PANI solo trasladó 4 denuncias a Fiscalía de más de 1.500 alertas de relaciones impropias que recibió
Institución recibió en total 3.418 denuncias por violación de menores de edad
(CRHoy.com) El Patronato Nacional de la Infancia (PANI), a través del Centro de Orientación e Información (COI), solo envió 4 denuncias a la Fiscalía General de la República de las más de 1.500 alertas de relaciones impropias que recibió.
Así se evidencia en un informe en poder de este medio y facilitado por la oficina de prensa con el dato de un total de 1.536 denuncias recibidas ante ese centro de alertas durante el año pasado.
De acuerdo con la información, de ellas, 1.092 alertas ingresaron por medio del sistema de emergencias 9-1-1, mientras que 267 se hicieron a través de la línea adolescente madre 800-226-26-26.
La recepción de denuncias por este caso a través de los diferentes sistemas se distribuye de la siguiente manera:
La oficina de prensa destacó que el traspaso de esos 4 casos a la Fiscalía solo corresponden a las alertas ingresadas al COI y "los otros casos los interponen las oficinas locales".
Al cierre de esta nota, la institución no precisó la totalidad de las denuncias que trasladó al ente fiscalizador para la judicialización de ese delito de los cuales miles de menores de edad habrían sido víctimas.
Abusos sexuales
La mayor cantidad de denuncias recibidas por la institución durante el 2022 corresponden a abusos sexuales. En total, entre enero y diciembre de 2022, el PANI fue alertado por 3.418 casos de abusos de ese tipo en menores.
El dato sale a luz en medio de la intensa búsqueda que lideran las autoridades de seguridad para intentar dar con el paradero de la pequeña Keibril Amador García, de solo 9 meses de edad y quien fue raptada el pasado 9 de marzo de las propias manos de su madre, una adolescente de 13 años en Cervantes de Cartago.
Este lunes, Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el principal sospechoso por este caso, un sujeto de apellido Casasola Salas, dio positivo en la prueba de paternidad de la bebé desaparecida.
Por lo que ahora se le investiga no solo por sustracción, sino también por el delito de violación a menor de edad. De hecho, la hipótesis de las autoridades apunta a que el hombre raptó a la pequeña con la intención de evitar la prueba de paternidad que confirmaría la violación a la que sometió a su hijastra.
Cuestionamientos
Por este caso, el Patronato ha sido el blanco de los cuestionamientos por la manera en la que abordó a Keibril y su mamá de solo 13 años de edad, en medio del riesgo evidente y ante el embarazo adolescente.
Las autoridades del hospital Max Peralta de Cartago, donde la muchacha dio a luz, confirmaron que sí activaron el protocolo y alertaron al PANI, y fue esta misma institución la que autorizó el egreso de las menores del centro médico.
De acuerdo con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tras el egreso el centro médico sugirió un abordaje prioritario de las menores, para así garantizar su seguridad.
Mientras que desde el Ministerio de Educación Pública (MEP) hicieron la denuncia ante el PANI desde que la adolescente quedó embarazada. De esa manera lo confirmó Victor Hugo Orozco, director regional de Cartago.
¿Cómo debía actuar el PANI?
Sobre la pregunta de cómo abordó el PANI este caso, todavía no hay respuesta. Gloriana López Fuscaldo, jerarca de la institución y ministra de la Niñez y Adolescencia, evitó referirse al caso para -según dice- no interferir en el proceso judicial que se sigue ahora.
Para atender casos como este, la institución cuenta con un Modelo de Gestión de procesos Atencionales, que indica cómo debe clasificarse, asignarse y atenderse las denuncias, según su prioridad de atención.
Además, cuenta con protocolos de atención, los cuales tienen como fin normar el abordaje a realizar por parte de los funcionarios desde la recepción y valoración de la denuncia en la intervención de situaciones referidas constantemente, en la cual se brinda una especialización en la atención de la situación violatoria de derechos de acuerdo al área temática.
"Al tratarse de una situación de violencia sexual, el coordinador de la oficina local toma en cuenta la descripción de los hechos y, según los criterios de cronicidad, frecuencia e intensidad, así como la relación del ofensor con el menor de edad, la edad cronológica de la niña o el niño y otros criterios…
… además, de la guía de nivel de riesgo, procede a clasificar la denuncia y la asigna a una persona profesional para que proceda con la valoración e investigación de la misma", explicó la institución.
Según el protocolo institucional, una vez que se realiza la investigación preliminar y, de acuerdo a los resultados de la misma, el funcionario encargado debe tomar una decisión técnica de acuerdo a los hechos, por lo que, en caso de contar con la necesidad de proteger y separar al menor de su familia de origen, se procede a buscar recursos familiares de apoyo (familia extensa) o algún otro recurso comunal de confianza de la familia y el niño.
Esto para ser valorados por parte de la oficina local correspondiente, y ver si son aptos para ubicar al menor de edad, con lo que se dicta una medida cautelar de protección, ya sea de cuido provisional o de abrigo temporal, según la situación.
"Una vez dictada la medida de protección, la coordinación de la oficina local lo traslada al proceso de atención integral, en el cual el profesional encargadp, procede a realizar un plan de intervención y apoyo familiar, para trabajar con la persona menor de edad y su familia en aras de garantizar y restituir los derechos violentados de esa niña, niño o adolescente", añadieron.