Patrimonio pide informe a municipio por polémica línea roja en San José

(CRHoy.com) El Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (Cicpc) requirió un informe a la Municipalidad de San José (MSJ) respecto al proyecto "Kilómetro Centro", con el que fueron demarcadas con una línea roja históricas aceras en la capital.

La solicitud del reporte fue confirmada el 17 de noviembre pasado por la dependencia del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) ante una consulta de CRHoy.com, planteada a través de su oficina de prensa.

Dicha petición parte de que la iniciativa del gobierno local incluyó la colocación de pintura "lavable" -como mencionó al portal BBC Mundo la jefa servicios Culturales del ayuntamiento, Tatiana Chaves Araya- sobre aceras de piedra "granito criollo" en plantilla con más de un siglo de construidas, que pasan sobre edificios declarados patrimonio, como la Antigua Casa de la Familia Jiménez de la Guardia o el Maroy. Ese tipo de aceras caracterizaron el casco central de San José, como en los alrededores del Teatro Nacional o la Catedral Metropolitana, durante la modernización de la ciudad, en las dos últimas décadas del siglo XIX.

Esos inmuebles fueron levantados en 1905 y 1923, respectivamente, se desprende de los decretos 27488-C y 28555-C. Las incorporaciones de las estructuras al patrimonio histórico-arquitectónico fueron publicadas en el diario oficial La Gaceta el 17 de diciembre de 1998 y 12 de abril del 2000.

Desde la perspectiva del arquitecto y cronista urbano Andrés Fernández, estas aceras son "doblemente valiosas" si se considera su antigüedad y significado, además de que están colocadas frente a estructuras declaradas patrimonio. "Esas aceras, ya de por sí valiosas histórica y patrimonialmente en sí, aumentan su valor cuando están ligadas a edificios históricos relevantes", señaló el experto.

El proyecto del ayuntamiento, desarrollado junto a la Cámara de Comercio en el marco de un convenio de innovación suscrito en 2020, pretende delimitar kilómetro y medio de rutas, así como zonas seguras para los ciudadanos, al tiempo que, busca imponer simbólicamente "límites a la violencia urbana, al asalto impune que sufren transeúntes y al miedo de poder disfrutar de la ciudad". Los detalles de la iniciativa -señalada de inconsulta y calificada como "chambonada" por el especialista- serán anunciados oficialmente hasta el 6 de diciembre próximo.

Las consideraciones del decreto de incorporación de la Casa Jiménez de la Guardia destacan que el edificio -ubicado en la calle 5, entre las avenidas Primera y Tercera, en El Carmen, San José- representa la influencia del modernismo en Costa Rica, conocida como art nouveau. Esa corriente arquitectónica alcanzó pocas estructuras en San José, de ahí la relevancia de la conservación del inmueble declarado patrimonio, reza la publicación.

Esta residencia fue diseñada por su primer propietario, el abogado y diplomático Manuel Francisco Jiménez Ortiz. Con motivo del terremoto de Orotina del 4 de marzo de 1924, la segunda planta de la vivienda tuvo que ser reedificada.

La casa "presenta un valor arquitectónico manifiesto en los materiales, métodos constructivos y en la profusión de los detalles ornamentales, tanto a nivel interior como en el exterior, en donde descollan los motivos frutales y florales, así como rostros humanos en las fachadas", destaca el decreto.

El edificio Maroy, en cambio, es destacado por haberse construido bajo la influencia del estilo neoclásico. Sus características arquitectónicas sobresalen en el contexto urbano, indica el decreto.

"Dicha edificación (situada en la esquina de la calle 5, avenida Primera) constituye un fiel testimonio del período histórico del sector en que se ubica, comprendido entre finales del siglo XIX y principio del XX", resalta la declaratoria.

Por todo lo anterior, y en virtud del deber del Estado de salvaguardar el patrimonio cultural, se prohibió su demolición, remodelación parcial o total sin la autorización previa del Centro de Investigación y Conservación. Los dos decretos fueron suscritos durante la administración de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría.

Dañar o destruir un inmueble declarado de interés es sancionado con entre uno y tres años de prisión, tal y como lo establece el artículo 20 de la Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica. El numeral siguiente, además, establece multas que van desde los 10 a 20 salarios bases -es decir, entre ¢4,6 millones y ¢9,2 millones- por:

• Colorar, ordenar, colocar o no retirar rótulos publicitarios de cualquier índole que, por su dimensión, colocación, contenido o mensaje, dificulten o perturben la contemplación del edificio.
• No suministrar información sobre el estado o la utilización de inmuebles de interés al Ministerio de Cultura o a la Comisión Nacional de Patrimonio Histórico-Arquitectónico.
• No permitir el examen, el estudio o la inspección de inmuebles de interés.
• No permitir la colocación de elementos señaladores de la declaratoria de interés en el bien sobre el que esta recae.

De igual manera, se prevé una multa de entre 20 y 25 salarios -desde ¢9,2 millones hasta ¢11,6 millones- base a quien efectúe construcciones, reparaciones o cualquier otra clase de obras en un bien de interés, sin la autorización respectiva del Centro de Investigación y Conservación.

Para Fernández, no obstante, la normativa en cuestión "no contempla" una "afectación al paisaje patrimonial", que explica como la introducción de un elemento nuevo en un tejido histórico que lo impacta en forma negativa. "Es solo una raya, estamos de acuerdo. Pero igualmente está afectando el paisaje histórico. Ese pedacito de 50 o 75 varas que va del edificio Maroy a la Casa Jiménez de la Guardia un pedacito de paisaje histórico de San José, que además tiene al frente lo que queda del muro de la Biblioteca Nacional, que también tiene acera de piedra", recalcó.