Piden a Fiscalía investigar antecedentes de empresario al que Racsa adjudicó tobilleras
Diputado señala que previo a elección no hay verificación de antecedentes penales.
Tobilleras electrónicas. Foto con fines ilustrativos
El Ministerio Público tiene bajo investigación desde hace 4 meses una denuncia que presentaron 17 diputados sobre aparentes irregularidades en la adjudicación de contratos del Estado por medio de Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa).
Uno de los puntos cuestionados es el supuesto otorgamiento de la provisión de tobilleras para privados de libertad por parte del consorcio de origen brasileño llamada SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S.A. a solicitud del Ministerio de Justicia y Paz.
El documento entregado a la Fiscalía, Contraloría General de la República (CGR) y Procuraduría de la Ética Pública (PEP) incluye la petición de indagar sobre los antecedentes penales que tiene Igor Oliveira Roquim, representante legal de la adjudicataria, pues se aportaron documentos judiciales que señalan que en apariencia este brasileño habría tenido conflictos legales en su país natal.
La denuncia presentada por el diputado Francisco Nicolás y firmada por otros 16 diputados que se sumaron a la solicitud de la investigación, señala que es conveniente verificar si Oliveira fue condenado o no por el Tribunal de Justicia de Sao Paulo, Brasil.
Para eso se aportó un expediente judicial al Ministerio Público, que tiene el numeral 0115661-83.2007.8.26.0001 y al cual CRHoy.com tuvo acceso y que será sometido a estudio.
Los legisladores buscan conocer si el empresario tuvo algún inconveniente legal en su país previo a ganar las licitaciones.
Niega condena
Relación que la denuncia pide a la Fiscalía investigar por los contratos de las tobilleras. Foto tomada del documento presentado a la Fiscalía
En una primera llamada con Oliveira que se le hizo a finales del año pasado, negó tener algún tipo de antecedente y mucho menos haber sido condenado en su país.
Al insistirle sobre la existencia de un documento judicial al que tuvimos acceso, dijo que podría tratarse de un caso laboral que había enfrentado hace varios años.
"No tengo ninguna condena, no tengo absolutamente nada (…) no hay ninguna condena, no hay ningún proceso judicial en mi contra en Brasil, absolutamente ninguno.
Son hechos falsos que no tienen ninguna relevancia ni criterio legal, ya con sentencia, no hay ninguna demanda en mi contra en Brasil. No tenemos nada que esconder, los procesos en los que participamos en Costa Rica son públicos", dijo.
Al compartirle algunos de los documentos y notas periodístas publicadas en su país, insistió en que se trata de un caso laboral en la que demandó a una compañía, la cual lo contrademandó y finalmente dijo que él salió victorioso en el ese proceso.
Posteriormente aportó un certificado emitido por la Justicia de Brasil, para demostrar que no tiene ninguna pena ni investigación abierta en su país y por medio de su asesoría de comunicación informó que "tenemos claro que hay empresas oportunistas y con malas prácticas de competencia que tienen amplio interés en desacreditar una empresa que ha ganado licitaciones en Costa Rica y otros países, tanto en área de seguridad, como en otras actividades, refrendada, en el caso de Costa Rica por la Contraloría General de la República a pesar de apelaciones infundadas de terceros".
Comprobante aportado por Igor de Oliveira Roquim
Sobre los cuestionamientos al contrato que ganó en nuestro país señaló que todo se hizo legalmente tomando en cuenta los parámetros del Sistema Integrado de Compras (Sicop).
"Nosotros participamos de una licitación internacional, disputamos el contrato con otras seis empresas, ganamos por precio, cumplimos con todos los requisitos de ley incluso fue avalado por la propia Contraloría General de la República, o sea cumplimos con todo. Todo eso es público, ahí hay acceso al contrato y a todos los documentos que nosotros aportamos de acuerdo a la solicitud del Ministerio de Justicia y Paz", recalcó.
Para reforzar su posición dijo que a finales del año pasado lograron dejarse un contrato todavía más grande en Suramérica.
