Pena solicitada por Fiscalía contra exdiputado “es desproporcionada”, asegura defensor

(CRHoy.com).-Los 3 años y 6 meses de prisión preventiva solicitados por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) contra el exdiputado Óscar Alfaro Zamora por una supuesta donación ilegal, es desproporcionada, a criterio de su defensor, Érick Ramos Fallas.

"Uno es muy respetuoso de la posición del Ministerio Público, pero yo creo que en este caso la solicitud es desproporcionada y sobre todo porque el sustento en el que la ha dado no tiene relación una cosa con otra", indicó el abogado a su salida de los tribunales de San José la tarde de este miércoles.

El jurista aclaró que no iba a adelantar ninguna otra circunstancia adicional por respeto y lealtad al Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, así como al Ministerio Público, toda vez que sus conclusiones están previstas para llevarse a cabo el próximo 12 de setiembre.

"Sí debo decir que de manera personal estoy muy ansioso con hacer las conclusiones. De hecho ustedes vieron que la solicitud de la defensa era que habilitara más horas, pero obviamente es entendible la posición de los jueces de no acceder a que continuáramos con las conclusiones, pero de manera amplia nos vamos a extender el lunes puntualmente sobre los aspectos en los que va a mocionar la defensa y sobre los aspectos por los que, desde nuestra óptica, no lleva razón la Fiscalía", dijo.

El órgano jurisdiccional optó por únicamente escuchar la exposición del fiscal Alexánder Valverde Peña, toda vez que tiene previsto iniciar el jueves 8 de setiembre las conclusiones por otro caso. Si los argumentos finales de las partes del caso contra Alfaro Zamora hubiesen terminado este miércoles, entonces el Tribunal Penal se hubiese visto imposibilitado procesalmente para dar continuidad al otro debate, ya que una vez concluido, los decisores deben abocarse a la deliberación de la sentencia. De esta forma, el contradictorio se mantiene abierto y sin poner en riesgo el otro juicio.

Al excongresista se le achacó la aparente contribución ilegal de un club político en San José para la campaña del Partido Liberación Nacional (PLN) de 2010. En el debate también se acusó al exlegislador Antonio Calderón Castro, pero contra este, el Ministerio Público pidió una absolutoria.

Específicamente, al primero se le achaca haber solicitado al segundo la inscripción de la "Casa de la Victoria", perteneciente a Chicharrín S.A. -de la cual Alfaro Zamora es presidente y representante legal- para la realización de actividades proselitistas de la campaña de 2010.

Lo anterior aún cuando la normativa electoral prohíbe las contribuciones de parte de las personas jurídicas, como en este caso sería esa empresa.

Tanto Ramos Fallas, como el defensor de Calderón Castro, Mario Soto Baltodano, han alegado que no existió delito alguno en los hechos en cuestión. Además han sostenido que los mismos están prescritos; asunto que deberá resolver el órgano jurisdiccional al final del debate.

"Este caso nunca debió llegar a juicio. Aquí no hay ninguna violación del Código Electoral, aquí no hubo ninguna vulneración al principio de transparencia en el financiamiento de la campaña de 2010. Aquí existió una investigación ayuna del Ministerio Público y una deficiente y torpe pesquisa del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Lo que se acusa es un tema de forma porque la inscripción de la Casa de la Victoria se hizo con la legislación que estaba vigente antes del Código Electoral, que era un reglamento de 2005. El nuevo reglamento es del año 2012, cuando ya habían pasado las elecciones, entonces hay un análisis incorrecto para las imputaciones particulares", declaró el primero de los abogados.

Desde la perspectiva de su colega, esto dio pie a una "aplicación retroactiva" de la ley por parte de la Fiscalía. Soto Baltodano señaló al final de este la jornada de este miércoles que Valverde Peña se percató de esto hasta ahora y por eso solicitó la absolutoria, situación que celebró.

En el caso de Calderón Castro se descartó la comisión del delito en el tanto que no se acreditó que este conociera que se trató de una donación y menos que proviniera de una sociedad anónima.