Pese a apuros financieros, Japdeva premia “productividad y eficiencia” con incentivos

(CRHoy.com) Para poder salir a flote y tratar de terminar el año, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva), dice necesitar ₡6 mil millones adicionales a lo presupuesto a inicios de año, los cuales el gobierno pretende financiarlos con títulos de deuda. En otras palabras, necesita de préstamos para poder sobrevivir.

Sin embargo, a pesar de los apuros financieros que viene enfrentando desde hace algunos años, la institución debe pagar a sus empleados un premio por "eficiencia" y otro por "productividad", sin importar los malos resultados financieros.

Entre 2017 y este 2021, Japdeva presupuestó en sus planes de gastos ₡2.588 millones para repartir entre sus trabajadores como premio por estos rubros.

Hasta 2019, ese premio equivalía en promedio más de ₡300 millones anuales para el bono de eficiencia portuaria y más de ₡400 millones anuales para el plus de productividad. A partir de 2020 y 2021 los montos se redujeron considerablemente a ₡70 millones y ₡40 millones respectivamente, pero se siguen presupuestando pese a los problemas financieros de la entidad.

Según estipula la convención colectiva firmada con los empleados, la institución está obligada a tomar un 2% de los ingresos corrientes efectivos del año anterior, incluyendo cargas sociales para fondear un "sistema de productividad y eficiencia.

De allí, el dinero se reparte a los empleados con base en el nivel de cumplimiento de las metas que la institución se fijó en su plan operativo; es decir, no se hace referencia a si la entidad tiene ganancias o pérdidas operativas.

Este mecanismo de premios no solo enfrenta la contradicción de que se siga entregando pese a los problemas financieros de la institución, sino también de que las propias metas y evaluaciones hacia Japdeva cuentan con debilidades y señalamientos.

Por ejemplo, el informe AG-AR-01-2020 de la Contraloría General de la República determinó que para el 2019 se establecieron 20 metas, de las cuales la administración terminó excluyendo varias, entre ellas el lastreo de 330 kilómetros de caminos, implementación de una agencia territorial para el desarrollo económico, 46 plantas de empacamiento, un centro de acopio, y el establecimiento de 24 fincas bajo modelo de producción integral.

"Las justificaciones por las cuales se tuvieron que suprimir algunas metas del POI 2019, se debió a la falta de recursos económicos; no obstante, la institución era consciente de que se enfrentaría a una disminución en sus ingresos con la entrada en operación de la nueva de terminal de contenedores de Moín, y que ante ese escenario se debió haber programado con tendencia a la baja dado que las condiciones en algún momento durante el año 2019, cambiarían", indicó la Contraloría al respecto.

Pero no solo eso. Lo más importante es que la entidad también determinó que el proceso de elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional – herramienta con la cual finalmente se determinan los incentivos de eficiencia y productividad para los empleados-  "no se puede ejercer de manera adecuada, en detrimento del control interno institucional".

Fiesta de pluses

Los incentivos por eficiencia y productividad son apenas una pequeña tajada de un gran pastel que Japdeva debe repartir cada año. Para este 2021 en su presupuesto inicial, estimó en ₡3.322 millones sin tomar en cuenta el pago del salario escolar. Incluyéndolo, la suma crece a ₡4.109 millones.

Esto equivale a prácticamente la mitad del presupuesto extraordinario recién solicitado por el gobierno para dar sostenibilidad a Japdeva en lo que resta del año.

 

Sin embargo, estos montos toman en cuenta solo presupuestos iniciales, o sea aquellos aprobados o presentados ante la Contraloría a inicios del año.

Se debe tomar en cuenta que en los últimos años, la entidad ha tenido que presentar presupuestos extraordinarios para hacer frente a sus faltantes, y en estos nuevos planes de gastos vienen rubros adicionales que engordan el rubro de planillas e incentivos.

Por ejemplo, en el presupuesto recién solicitado al Congreso, se estipula que ₡4 mil millones serán utilizados para cubrir el pago de la s remuneraciones y contribuciones sociales.

Actualmente la administración de la entidad se encuentra en proceso de negociación de la nueva convención colectiva.

Andrea Centeno, presidenta de Japdeva, señaló que a la fecha se han llevado a cabo tres sesiones con el sindicato donde se han discutido elementos iniciales, como las posibilidades reales de que, en la situación organizacional, se hable del esquema de incentivos que responden a una realidad muy distinta a la que se enfrenta, dijo.

"Es una etapa muy temprana para definir los alcances de la posible negociación, pero, es claro para la administración de JAPDEVA que las condiciones han cambiado y lo que debe ser prioridad es definir condiciones que colaboren en mantener el trabajo y un trabajo digo para los colaboradores de la institución. Hemos abogado por el entendimiento del sindicato de estas realidades y la búsqueda de soluciones conjuntas", agregó.

Centeno señaló que la Administración no puede eliminar unilateralmente los pluses existentes pues la convención les da la firmeza y el deber ineludible de mantenerlos.

Sin embargo, se analiza el realizar una consulta formal a la Procuraduría General de la República sobre la habilitación o no para las entidades en condiciones deficitarias, de negociar incentivos que se traduzcan en obligaciones económicas.

"La consulta podría ser enviada en los próximos días dependiendo del criterio legal al respecto", agregó.

Los únicos beneficios eliminados a la entidad recientemente obedecen a una resolución de la Sala Constitucional el año pasado, que ordenó quitarle los privilegios a los empleados de una indemnización parcial de cesantía por horas extra eliminadas, permisos con goce de salario  para los delegados sindicales, licencia con goce de salario por matrimonio de los hijos, subsidio por defunción del cónyuge, hijos, padre o madre, subsidio por aparatos ortopédicos, becas para hijos de trabajadores, remuneración adicional del 40% del salario y licencia con goce para trabajadores que por edad o condición física no puedan seguir trabajando.