"Acabamos de ganar una licitación en Colombia para 6.600 tobilleras, la compañía tiene más 20 años de experiencia en Brasil, tenemás de 35.000 tobilleras aportadas en Brasil, o sea cuestionamientos hay de cualquier empresa, pero comprobar esos cuestionamientos es otra instancia. La misma compañía a la que nosotros le ganamos el contrato en Colombia es la misma que tenía la operación con la ESPH (en Costa Rica), si nosotros no tuviéramos la capacidad de cumplir, pero ganamos por precio y con todas las evidencias que la ley amerita", explicó.
Certificado emitido en Brasil
"Coctel de Racsa con uso de fondos públicos"
Para el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Francisco Nicolás, este caso evidencia la pésima gestión de Racsa a la hora de hacer negocios con empresas extranjeras.
El caso de las tobilleras compradas con Racsa a través del mecanismo de excepción, conlleva los tres factores más nefastos que puede haber en una compra pública, primero el aprovechamiento de la ley de mala forma para poder favorecer una empresa en particular, segundo el precio, adjudican en una licitación internacional a un precio y disque en emergencia, lo contratan hasta 3 dólares más caro por tobillera, por persona, por día y también el récord de estas personas que están en esa compañía que suplen a Racsa, es un récord muy nefasto y que preocupa mucho, son personas involucradas en situaciones comerciales incluso con acusaciones penales a nivel internacional.
Todo esto es un cóctel de los que hace RACSA sin importarle el uso fondos públicos y sin importarle el bienestar y la buena adquisición de un producto tan importante como es sobre todo en esta época con tanta violencia y para poder contener a las personas acusadas como lo son las tobilleras
A criterio del legislador existe una intencionalidad de Racsa de favorecer a esa compañía, pues el contrato de tobilleras electrónicas es, precisamente, uno de los que está bajo investigación preliminar en el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Procuraduría de la Ética Pública tras una denuncia firmada por diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa, quienes están cuestionando a Racsa por la legalidad de sus actuaciones en materia de contratación pública.
Respuesta de Racsa
Racsa como ente que intervino en el proceso de contratación de SGSV sostiene que la empresa cumplía con los requerimientos establecidos en el cartel, no obstante confirmaron que ellos no revisaron los antecedentes penales del representante legal de la compañía a la que estaban adjudicando el control del sistema de monitereo de reos.
"La relación con la empresa es con la personería jurídica, su representante legal puede cambiar en cualquier momento. Al momento de la adjudicación no existía impedimento alguno para la contratación.
(…) El ordenamiento jurídico no prevé la posibilidad de solicitar a otro país los antecedentes penales de un representante u oferente", explicaron.
Al cuestionar si a Oliveira le solicitaron algún certificado sobre sus antecedente o si lo hicieron directamente en su país de origen y otras naciones donde su empresa ha ganado otros contratos, insistieron en que el marco jurídico de Costa Rica no estipula esa posibilidad.
Contrato bajo investigación
Otro de los actos denunciados es el aparente pago de un sobreprecio de más de ¢808 millones que gestionó Radiográfica Costarricense (Racsa) para adjudicar las tobilleras a SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas.
Según una denuncia, Justicia promovió la licitación por Emergencia 2023XE-000001- 0006900001, con la cual supuestamente se estarían desembolsando más de ¢808 millones en sobrepagos, sobre lo establecido en el contrato original.
"(…) se le adjudicó a RACSA proveer las tobilleras por 1 año (venciendo el 29 de junio del 2024) en modalidad entrega según demanda, por un monto de $9,61 por uso de tobillera diaria por persona. RACSA contrató a la empresa SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas Sociedad Anónima, para suplir la tecnología del fabricante brasileño SYNERGIE", señala el documento bajo análisis de la Fiscalía.
Adjudicación de contrato de tobilleras
Ese montó se fijó, pese a que en la licitación Internacional 2022LI-00001-0006900001, el MJP tiene un contrato firmado desde el mes de abril 2023 con el Consorcio para el Monitoreo de Personas en Costa Rica, integrado por las empresas SGSV, RACSA y la propia SYNERGIE por un monto de $5,99 por uso de tobillera diaria, exponiendo así un sobreprecio de cada aparato de $3,62 diarios.
