(CRHoy.com) –7 son las razones por las cuales el diputado Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), adversa el proyecto de ley sobre empleo público que se discute en la Asamblea Legislativa.

En entrevista con CRHoy, el legislador reiteró que votará en contra de la iniciativa impulsada por el Gobierno en el marco del ajuste fiscal que negoció con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un financiamiento de $1.750 millones.

Dejó claro que un proyecto de ley "serio y de verdad" para reformar el empleo público es necesario en Costa Rica y que está de acuerdo con poner orden en esa materia.

"Soy el primero que ha estado peleando para poner orden en el empleo estatal utilizando las herramientas que la ley da", dijo.

Pero sostuvo que la propuesta en discusión no resuelve el desorden imperante con los regímenes de empleo público en el país y aseguró que más bien abre la posibilidad a un nuevo botín político para el gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC).

¿Por qué no?

Las razones que dio el socialcristiano para oponerse al proyecto de ley en discusión son las siguientes:

1. El texto pretende que desde el Poder Ejecutivo haya un ente rector del empleo público para todos los poderes del Estado (Ejecutivo, Asamblea Legislativa, Judicial) y otras entidades como el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Contraloría General de la República (CGR). La iniciativa propone que la rectoría política la ejerza el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), en vez de fortalecer a la Dirección General del Servicio Civil. Muñoz indicó que tampoco deja claro si la entidad del Ejecutivo podría regir el empleo público de las universidades estatales y municipalidades. "No se requiere un doctorado en derecho constitucional para saber que, por el principio de división de poderes, no se puede tener empleo público desde el Poder Ejecutivo, ya sea desde la Casa Presidencial o desde el Mideplan, para regir a otros poderes", insistió.
2. No elimina la dispersión de regímenes de empleo en la administración pública y no arregla el desorden. El proyecto de ley busca pasar de 14 regímenes a 8 familias de empleo público. "No sabemos qué va a pasar con las universidades y con las municipalidades".
3. Excluye de las regulaciones a las empresas públicas en competencia, como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
4. En el texto no existe un mecanismo para evaluar a los empleados públicos. "Sin evaluar a los empleados públicos, no va a haber eficiencia. En el proyecto de ley actual, no existe una evaluación de los empleados públicos. Entonces vamos a seguir en la misma dinámica".
5. No elimina las leyes específicas creadas a través de los años y que fomentan el desorden en el empleo público. Como ejemplo el diputado citó "el enganche médico creado desde los años 80 hasta el régimen que se crea con la recién aprobada Agencia Espacial Costarricense".
6. Los límites a la renegociación de convenciones colectivas no requieren una nueva ley para hacerlos valer. Ya están contemplados en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. "Lo que se requiere es valentía para aplicar la ley, no una ley nueva".
7. Se alega que la reforma es urgente porque forma parte del acuerdo con el FMI. Pero ya el país tiene vigente la regla fiscal aprobada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que mantiene congelados los salarios del sector público. "Es decir, tenemos el espacio y el tiempo suficientes para reformar el empleo público, pero bien hecho. Si lo hacemos mal hecho, habremos desperdiciado una gran oportunidad de hacerlo bien".

"Nos quieren agarrar de tontos"

El socialcristiano manifestó que con el texto de empleo público en discusión "nos quieren agarrar de tontos".

Esto, porque, en su criterio, si la Asamblea Legislativa aprueba el proyecto de ley se abren dos escenarios:

• La iniciativa podría caerse en la Sala Constitucional por el solo hecho de que podría violentar el principio de división de poderes con la rectoría del empleo público desde el Poder Ejecutivo.
• Si no es así, la ley se prestaría como un botín político creado por el PAC.

"Este proyecto no va a poner orden y nos están agarrando de todos, como si fuera a poner orden. Esto es más bien la posibilidad de que el PAC tenga otro botín político", sostuvo.

En ese sentido, recordó que, precisamente, el hueco fiscal, de aproximadamente ¢900 mil millones, que el exmandatario Luis Guillermo Solís heredó al país se dio en un año electoral.

"Ahora estamos en un año electoral y lo quieren hacer por razones electorales (el proyecto de empleo público)", subrayó.

El diputado aclaró que no se opone a la iniciativa porque quiera mantener el desorden que reina en el empleo público, sino porque no resuelve nada.

Dijo que desde que asumió su curul, en 2018, se ha enfocado en propuestas y acciones para que se ponga orden en el empleo público.

"Apoyé la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en sus capítulos referentes al empleo público y la regla fiscal. Y después que hicimos la ley, me dediqué en 2019 a utilizar los medios institucionales para que se cumpliera la ley igual para todos", concluyó.