Persecución, arma ilegal e identidad falsa: el único antecedente por el que ‘Shaggy’ fue condenado antes 

 

Mucho antes de su ascenso como líder criminal que dominaba la Ciudadela León XIII, en Tibás, Michael Ricardo Quesada Meléndez, alias Shaggy, fue condenado a una pena menor de cárcel por portación ilegal de armas.

A este cabecilla se le impuso un año de prisión preventiva este lunes, junto con otros siete sospechosos de pertenecer a su banda, tras ser capturado semanas atrás gracias a un par de años de investigaciones judiciales que finalmente derivaron en la desarticulación del grupo.

Previo a asumir las riendas del narcomenudeo en esa comunidad, Quesada era considerado colaborador del narco Dennis Iván Cabrera Espinoza, alias Manzanita, el anterior capo de León XIII, capturado en 2020 y sentenciado a prisión en 2024.

Pero incluso antes de esa etapa, Shaggy ya era un rostro conocido para las autoridades. Pese a liderar una banda y participar en otra, el único antecedente penal que registraba era la condena por tenencia irregular de arma de fuego, que data de hace una década.

Todo se remonta al 8 de mayo de 2015, aproximadamente a las 11:30 p. m., sobre la calle principal de la ciudadela. El hombre portaba un arma de fuego tipo revólver, marca Ranger, calibre 38, color negro, con seis proyectiles sin percutir, con la serie limada y empuñadura plástica.

Esto, a sabiendas de que no contaba con los permisos exigidos por el Departamento de Control de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad Pública. En ese momento, varios oficiales de la Fuerza Pública realizaban un retén motivado por la alta incidencia delictiva en la zona sur de San José, cuando observaron un vehículo que circulaba a alta velocidad.

Se trataba de un Toyota Yaris negro. Dentro del automóvil viajaban dos personas, entre ellas Shaggy, quien ocupaba el asiento del acompañante. Debido a que el vehículo coincidía con las características de uno vinculado a hechos delictivos recientes, uno de los oficiales le dio seguimiento durante aproximadamente quinientos metros, a bordo de una patrulla con luces y sirena activadas como señal de alto.

Sin embargo, el conductor no se detuvo y, durante el trayecto por la localidad de Garabito, Quesada Meléndez sacó el brazo por la ventana y lanzó el arma de fuego descrita a la vía pública. Poco después, el vehículo se detuvo unos cincuenta metros más adelante.

Al constatar la identidad que el imputado brindó mediante su cédula, el oficial verificó que el nombre consignado no contaba con permisos para portar armas de fuego. Ante la ubicación del arma y los proyectiles arrojados, se procedió de inmediato con la detención formal.

No obstante, posteriormente se determinó que Shaggy se había identificado con un nombre distinto ante la Fuerza Pública.

Fue hasta su llegada a los Tribunales de Goicoechea que los oficiales advirtieron la inconsistencia y corroboraron que el imputado no contaba con permisos vigentes para portar armas, los cuales se encontraban vencidos desde mediados de 2013, además de registrar antecedentes policiales.

Por el delito de portación ilícita de arma permitida, el sujeto fue sentenciado a seis meses de prisión mediante fallo dictado por el Tribunal Penal de Goicoechea en julio de 2015.

Apelación y casación

Inconforme con el resultado, Shaggy apeló la sentencia, pero en octubre de 2015 el Tribunal de Apelación de Goicoechea declaró sin lugar el recurso. Luego insistió e interpuso un recurso de casación ante la Sala Tercera de Casación Penal, que en enero de 2016 tampoco le dio la razón.

Por medio de su abogado en el momento, Víctor Obando Mendoza, alegó que no existió delito, pues la Ley de Armas sanciona la acción de "portar" un arma, mientras que en la acusación se le atribuyó haberla "lanzado" desde un vehículo en movimiento, más no portarla. Según la defensa, a Quesada Meléndez no se le imputó "llevar el arma consigo", sino únicamente arrojarla por la ventana.

Asimismo, sostuvo que, aun si se hubiese probado el lanzamiento del arma, ello no implicaba necesariamente la portación, ya que el arma pudo haber pertenecido al conductor y haber sido entregada al acompañante en un momento determinado.

Además, el recurso alegó que, al estar limado el número de serie del arma decomisada, era imposible establecer si esta se encontraba debidamente inscrita, por lo que debía aplicarse el principio de favorabilidad al imputado e imponerse una sanción no privativa de libertad. Por ello solicitó su absolución.

No obstante, el recurso fue declarado inadmisible por no cumplir con los requisitos básicos de un recurso de casación, al mezclar argumentos de forma contraria a lo establecido por la ley.

¿Quién es Shaggy ahora?

Shaggy y varios cómplices fueron detenidos la madrugada del martes 25 de noviembre, como parte de un despliegue de 31 allanamientos ejecutados por la Sección Especializada contra el Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO).

A la estructura criminal se le vincula con el dominio del narcomenudeo en la zona, así como con varios tumbonazos —robos de droga a otros grupos—, incluso contra organizaciones narco de Limón, y con el blanqueo de activos producto de su actividad ilegal.

El caso, denominado Los Leones, está relacionado con delitos como tráfico y comercialización de drogas, homicidios y legitimación de capitales. Las autoridades creen que esta banda estaría detrás de al menos 22 asesinatos recientes.

Durante los operativos, la FAEDO ordenó el decomiso de dinero —al menos ₡25 millones—, armas de fuego y vehículos de alta gama. La actualización más reciente del OIJ indica que hasta la tarde se habían confiscado 11 automóviles y una motocicleta, nueve armas de fuego cortas y dos largas, 29 piezas de joyería y más de siete joyas adicionales.

También se incautaron 34 celulares, dos computadoras, ocho grabadores, siete pantallas, un dispositivo de almacenamiento, un GPS, una tableta, dos CPU, un dron y un teléfono satelital, además de un paquete de cocaína y 18 ramas de aparente marihuana.

La Fiscalía vincula a los sospechosos con delitos de infracción a la Ley de Psicotrópicos, robo agravado, legitimación de capitales y homicidio. El caso corresponde al expediente 21-007276-0042-PE.