"Cabe preguntarse por qué se paga de más actualmente si tienen un contrato por un monto menor por día de uso de tobillera. El MJP ha venido pagando un sobreprecio injustificado de $3,62 /día tobillera, que asciende a una afectación de fondos públicos de aproximadamente $1.531.803,00. Desde abril 2023, el MJP estaba facultado para dar inicio a la licitación 2022LI-000001- 0006900001 por $5,99/Día por cada tobillera; sin embargo, el MJP ha continuado bajo el marco de ejecución contractual 2023XE-000001-0006900001 pagando $9,61 diarios por Tobillera, es decir, ha estado pagando un sobreprecio de $1,531,803 USD (más de ¢808 millones)", se lee en el documento enviado a la Fiscalía, al que tuvo acceso CRHoy.com.
La denuncia señala que los datos de SICOP del 01 de diciembre 2022 al 02 de noviembre 2023, demuestran que las adjudicaciones efectuadas a Racsa "sin concurso y adjudicadas a dedo, ascienden a millonarias sumas provenientes de fondos públicos", entre ellas, señalan a esta como una de las más cuestionadas.
Justicia indicó en su momento que "sobre la denuncia formulada, no tenemos acceso, por cuanto se trata de un proceso privado y tutelado por el numeral 295 del Código Procesal Penal; sobre las condiciones cartelarias y de adjudicación, nos apegamos al bloque de legalidad y los requerimientos técnicos se cumplieron, según normativa para estos efectos".
Datasys y Oracle
Oracle
Pero este no es el único contrato cuestionado en la denuncia presentada en la Fiscalía, pues también figura el ganado empresa Datasys, a la que se adjudicó el proyecto de 5G del gobierno, también con intermediación de ejecución a Racsa.
Racsa otorgó por un monto cercano a los $3 millones a la empresa Datasys, pese a que existían cuestionamientos contra la compañía en Guatemala por el manejo de un sistema de conteo de votos en la última elección presidencial.
Pese a que no existe acusación contra la empresa, la Fiscalía de Delitos Administrativos de Guatemala tiene bajo la lupa a 8 magistrados del Tribunal Electoral por el presunto manejo irregular que se le dio al sistema que aportó la compañía Datasys, encargado del sistema de conteo.
"(…) como al momento de la suscripción del contrato, que permitió la consignación de varias ilegalidades en claro abuso de autoridad, puesto que se permitió la no supervisión independiente del software, al consignar en el contrato que la misma entidad DATASYS, S.A; como proveedor recomendó a la entidad PODERNET, siendo el mismo proveedor quien designó a un supervisor, usurpando funciones públicas y propias del Tribunal Supremo Electoral, como lo es la sumatoria y transmisión de los votos", señalaron.
Los funcionarios son investigados por incumplimiento de deberes, debido a que -supuestamente- no fueron diligentes a la hora de supervisar la labor de la empresa contratada para el proceso electoral.
Por este caso incluso la empresa Datasys corre riesgo de embargo por orden del Ministerio Público como parte de esta investigación.
A este suma el caso de Oracle, compañía condenada en Estados Unidos por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés) a pagar más $23 millones por supuestos pagos de sobornos en Turquía, Emiratos Árabes y la India, y aún así ganó varias adjudicaciones por medio de Radiográfica Costarricense (Racsa).
La información fue corroborada por CRHoy.com tras generar varias consultas en el Sistema Integrado de Compras (Sicop), sobre los procedimientos adjudicados que se adjuntaron en una denuncia presentada ante la Fiscalía, el viernes 8 de diciembre.
Pese a que la condena contra la compañía se conocía desde setiembre del 2022, en la institución se habría omitido el detalle y además de la alianza comercial se les permitió participar en concursos, de los cuales le fueron adjudicados al menos 8, cuyo monto se aproxima a los ¢3.800 millones.