Han pasado poco más de dos meses desde el inicio del Gobierno y de la conformación del bloque democrático de oposición en el Congreso. ¿Qué balance hace del trabajo de esa alianza? ¿Ha cumplido con las expectativas?

Hemos sido bastante proactivos.

El bloque tiene como fundamento la defensa de los derechos fundamentales y, con ello, la defensa de la democracia como tal.

Es un bloque en el cual hay cuatro partidos y cada uno tiene sus propios pensamientos y posiciones. Hay puntos en los que hemos coincidido y otros en los que disentimos.

Pero el corazón del bloque es defender los derechos fundamentales de los costarricenses y en eso estamos totalmente unidos.

La relación entre el oficialismo y la oposición parece cada vez más deteriorada. ¿Todavía existe espacio para construir acuerdos con el Gobierno o ese puente ya está roto?

Con la bancada oficialista hemos tendido los puentes.

A veces, del otro lado han intentado quemarlos, pero nosotros volvemos a construirlos porque creemos que esa es la forma en que Costa Rica ha surgido como nación. Ha surgido desde el diálogo entre costarricenses para llegar a puntos intermedios.

Puedo pensar de una manera y usted de otra, pero llegamos a un punto intermedio y así hemos construido esta democracia.

Es una democracia que sí funciona en el sentido de que ha surgido de ese diálogo.

Con el Gobierno de la República el tema ha sido un poquito más complejo porque la puerta está cerrada y entonces es muy difícil un diálogo unilateral.

¿Qué quiere decir cuando dice que la puerta está cerrada?

Bueno, aquí está el viceministro de la Presidencia, Alejandro Barrantes, que es quien dialoga con nosotros, con la oposición.

Con el señor ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, hemos tenido una sola reunión que no fue precisamente cordial, pero que se mantuvo, de parte nuestra, dentro de los parámetros de respeto y reconocimiento de las posiciones que los costarricenses nos han asignado.

La presidenta Laura Fernández prometió impulsar una solución para el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), pero los proyectos no han sido convocados en sesiones extraordinarias. ¿Qué mensaje envía esa decisión?

Esa, como muchas otras, son promesas incumplidas de campaña.

En la reunión que tuvimos en Zapote, sede de la Presidencia de la República, nosotros tocamos el tema del ROP porque es una promesa de campaña de Liberación Nacional y nosotros pretendemos cumplir nuestras promesas.

Se nos pidió, por parte del Ejecutivo, que presentáramos criterios técnicos.

Ya tenemos un informe claro, preciso y macizo, redactado por economistas de la Universidad Nacional, sumamente serio, que señala que el ROP entregado de una forma gradual, en tractos, no tiene un impacto importante sobre la economía costarricense, que ya de paso va mal.

Como país vamos mal económicamente y estamos en una situación compleja, pero entregar el ROP en tractos no va a causar un desbalance en ese sentido.

Como médica, ¿considera que la estrategia de la CCSS para reducir las listas de espera va por el camino correcto o sigue atacando las consecuencias y no las causas del problema?

No he visto un camino correcto.

Ni siquiera he visto un camino para reducir las listas de espera en el cuatrienio anterior y menos en este.

Estamos sumamente preocupados, sobre todo por el tema de las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Hay un argumento espurio de que no se le paga a la Caja porque no se sabe cuánto se le debe. No, no sabemos cuánto se debe hasta más o menos junio de 2025.

Posteriormente, introdujeron un nuevo sistema operativo que no pudo asumir los otros sistemas operativos existentes y más bien bloqueó absolutamente el control que se tenía de la deuda.

Entonces, se dice desde el Poder Ejecutivo que no se honra la deuda porque no se sabe cuánto es.

¿Cómo le explicaría al asegurado cómo incide esta deuda con las listas de espera?

Es importante, porque para poder poner a disposición de los costarricenses los 400 EBAIS que hacen falta se requieren recursos.

Alguien me dijo una vez: "¿Por qué usted habla de EBAIS cuando habla de listas de espera?".

Es que controlar las listas de espera es controlar el primer nivel de atención.

