Parlamento disminuye tiempo de aprobación de leyes

(CRHoy.com).- Durante la legislatura 2019-2020 el Congreso redujo la cantidad promedio de días que tardaron en aprobarse los proyectos de ley en el periodo 1986-2020.

Según el informe Estado de la Nación 2020, mientras que en ese lapso las iniciativas de ley tardaron en promedio 576 días naturales en promedio en aprobarse, en la legislatura 2019-2020 el promedio de días se redujo a 470, esto a pesar de la integración multipartidista del Congreso y las debilidades del Poder Ejecutivo, que son caldo de cultivo para retrasos mayores en la dinámica legislativa.

Esas circunstancias, no obstante, no impidieron que durante el año legislativo anterior el promedio se redujera en más de 100 días. El resultado es aún más notorio cuando se compara la legislatura pasada con la primera del actual periodo constitucional, la del 2018-2019, cuando el promedio alcanzó los 618 días.

Los diputados lograron durante la pasada legislatura la duración más baja desde la legislatura 2003-2004 y la sexta menor de las 34 legislaturas que analizaron los investigadores del Estado de la Nación.

"Es decir, el trámite de una ley en la legislatura 2019-2020 se acortó a niveles de la época del bipartidismo, a pesar de que el Congreso actual es uno de los más divididos desde el punto de vista de los resultados electorales y de los efectos del transfuguismo", destacó el informe del 2020.

Razones del desempeño legislativo

Durante la legislatura anterior no solo se redujo el tiempo del caminar legislativo de los proyectos hasta su aprobación, sino que también se alcanzó la mayor productividad en la aprobación de leyes de los últimos 34 años. 

Ya en la legislatura trasanterior el Parlamento había alcanzado una elevada productividad, por lo que el resultado del periodo 2019-2020 vino a confirmar la mejoría en el desempeño legislativo.

La hipótesis que sugiere el Estado de la Nación para explicar el fenómeno es el debilitamiento de los actores con veto y la amenaza inminente de una crisis, este último factor relacionado con el golpe que la pandemia del COVID-19 le ha dado al país desde que empezó a afectarlo, en marzo.

En detalle, el informe determinó preliminarmente que los actores con capacidad de veto se han debilitado y que, al respaldar estos una iniciativa, existen mayores posibilidades de que esta sea aprobada.

Y salta a la vista que los actores políticos con poder de veto han variado recientemente en la política costarricense. Durante los gobiernos de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana (PUSC) que se han sucedido en el presente siglo, los actores con capacidad de veto fueron fracciones grandes en cantidad de miembros: las del Partido Acción Ciudadana (PAC), Movimiento Libertario y Frente Amplio.

"Con la llegada del PAC al poder en 2014 con posiciones ideológicas centristas, los veto players se reconfiguran: el Movimiento Libertario, el PLN y el PUSC siguen ejerciendo su rol, pero el Frente Amplio tiene posiciones más cercanas al nuevo oficialismo por afinidad programática.

"El cambio más notorio ocurre en 2018, con la continuidad del PAC en el Ejecutivo y con la irrupción de un nuevo veto player potencial: un partido confesional (Restauración Nacional) que gana la primera ronda electoral y se adueña de una bancada numerosa de 14 diputados y diputadas.

"Sin embargo, en esas circunstancias el Movimiento Libertario, el actor con capacidad más beligerante, desaparece del escenario y, al poco tiempo, la fracción de Restauración Nacional se divide lo que debilita su posición legislativa (…)", analizó el Estado de la Nación.

A esto se suma que los partidos PLN y PUSC que pudieron haber asumido el rol de actores con capacidad de veto no lo hicieron, entre otras razones, porque en el 2018 se habrían percatado de que bloquear las iniciativas del Poder Ejecutivo no conduce a una victoria electoral.

Además, el "gobierno de unidad nacional" que ensayó Carlos Alvarado, sumando a figuras con raíces en otros partidos políticos complicó todavía más adueñarse del papel del que veta.

Luego apareció la pandemia: "(…) El debilitamiento de los veto players en el Parlamento, los éxitos electorales sucesivos de un partido no tradicional (PAC) y la amenaza inminente de una crisis estructural, lograron contrarrestar los efectos negativos de la fragmentación y el debilitamiento de los partidos políticos sobre el funcionamiento del sistema político en 2018.2020", interpretó inicialmente el Estado de la Nación.

En este contexto de emergencia nacional en varios frentes, el sistema político costarricense respondió bien en términos generales para atender los efectos del golpe, según el informe, contrario a lo esperado en coyunturas críticas imprevistas como la actual.

La conclusión es que el Gobierno Central lideró una "activa respuesta" institucional a pesar de sus poderes limitados y que logró articular articular el aparato de la administración pública, mientras que la Asamblea Legislativa se adaptó a la difícil coyuntura, adoptando con rapidez disposiciones para poder continuar con su actividad, lo cual permitió que los legisladores siguieran produciendo leyes para atender la peligrosa situación actual, en otro ejemplo de colaboración entre los poderes de la República, aunque con resistencias al alza.