Paso a paso: Así pagaron $15.000 a exjuez de Limón para favorecer a narco detenido con 119 kilos de cocaína

Jean Carlo Sandí Chaverri, exjuez penal de Limón, aceptó ante el Tribunal Penal de Hacienda haber recibido $15.000 en sobornos para favorecer a un imputado por narcotráfico y cambiarle la medida de prisión preventiva.

La investigación del Ministerio Público detalla cómo se negoció, cómo se acordó y cómo se pagó el dinero que permitió que Marcos Herrera Chacón, alias "Banano", abandonara la cárcel mientras enfrentaba un proceso por transporte de más de 119 kilos de cocaína.

El caso quedó al descubierto tras una investigación que reconstruyó comunicaciones entre el imputado, su abogado defensor (el fallecido Jorge Ramírez Salas) y el juez.

Todo comenzó el 12 de julio de 2023, cuando Herrera Chacón fue detenido en Villa del Mar, Limón, junto con al menos cuatro personas más.

En ese operativo, las autoridades decomisaron 119 paquetes de cocaína que eran transportados por el grupo.

Tras la captura, "Banano"  fue sometido a una audiencia en el Juzgado Penal de Limón, donde se le impuso prisión preventiva mientras avanzaba la investigación por narcotráfico.

En ese proceso penal, Herrera Chacón era representado por el abogado Jorge Ramírez Salas, quien luego  fue asesinado.

Meses después de la detención, cuando permanecía privado de libertad, Herrera Chacón coordinó con su defensor una estrategia para salir de la cárcel.

De acuerdo con la acusación planteada por el Ministerio Público contra Sandí, ambos sostuvieron comunicaciones en las que acordaron buscar dinero para pagar un soborno que permitiera modificar las medidas cautelares. La suma fijada fue de $15.000 en efectivo.

El plan consistía en que el abogado sería intermediario para ofrecer el dinero al juez Sandí Chaverri, quien para ese momento trabajaba en Limón. A cambio del pago, el funcionario judicial debía cambiar la prisión preventiva por medidas cautelares menos severas.

Negociación con el juez

Las comunicaciones entre el abogado Ramírez y el juez establecieron las condiciones del acuerdo.

Ambas partes coordinaron el mecanismo para concretar el pago y los beneficios judiciales que recibiría el imputado, según la acusación.

El trato contemplaba que el dinero sería entregado en dos partes:

• $10.000 el día de la audiencia, en la que se resolvería el cambio de medidas cautelares.

• $5.000 adicionales una vez que la resolución quedara firme.

Como parte de las condiciones acordadas, el imputado sería beneficiado con varias medidas sustitutivas que le permitirían salir de prisión. El 10 de enero de 2024, Sandí Chaverri firmó la resolución judicial que modificó la situación del imputado.

Mediante esa decisión, el juez cambió la prisión preventiva por una serie de medidas cautelares previamente coordinadas.

Entre ellas:

• Monitoreo electrónico con restricción de movilidad dentro de la provincia de Limón.

• Mantener domicilio en una vivienda de Villa del Mar.

• Trabajar en un taller comercial de motocicletas.

• Firmar periódicamente ante la Fiscalía de Limón.

• Impedimento de salida del país.

• Presentar una caución real mediante una propiedad.

• Prohibición de ingresar a un inmueble específico vinculado al caso.

La resolución fue apelada posteriormente por el Ministerio Público.

Entrega del primer pago

Horas después de firmar la resolución judicial, el juez recibió el primer tracto del dinero acordado. Ese mismo día se le entregaron $10.000 en efectivo, como parte del soborno pactado.

El pago se realizó en cumplimiento del acuerdo previo entre el imputado, su abogado y el funcionario judicial. El resto del dinero fue cancelado semanas después.

Cuando la resolución quedó firme, Herrera Chacón envió los $5.000 restantes a su abogado defensor, quien posteriormente los entregó al juez. Con ese segundo pago se completó la suma total de $15.000 que el funcionario judicial habría recibido para favorecer al imputado.

Según la fiscalía, tras recibir el dinero el juez intentó ocultar el origen ilícito de los fondos. Para ello, habría utilizado el dinero para financiar la construcción de un apartamento en una vivienda familiar en Cieneguita, en el cantón central de Limón.

Las autoridades sostienen que la obra se utilizó como mecanismo para introducir el dinero al sistema financiero y disimular su procedencia.

El caso concluyó con un procedimiento abreviado, en el cual el exjuez aceptó los hechos atribuidos por la Fiscalía.

Tras reconocer su responsabilidad, Sandí Chaverri negoció con el Ministerio Público una pena de 14 años de prisión, sanción que fue posteriormente avalada por el tribunal.

La investigación reveló un esquema de corrupción judicial que permitió a un imputado por narcotráfico obtener beneficios procesales a cambio de dinero.

El expediente también tomó relevancia tras el asesinato del abogado Jorge Ramírez Salas, abogado de Tony Peña Russell alias "La T", quien actuó como intermediario en la negociación del soborno.