Perú nunca hizo pedidos concretos sobre destino de dineros confiscados a Toledo

(CRHoy.com) Costa Rica descartó que Perú haya hecho algún pedido formal sobre el destino de los $6,6 millones confiscados a su expresidente Alejandro Toledo, en el marco de una investigación que se le sigue por aparente legitimación de capitales.

El Ministerio Público recalcó que lo único que recibió fueron solicitudes para mantener congelados los fondos, como una suerte de medida cautelar. La cooperación costarricense en ese sentido se materializó el 7 de febrero de 2014, pero caducó 9 años más tarde, pese al "interés legítimo" que la nación del exmandatario mantiene en estos recursos.

¿Y qué cambió? En primer lugar, que la investigación en el país contra el exgobernante se dio por concluida en 2021.

Esta situación obligaba a que Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial tuviese que tomar una decisión sobre el destino final del dinero ligado a Toledo y decomisado a la empresa Ecostate Consulting Group S.A.

Luego de hacer los análisis correspondientes, el despacho determinó que la compañía en cuestión no podría justificar la procedencia legal de los fondos que ilegítimamente ingresaron al Sistema Financiero Nacional. Por ello, el Ministerio Público se inclinó por pedir una aplicación de capitales emergentes al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, que acabó con la sociedad condenada a la pérdida de los $6,6 millones.

Además, la Fiscalía detalló a través de su oficina de prensa -y ante consulta de CRHoy.com– que no recibió ninguna "solicitud concreta y específica sobre el destino de esos recursos por parte de terceros interesados". Ello incluiría, por ejemplo, a Perú, en virtud de la afectación que esta sufrió producto del escándalo de corrupción que salpicó a quien lo gobernó entre 2001 y 2006.

El 1.° de julio de 2023, cinco días después de que trascendiera la decisión de confiscar el dinero, el programa Punto Final reveló que Costa Rica declinó dar asistencia internacional a Perú, como lo había venido haciendo.

Mediante un oficio publicado por el espacio televisivo peruano, suscrito el 2 de febrero de 2023 por la fiscala Laura Monge, el Ministerio Público informó que rechazaba colaborar con la retención de los fondos, en el tanto que de conformidad con el derecho costarricense, este pasó a ser "objeto de extinción" en favor del Estado. Esto ocurrió en el marco del proceso por incremento patrimonial sin causa lícita aparente antes mencionado, que el 28 de abril de 2023 derivó en el traslado de los $6,6 millones a arcas del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

Ante esa situación, se consultó a la Fiscalía quien tomó tal determinación. El departamento de comunicaciones subrayó que la decisión de pasar a capitales emergentes, dineros o bienes de interés decomisados en una pesquisa es una posibilidad de carácter general, prevista en circulares y memorandos institucionales.

El despacho descartó de esta manera que el fiscal general Carlo Díaz hubiese girado una orden para proseguir en determinado sentido, dado un visto bueno o dispuesto algún cambio de postura.

Sin competencia

La condena de la empresa vinculada a Alejandro Toledo en Costa Rica tuvo repercusión inmediata en Perú.

Tan solo un día después de que el Ministerio Público diera a conocer la resolución del Juzgado Contencioso Administrativo, la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, concedió una entrevista al programa La Voz del 21, en la que recalcó que inició gestiones a nivel interno en procura de que Perú se quede con al menos una parte del dinero recuperado por los supuestos sobornos que pagó la constructora brasileña Odebrecht al expresidente.

En intervenciones ante medios de comunicación, la abogada hizo ver que Costa Rica alcanzó a inmovilizar y perseguir esos fondos a partir de solicitudes e informaciones suministradas por Perú. No obstante, el departamento de comunicaciones del Ministerio Público señaló a CRHoy.com que la pesquisa en el país surgió antes de que estallara el escándalo que alcanzó a varias naciones de América Latina.

"Luego del pedido de congelamiento, viene esta orden de incautación de las autoridades costarricenses. Entonces aquí lo que va a operar es que, como ya también hay una autoridad está investigando estos hechos por dinero que ha transitado en el sistema financiero, lo que tiene que suceder ahora y, de hecho, Perú lo que ha venido solicitando es que a través de un tratado o en las coordinaciones de gobierno a gobierno, ya no en el marco de los procesos penales, se logre que el dinero decomisado sea repartido o dividido para ambos países, en una proporción equitativa, puesto que ambos países se han visto afectados. Aquí con corrupción y lavado vinculado a ese dinero, y en Costa Rica probablemente por lavado de activos por el uso de su sistema financiero", indicó Carrión.

Eso sí, la procuradora reconoció la legitimidad de Costa Rica como víctima y expuso que de ahí surge la necesidad de que ambas naciones lleguen a un acuerdo. Mencionó que incluso existen convenios en materia de corrupción, que refieren la compartición en partes iguales de los bienes recuperados por naciones afectadas por ese problema. Resaltó, sin embargo, que la competencia en ese ámbito recae sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE).

De hecho, al justificar la confiscación, la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales alegó que el caso en cuestión se concluyó una "alta lesividad" ocasionada por las conductas del exmandatario, sus colaboradores, operadores y familiares, que dañaron la imagen y el prestigio internacional de Costa Rica.

"Hemos impulsado algunos pedidos a través de Cancillería, para que Cancillería comunique a la autoridad costarricense en qué estado está el proceso acá, que sepan que seguimos manteniendo la expectativa y el interés de poder recuperar ese dinero, para que Costa Rica sepa que Perú no ha perdido ese interés, que se mantiene vigente, más allá de que ellos también hayan iniciado una investigación por estos hechos", subrayó la jurista.

Para el presente artículo, este medio consultó a la oficina de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) de Costa Rica si existía alguna protesta de parte de Perú en relación con el traslado de los recursos, pero se indicó que el tema que la institución está imposibilitada para divulgar informaciones al respecto, ya que el tema lo dilucida la Corte Suprema de Justicia.

El departamento de comunicaciones del Ministerio Público, en cambio, negó que hubiese tenido conocimiento de un reclamo o gestión oficial de parte de Perú sobre este particular, hasta el 11 de julio de 2023 (fecha de la respuesta).

Abonó que si bien existen convenios y tratados internacionales que motivan a los estados a buscar acuerdos para la distribución de bienes incautados en escándalos de corrupción, lo cierto es que, también, en observancia del principio de soberanía, se deja a criterio cada país tal implementación, por medio de su legislación interna.

En esa línea, la Fiscalía recordó que en Costa Rica no existe una ley que le faculte a disponer de dineros incautados en causas penales por legitimación de capitales, con autoridades de otras naciones.