Peligro de sanciones al Estado frena avance de 2 iniciativas para combatir inseguridad
La jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, insiste que el proyecto de prisión preventiva debe aprobarse, la liberacionista Alejandra Larios y el PLN quieren analizar el tema más a fondo. Foto: Asamblea.
Los diputados reconocen que hay dudas sobre 2 proyectos de ley en materia de seguridad que podrían generar complicaciones al Estado costarricense o bien violentar derechos consignados en la Constitución Política.
Uno es el expediente 22.834, una reforma que propone secuestrar capitales sin un origen lícito aparente.
Este proyecto viene desde la administración Alvarado Quesada, cuando se insistió en la iniciativa conocida como "extinción de dominio".
El texto actual busca modificar la función de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y dice:
La Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, el Instituto Costarricense sobre Drogas y el Ministerio Público podrán, antes de presentar la denuncia por el incremento de capital sin causa lícita aparente, si este incremento de capital es igual o superior a los $50.000 y con una retrospectiva hasta de 10 años, de cualquier funcionario público o persona de derecho privado, física o jurídica, solicitar al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, la adopción de una medida anticipada y provisional destinada a asegurar, secuestrar, conservar o verificar bienes y productos financieros de interés, para tales efectos, la autoridad jurisdiccional emitirá los respectivos mandamientos de anotación e inmovilización registral de los bienes muebles e inmuebles, así como la orden de congelamiento preventivo al sistema financiero por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas. Para la adopción de la medida anticipada y provisional no se requiere otorgar audiencia a las partes.
El segundo es el expediente 23.986, que busca endurecer la imposición de medidas cautelares o prisión preventiva.
Este es un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. Su texto actual dice:
El tribunal ordenará la prisión preventiva del imputado, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
Exista peligro para la víctima, la persona denunciante, el testigo y la comunidad. Cuando la víctima, la persona denunciante, el testigo y la comunidad se encuentren en situación de riesgo, el juez tomará en cuenta la necesidad de ordenar esta medida, para lo cual valorará las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que pueda desprenderse un riesgo fundado que pueda afectar su integridad personal o su vida o constituyan actos de terrorismo.
Ambos proyectos ya están en el plenario. El que busca atacar los capitales de organizaciones criminales del narcotráfico ya fue votado en primer debate, pero las dudas sobre el umbral de aplicación, sobre cuáles entidades tendrán facultad de intervenir y hasta dar una audiencia previa a los investigados, tiene trabado su aprobación final.
El que busca modificar los criterios para aplicar la prisión preventiva, tiene alertas en rojo de especialistas que aseguran que la normativa podría generarle al país sanciones internacionales, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y roces constitucionales.
Poner pausa
Ante este panorama, el criterio generalizado de los diputados es llevar los proyectos con mayor pausa y cautela.
El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) Óscar Izquierdo, reconoció que antes las dudas quieren analizar los proyectos con más cuidado.
Los verdiblancos realizaron una encerrona el viernes para ver ambas iniciativas.
"Son proyectos que nos tienen con algunas dudas y el problema es que constantemente brotan más criterios, algunos muy técnicos y por eso queremos analizarlos con mucho cuidado", afirmó.
Un criterio similar tiene la diputada independiente Gloria Navas en relación con la iniciativa que busca ampliar los criterios para la prisión preventiva.
"Es un proyecto delicado, no creo que sea imponer una prisión automática, pero si conviene no apurarnos tanto, hacer un examen más detallado, es que también hay mucha presión del Poder Ejecutivo y de la opinión pública", señaló.
El también verdiblanco, Gilberth Jiménez, quien preside, además, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, si bien insiste que hay que avanzar con las iniciativas, si es necesario retrasar la quema del segundo día de mociones en plenario, para buscar un consenso, es mejor hacerlo.
Precisamente, el pasado jueves se quería quemar ese segundo y último día para que los diputados incluyan mociones de fondo, pero se acordó no hacerlo para dar un tiempo
"A diferencia de México y otros países, este no es un proyecto que busca una prisión automática o con 'check list', no, va con todo un procedimiento al debido proceso, de manera que debe tener una resolución de un juez en la cual tomará la decisión con fundamento y respetando el principio de inocencia", afirmó Jiménez.
Condena en la Corte IDH
Los diputados Pilar Cisneros, Gilberth Jiménez, Gloria Navas, Alejandra Larios, Jonathan Acuña, Dinorah Barquero y Priscilla Vindas, participaron el pasado 28 de mayo en un foro con 3 especialistas para analizar el expediente sobre prisión preventiva.
Estuvieron presentes: el exfiscal general de la República y abogado litigante, Francisco Dall'Anese
El exmagistrado y litigante, Erick Gatgens y el ex juez y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Chan.
Varios diputados participaron en el foro. Foto: CRH.
Todos coincidieron en que el actual texto del proyecto podría acarrearle al país una condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ha ocurrido en otros países que han aprobado leyes similares.
Chan explicó que en este tipo de iniciativas deben evadir el uso de términos porosos, que pueden ser rellenados.
"¿Qué es comunidad? ¿Qué es peligro para la sociedad? Denme una lista taxativa de criterios para poder cumplir con el principio de legalidad, si no cualquier cuestionamiento, cualquier acción ante un concepto tan ambiguo puede ser rellenado con lo que le dé la gana a un juez, que no siempre puede ser racional", advirtió Chan.
Más dudas
En cuanto al proyecto para secuestrar capitales emergentes, la mayoría de las fracciones tienen dudas de otorgar esa facultad a otras entidades que no sea el Ministerio Público y el ICD.
El proyecto habla hoy de la Contraloría y del Ministerio de Hacienda.
El diputado Izquierdo dejó claro que el PLN no aprobará que Hacienda tenga esa alternativa.
"Es muy peligroso que haya una policía del Ministerio de Hacienda con capacidad para hacer eso, y me parece que es un tema que hay consenso para eliminarlo", explicó el verdiblanco.
La otra disyuntiva es si debe haber un umbral o no para el decomiso de los bienes.
Hoy el texto habla de un monto igual o superior a los $50 mil, unos 26 millones de colones aproximadamente.
El PLN no tiene claro aún y que debe resolverse a lo interno de la fracción.
La diputada del Frente Amplio (FA) Priscilla Vindas cuestionó la posición de algunas fracciones para poner un umbral a este proyecto.
La frenteamplista mencionó que establecer un techo es una camisa de fuerza, ya que si se establece un umbral, lo que harían estas organizaciones es realizar transacciones por debajo de ese monto para que no se investiguen como capitales emergentes.
En el caso del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) piden que se dé una audiencia a los investigados una vez que el juez congele los bienes.
La jefa de fracción del PUSC, María Marta Carballo, señaló que si bien el proyecto es una herramienta útil para combatir la delincuencia organizada, tal y como está planteado podría atentar contra derechos fundamentales como el principio de inocencia, el derecho a la defensa y la tenencia de propiedad privada.
"Si no se hacen estos cambios, se corre el riesgo de caerse en la Sala Constitucional. Con la propuesta que hemos trabajado se busca, entre otras cosas, que el juez pueda otorgar la medida, sin audiencia, y una vez que se inmovilizaron los bienes o se congelen las cuentas, se dé el espacio para que la parte pueda demostrar de donde se da el incremento", explicó la socialcristiana.
En los próximos días las fracciones deberán definir el futuro de estas iniciativas.