore caso en una nota enviada
(CRHoy.com) La asociación de funcionarios de la Autoridad Reguladora y Superintendencia de Telecomunicaciones (ASAF) le pidió al Regulador General, Roberto Jiménez, que valore la destitución del Director de Operaciones, Gerardo Alvarado.
La solicitud se da, luego de que el funcionario fuera condenado a un año de prisión -sustituido por trabajo comunal- por el delito de falso testimonio ante la Sala Constitucional.
La solicitud fue planteada en una nota del pasado 23 de junio de 2021. En mayo pasado, CRHoy.com informó que la sentencia contra Alvarado ya había quedado en firme, por lo que el gremio elevó la petición ante el jerarca de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) .
"Para la asociación de funcionarios de la Aresep y Sutel, es preocupante que en el puesto actualmente ocupado por el señor Alvarado Blanco, este funja como superior de la Dirección de Recursos Humanos, que atiende temas por los cuales fue denunciado y condenado", señalaron en el oficio.
En el documento firmado por el Secretario General, Edgar Cubero, se señala que la Ley 8131 de Administración Financiera de la República establece en el artículo 124 un cese sin responsabilidad ante sentencia penal "por la comisión de delitos contra la buena fe en los negocios, los poderes públicos y el orden institucional y contra los deberes de la función pública".
Además, en la misiva agrega que el Código de Ética de Aresep establece como principio fundamental la honestidad y como deber ético de las jefaturas el "liderar con el ejemplo".
"Por lo anterior, en virtud de los más altos valores éticos que rigen la función pública la AFAS solicita valorar la destitución del señor Alvarado Blanco en el cargo que actualmente ocupa, de manera que se envíe una señal positiva a la opinión pública sobre la ética y principios morales que rigen en la Aresep", citó el documento .
La condena
Los hechos sucedieron en el año 2015, cuando Alvarado era gerente del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y se concretó el despido ilegal de una funcionaria de apellido Arguedas. Según la demanda, los jerarcas del IMAS despidieron a la funcionaria, aunque se les había advertido que el procedimiento era ilegal e injustificado.
Tras ser despedida, la mujer interpuso un recurso ante la Sala Constitucional y al ver los argumentos de las jefaturas del IMAS, ella decidió interponer una demanda penal por un supuesto falso testimonio.
Imagen ilustrativa.
En el año 2018, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial condenó a Alvarado a un año de prisión, así como al asesor jurídico de la entidad de apellido Vargas y a la Directora de la Red de Cuido en el 2015, de apellido Flores.
No obstante, la Sala de Casación Penal aceptó una apelación realizada por las últimas 2 personas: se anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio que se encuentra en desarrollo.
Eso sí, el proceso contra el actual director de operaciones de Aresep sí quedó en firme, según lo confirmó anteriormente Yashin Castrillo, abogado de la querellante.
"En este caso ya quedó en firme la sentencia y surte efectos jurídicos. Con las otras 2 personas, se declaró con un lugar el recurso de casación y se ordenó el reenvío de juicio", comentó en mayo pasado.
Por el despido ilegal e injustificado, el IMAS, tuvo que pagar una indemnización millonaria por el pago de salarios caídos, vacaciones y aguinaldo que no percibió entre el 27 de febrero y el 24 de setiembre del 2015.
En el proceso se indicó que el encargado de desarrollo humano de la entidad, de apellido Masís le advirtió por medio de un correo electrónico a los altos jerarcas del Imas que el cese de la funcionarias eran injustificado.
La advertencia iba dirigida hacia los 3 imputados en el proceso. No obstante, el criterio de Masís fue omitido y se ejecutó el despido.
Presidente figuraba en el expediente
Alvarado fue Presidente del IMAS en la administración pasada. (CRH)
En esta misma causa figuraba como imputado el Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, sin embargo, la exfiscal Berenice Smith, solicitó la desestimación en su contra.
En aquel entonces Carlos Alvarado era el presidente del Instituto Mixto de Ayuda Social y la Sala Tercera firmó la resolución el 2 de diciembre del 2016.
Los magistrados que acogieron la solicitud fueron Celso Gamboa (que fue despedido de su cargo), Jesús Alberto Ramírez, José Manuel Arroyo (actual garante de la ética del PAC), Carlos Chinchilla y Doris Arias (los 2 últimos se jubilaron en medio de cuestionamientos por el escándalo del Cementazo).
En noviembre del 2016, el Ministerio Público solicitó que se diera un sobreseimiento definitivo a la causa contra los 3 imputados que laboraban para el IMAS, pero el Juzgado Penal decidió abrir el juicio.
"Esta autoridad considera que contrario a la postura de la defensa y el Ministerio Público, la querella pública deber ser admitida en su totalidad, por resultar procedente y reunir los requisitos de interposición exigidos en el numeral 303 del Código de Rito", citaba la resolución de la apertura de juicio que concluyó con la sentencia.