Pescadores denuncian al presidente por presunto prevaricato

(CRHoy.com).- El sector pesquero costarricense denunció ante el Ministerio Público al presidente de la República, Carlos Alvarado, por un presunto delito de prevaricato. La denuncia se presentó el jueves de la semana pasada.

La denuncia la presentaron las cámaras de Pescadores Artesanales de Puntarenas, la de Pescadores de Quepos y la de la Industria Palanguera.

En un comunicado de prensa, el gremio explicó que presentó la denuncia para que el Ministerio Público investigue al mandatario por un decreto ejecutivo que firmó en marzo del 2019 para establecer la subasta pública como la nueva metodología de venta de licencias para la pesca de atún que realizan embarcaciones extranjeras en aguas costarricenses.

Además del presidente, las cámaras también denunciaron al ministro de Agricultura, Renato Alvarado, a quien en ese momento se desempeñaba como jefa de despacho de este en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ana María Conejo y al expresidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), Moisés Mug.

"Este Decreto fue promulgado sin antes ser consultado ante la Junta Directiva del Incopesca, siendo esta instancia el ente rector en materia de pesca. Adicionalmente, durante la vigencia de la nueva metodología, es decir, todo el año 2019, el Incopesca no generó absolutamente ningún ingreso por este concepto, puesto que no logró vender ninguna licencia, en un claro perjuicio para la estabilidad financiera de la Institución", explicaron las cámaras.

Según esos entes, el decreto ejecutivo que firmaron el mandatario y su ministro del MAG carecía de sustento técnico y legal. 

Mauricio González, vocero del sector pesquero, agregó que un año después de la promulgación del decreto para subastar las licencias de pesca para embarcaciones extranjeras el MAG emitió un nuevo decreto donde derogó la metodología de las subastas.

"En el mismo decreto se indica que los estudios técnicos fueron realizados de forma posterior a la implementación de la medida y que estos revelaron que la misma era inviable. Esto nos confirma que la medida de vender licencias mediante el método de la subasta no contaba con viabilidad técnica ni legal", aseguró el representante de los pescadores.

El sector alega que antes del decreto del 2019, en el 2018, Incopesca entregó a las flotillas pesqueras foráneas 12 licencias, de las cuales 4 se pagaron por un monto de $153.000 y otras ocho las regaló la institución.

Los representantes de los pescadores argumentaron al Ministerio Público que quien entonces figuraba como jefa de despacho del MAG aparentemente recomendó la implementación de la medida en el Incopesca sin tener claridad de que el modelo iba a ser viable.

En cuanto al expresidente de Incopesca, la denuncia en su contra se fundamenta en que promocionó las subastas de licencias, según los pescadores, "como un gran logro para la institucionalidad a pesar de haber omitido la consulta a su Junta Directiva".

Los pescadores ya habían acudido por el mismo asunto a la Sala Constitucional, que acogió para estudio, a finales de mayo, un recurso de amparo en el que la Cámara de la Industria Palangrera reclamó al MAG por haber hecho presunto caso omiso de sus solicitudes de información al respecto.

Mauricio González afirmó que la promulgación del decreto del 2019 constituiría un abuso de autoridad, según él, por no contar con los estudios de viabilidad correspondientes y por los perjuicios económicos que la decisión trajo para el Incopesca.

Presidencia responde

"Con relación a la denuncia penal interpuesta por 3 personas relacionados con decretos sobre la política atunera, queremos manifestar que la discrepancia y el debate vigoroso en torno a las políticas públicas es normal en una democracia.

Pero también debe mantenerse dentro de los límites de la sensatez y sin abusar del derecho. Si se discrepa del contenido de un decreto, el ordenamiento jurídico prevé mecanismos institucionales específicos para su impugnación, como la vía contencioso administrativa o la de constitucionalidad. Llama la atención que los denunciantes no recurrieron a esos mecanismos, respondió Casa Presidencial.

"No es de recibo, y es un abuso del derecho, que algunos sectores pretendan recurrir a denuncias penales sin sustento, e incluso temerarias, contra los jerarcas públicos solo porque discrepan de una decisión determinada. Esta no es una práctica sana y a nadie beneficia", agregó el Poder Ejecutivo.