Si el país no tiene un control sobre ese primer nivel de atención, nunca vamos a lograr controlar la lista de espera, por una razón muy simple: si usted es un costarricense que está en un EBAIS que, en lugar de atender a 3.000 costarricenses, atiende a 7.000, su atención se va a atrasar porque no logra sacar una cita a tiempo.

Es decir, el asegurado llega a consulta con un problema de salud que se desarrolló con el tiempo por no haber hecho un diagnóstico correcto y ahí comienza a complicarse todo.

Todo tiene una razón.

Nada tiene lógica aquí. Pareciera una estrategia para debilitar la institución y quiero decírselo así: nos parece que, en lugar de querer resolver el problema, más bien quieren ir debilitando la institución más importante que tenemos los costarricenses.

¿Qué reformas impulsaría usted para disminuir los tiempos de espera sin abrir la puerta a una privatización de los servicios?

Le propusimos al Gobierno de la República, en esa famosa reunión que tuvimos en Zapote, constituir una comisión mixta generada aquí desde la Asamblea Legislativa.

Porque esto es un problema nacional y entre todos lo podemos resolver.

No es una comisión para buscar quién es el culpable de nada. Eso no tiene sentido. Ahorita tenemos el problema entre las manos y hay que resolverlo.

Propusimos una comisión de soluciones, donde no solamente van a aportar soluciones la Asamblea Legislativa y la CCSS, sino también la sociedad civil, la medicina privada y los especialistas de las universidades públicas y privadas. Es decir, el país entero puede aportar.

¿Ante la falta y fuga de médicos especialistas en la CCSS, qué propone para solucionarla?

El tema de la fuga de médicos especialistas es multicausal, pero lo primero que hay que mencionar son dos leyes que fueron diseñadas para destruir el empleo público y, de paso, destruyeron el empleo dentro de la Caja. Me refiero a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la Ley Marco de Empleo Público.

La primera se aprobó para controlar el tema fiscal, pero más bien con ella vamos de pique. No mejoró nada, pero puso a un montón de gente en problemas gravísimos.

Hasta esta semana se está haciendo un primer aumento salarial en el sector público desde 2018, con excepción de los señores ministros del Gobierno anterior, a quienes sí les aumentaron generosamente el salario utilizando una ruta que es la que se le propuso a la Caja para tratar de evitar el desangramiento que estábamos sufriendo.

Esa ruta se llama ajuste técnico. Es una vía que sí se puede utilizar tanto con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas como con la Ley Marco de Empleo Público para ajustar los salarios al salario global establecido.

Había especialistas con 10 o 15 años de antigüedad ganando menos que muchachos que entraban el día anterior y que habían sido sus propios residentes, es decir, sus estudiantes de especialidad. Eso no se vale. La gente comenzó a frustrarse y, encima, no recibió un solo aumento desde 2018.

Eso fue aprovechado por el Instituto Nacional de Seguros y por las aseguradoras privadas para llevarse a los especialistas de la Caja, ofreciendo salarios que hasta triplicaban el salario que estaba recibiendo el especialista en la institución.

Hay que arreglar esas dos leyes. Sacar a la Caja de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y de la regla fiscal, porque la Caja es una institución totalmente autónoma que genera sus ingresos por los aportes de los costarricenses.

Además de sacar a la Caja de esa camisa de fuerza, el Estado, que es el principal deudor, debe empezar a pagar ya esos ¢5 billones de la deuda.

¿Cómo evalúa la política de seguridad y criminalidad de esta administración? Su provincia, Cartago, es un nuevo foco del narcotráfico y el crimen organizado?

Sí, Cartago, que era una de las provincias más tranquilas de Costa Rica, a partir de finales del año pasado y principios de este se volvió un centro de crimen organizado.

Esto no comenzó en este Gobierno. Esta es una continuidad de esa política errónea en la que ni siquiera podemos defender nuestra frontera.

No tenemos estrategias viables para combatir el narcotráfico en la Gran Área Metropolitana y menos en las costas.

Entonces, lo que les queda al Gobierno es echarle la culpa al Poder Judicial.

Nos mandaron un paquete de proyectos de ley que ya fue analizado por nuestros abogados aquí, a lo interno de la fracción de Liberación Nacional, y por el Colegio de Abogados. Ambas partes coincidieron en que los textos tienen sesgos y vicios de inconstitucionalidad.

