Peritos que asignaron valor comercial al Parque Empresarial se niegan a declarar en caso BCR SAFI
Javier Chinchilla Medina, socio del grupo Ingenio AIC SA, y Luis Fernando Arce Saborio, también socio de dicha entidad, quienes realizaron el peritazgo de valor comercial del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), se abstuvieron de declarar en la audiencia ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, alegando la investigación penal en curso en la Fiscalía.
El PEP lo compró la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR-SAFI), en 2020, al Grupo HVC, vinculado al exdiputado Humberto Vargas Corrales (2018-2022) y a sus sociedades anónimas.
La empresa del exlegislador compró el parque meses antes en $16 millones, pero vendió el inmueble al BCR SAFI en $70 millones.
Ambos comparecientes refirieron que figuran como imputados en el expediente penal.
En la última audiencia sobre este tema, Juan Carlos Bolaños, exdirector de negocios del Banco de Costa Rica (BCR) y exmiembro del Comité de Inversiones de la SAFI, señaló a los diputados de dicho foro que desconocía de las obras inconclusas del PEP cuando el Fondo compró el inmueble a la sociedad vinculada al exdiputado Vargas.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) mantiene abierta una investigación contra una decena de exfuncionarios por supuestas irregularidades y manipulaciones en el proceso de adquisición del PEP por parte de BCR SAFI.
14 imputados en el caso BCR SAFI
El pasado 4 de diciembre, la Fiscalía realizó 16 allanamientos para decomisar evidencia contra 14 imputados. La causa investiga presuntas maniobras ejecutadas por varios funcionarios en contubernio con otros actores del Banco de Costa Rica (BCR), con el fin de evitar obstáculos en el negocio del PEP vinculado a BCR SAFI.
La orden judicial que autorizó los allanamientos por el caso BCR SAFI menciona un informe emitido por Natalia Garro Acuña, jefa de Proyectos, y Marco Carvajal Soto, supervisor de la Unidad de Infraestructura de BCR SAFI, que —en apariencia— se habría condicionado para ocultar deficiencias e irregularidades en la compra del parque empresarial.
El documento detalla que el 22 de junio de 2021 —año y medio después de la adquisición— ambos funcionarios emitieron el informe UII-179-2021 junto con los ingenieros de la Unidad de Infraestructura, Luis Carlos Gutiérrez Chaves y Rodolfo Monge. En ese reporte incluyeron un análisis de 28 obras pendientes en el inmueble.
Según consignaron, todas las obras se habían concluido satisfactoriamente tras la verificación de la unidad técnica. Sin embargo, la investigación sostiene que la situación real era distinta.
Estas personas figuran entre las 14 investigadas por la presunta comisión de los delitos de sobreprecio irregular e influencia contra la Hacienda Pública, que contemplan penas máximas de hasta 10 y 8 años de prisión.
La Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) del Banco de Costa Rica (BCR) adquirió el PEP en el 2020.