PANI ha pagado ₡253 millones en salarios a funcionarios suspendidos hace 2 años
El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) ha pagado ₡253 millones en salarios a ocho funcionarios que llevan dos años suspendidos, mientras se les investiga por presuntas irregularidades en la tramitación de expedientes familiares de menores de edad.
El proceso se abrió en el 2024 por supuesta manipulación de la información familiar para disponer de su custodia de los niños.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señaló en ese momento que los hechos habrían ocurrido entre 2020 y 2022 y que, presuntamente, algunos funcionarios habrían incorporado información falsa en dictámenes técnicos.
"Por ejemplo, decían que las familias consumían drogas con el fin de excluir a la persona menor de edad de su núcleo familiar y trasladarla a un centro de cuido", indicó el entonces director general del OIJ, Randall Zúñiga.
Entre las situaciones investigadas se encuentran aparentes alteraciones en valoraciones sociales y psicológicas, así como posibles irregularidades en trámites relacionados con adopciones y medidas de protección.
La medida cautelar se mantiene mientras avanza el procedimiento administrativo, que todavía no cuenta con una resolución definitiva. La institución informó que el expediente se encuentra en la "etapa de instrucción" y que el siguiente paso será la realización de una audiencia oral y privada para recibir la prueba ofrecida por las partes.
Los funcionarios permanecen inhabilitados con goce salarial desde el 7 agosto de 2024.
PANI atribuye atraso a recursos e incidencias procesales
El PANI indicó que la audiencia oral y privada no ha podido realizarse debido a situaciones procesales justificadas.
Entre ellas mencionó incapacidades médicas de funcionarios investigados, coincidencias de agenda de sus representantes legales con otros procesos judiciales o administrativos, así como recursos, recusaciones, solicitudes de nulidad y una "amplia actividad probatoria".
Pese a que ya pasaron dos años de la investigación administrativa, lo cierto es que el Patronato desconoce cuándo se emitirá una resolución final.
"No existe un plazo específico para la emisión de una resolución definitiva. El procedimiento debe desarrollarse con estricto apego al debido proceso y a las garantías de defensa de todas las partes involucradas, lo que incluye la realización de las diligencias procesales requeridas por la normativa aplicable", respondió la institución.
El caso también incluyó una investigación penal por parte del Ministerio Público, en la que fueron señaladas funcionarios por los presuntos delitos de trata de personas en modalidad de adopción irregular, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes.
En agosto de 2024, el OIJ realizó seis allanamientos en instalaciones relacionadas con el PANI y otros sitios vinculados con la investigación. Durante esos operativos fueron detenidas cinco personas, quienes posteriormente quedaron a disposición del Ministerio Público.