¿Para qué funcionarios compraban incapacidades de 3 meses? Esto hacían con el tiempo

Al menos 22 funcionarios públicos al parecer llegaron a pagar montos de hasta ₡450 mil para conseguir incapacidades de hasta tres meses emitidas por un psiquiatra de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) llamado Alberto Mora Ávila, quien trabaja en el hospital Monseñor Sanabria en Puntarenas.

Este miércoles, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detuvieron al psiquiatra y además procesaron a dos de los supuestos cómplices que ayudaban a "vender" las extensas licencias médicas por ₡150 mil. 

No obstante, en este caso está pendiente el otro lado de las irregularidades. No solo se indagará a los empleados de salud que facilitaban las incapacidades a cambio de una recompensa, sino que las autoridades judiciales también tienen el ojo puesto sobre quiénes pagaban por ellas. 

Se trata de al menos, 18 empleados del Ministerio de Educación Pública (MEP), 3 más del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad Pública, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y una funcionaria judicial.

Fuentes policiales confirmaron a crhoy.com de forma preliminar, que en apariencia los funcionarios públicos tramitaban estas incapacidades para ausentarse de su plaza en el Estado y de esa forma, conseguir un segundo trabajo.

Otras de las razones para conseguir largas licencias laborales, en apariencia eran atender situaciones personales o procesos legales, no se descarta que incluso para realizar viajes.

Sin embargo, la investigación sobre estos "pacientes" continúa en curso, para determinar posibles responsabilidades penales y corroborar en qué usaban el tiempo, cuando continuaban recibiendo su remuneración o bien, evitaban perder su cargo fijo en la institución pública que les corresponde.

Las situaciones son muy variadas y no se descarta encontrar más incapacidades irregulares, según pudo conocer este medio de comunicación. Varios de ellos podrían haber incurrido en el delito de penalidad del corruptor, por ejemplo.

7 operativos

El psiquiatra Alberto Mora Ávila es imputado del delito de concusión y fue detenido por la Sección Anticorrupción del OIJ, tras la orden de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA). Es el principal implicado en este caso.

Otros 2 trabajadores del centro médico también son investigados: un emergenciólogo Carlos Solís Blanco y vecino de Esparza, quien habría pedido dádivas para referir a usuarios que consultaban por privado al psiquiatra, para que fueran atendidos en el servicio público de salud, específicamente en la especialidad de psiquiatría.

A ellos se suma un tercer imputado de apellido Ibrahain, era el encargado de otorgar citas a través de la plataforma EDUS. Al parecer se otorgaba las citas de los casos referidos en tiempo récord, para que fueran atendidas por Mora. Solo el psiquiatra será detenido, informó FAPTA.

En total, se realizaron 7 allanamientos que se condujeron en las casas de 2 de los 3 funcionarios del centro hospitalario, ubicadas en San Miguel de Barranca y El Roble en Puntarenas. En esa localidad también se registró el consultorio privado del psiquiatra Mora Ávila.

Sus lugares de trabajo en dicho hospital también fueron allanados, así como el Departamento de Tecnología de la Información de la Caja. En todos estos lugares donde se recopilará información y documentación importante para el caso.

Al parecer, para obtener las incapacidades, los funcionarios utilizaban 3 métodos diferentes. En el primer escenario, acudían al consultorio privado del psiquiatra de la Caja y allí los atendía su esposa, quien enviaba a los pacientes a emergencias del hospital Monseñor Sanabria para que el doctor especialista de emergencias, los remitiera al psiquiatra con una referencia.

La alternativa era acudir directamente a urgencias del centro médico porteño y buscar directamente al médico Solís Blanco, quien de nuevo, referenciaba a los pacientes al servicio de psiquiatría, pese a que no se registraba la consulta en el servicio de emergencias.

De forma más directa, había funcionarios que de una vez acudían a psiquiatría sin cita, donde en apariencia el encargado administrativo de apellido Ibrahain, les asignaba una consulta sin respetar la lista de espera.

Todo esto para conseguir una incapacidad, pese a que muchos pacientes no debían ser atendidos allí, porque no son vecinos de Puntarenas.