Eso no lo podemos aprobar aquí.

La estrategia de seguridad que tenemos en este momento es una estrategia que anda totalmente perdida y desubicada.

En agosto inician las sesiones ordinarias, en las que ustedes, como diputados, van a tener un poco más de control sobre su agenda y sus prioridades. ¿Hacia dónde cree que deben dirigirse los esfuerzos de esta Asamblea Legislativa para responder a las demandas de los costarricenses?

Evidentemente, los esfuerzos deben orientarse hacia la seguridad. Es un tema urgentísimo de abordar.

Tenemos que generar un corpus legal que realmente les dé a los jueces las herramientas para poder enfrentar la ola de criminalidad.

Nuestro corpus legal está atrasado cuarenta años, cuando Costa Rica no tenía la menor idea de lo que era una ola de criminalidad provocada por el crimen organizado como la que tenemos en este momento.

En salud pública hay que resolver los problemas y el tema de la deuda del Estado con la Caja. Por eso era que nosotros proponíamos esta comisión mixta.

Se acerca la discusión del Presupuesto Ordinario de la República para 2027. ¿Cómo garantizar en esta discusión que los recortes no sigan afectando la inversión social?

Es un tema crucial.

No podemos cometer los errores que pasaron con el presupuesto extraordinario, que no se pudo votar básicamente porque primero se hizo una acción dentro de la Comisión de Hacendarios que riñe con el Reglamento Legislativo y, por tanto, hicimos la consulta a la Sala Constitucional.

Porque usted no puede venir con un presupuesto e intentar aquí, en el Congreso, cambiar renglones presupuestarios como quiera. Así no funciona.

Pero lo más grave es que se cambiaron esos renglones sacrificando el sector social. Sacrificando, por ejemplo, a los niños que van a un CEN-CINAI o a personas con discapacidad que necesitan esas ayudas.

¿Cómo es posible que usted ponga nuestro Estado social de derecho en una situación de ese nivel de complejidad?

Pero sí abre plazas el Gobierno en el Ministerio de Planificación. Plazas de hasta ¢1,5 millones o ¢2 millones de salario.

Yo me pregunto: ¿qué clase de manejo de la economía teníamos cuando en diciembre esta era una economía fuerte y todo estaba bien? Funcionábamos como un país desarrollado, según se nos dijo desde Casa Presidencial.

Pero resulta que en junio el Fondo Monetario Internacional viene a decirnos: "Señores, su economía está totalmente colapsada".

Aquí tiene que privar lo social sobre todo lo demás. Esto es como una casa: tenemos que hacer ajustes. Aquí parece que se les olvidaron las prioridades.

Con este Gobierno parece que un niño coma es menos importante que generar un puesto millonario en un ministerio. Es que esto no puede ser.

Pareciera que las soluciones pasan por más impuestos, según el discurso del Poder Ejecutivo. ¿Qué piensa de esta salida?

No, señor. Este país no requiere más impuestos.

Se requiere una mejor recaudación del montón de impuestos que ya tenemos.

Pero más bien sale el señor ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, a decirnos que van con impuestos a la canasta básica y el IVA.

Esto es lo más regresivo que usted puede tener desde el punto de vista del manejo presupuestario. Está atacando a las clases más desposeídas y a las personas que más necesitan ayuda.

De eso estamos hablando: de ponerle IVA a lo básico.

No puede ser que Costa Rica haya llegado a ese punto. Es impresionante.

Su mensaje final para su provincia, Cartago, y para los costarricenses en general acerca del trabajo de esta Asamblea Legislativa.

A los cartagineses les digo que vamos a apoyar al agro costarricense, que está sufriendo gravísimos problemas.

Esta es una situación vergonzosa para nosotros como un país de vocación totalmente agrícola. No puede ser que estemos pasando esta crisis.

A los costarricenses les digo que estamos aquí para defender sus derechos fundamentales y para proteger esta democracia.

No vamos a permitir, bajo ningún concepto, que se violen los derechos que le reconoce nuestra Constitución Política y nuestro marco legal.

Sepan que para eso estamos acá, fundamentalmente. Vamos a construir país y estamos tendiendo los puentes para construirlo. Esperamos una respuesta positiva del oficialismo.

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