Pago de acreedores impiden a Hacienda entregar ¢81 mil millones

(CRHoy.com) El ministro de Hacienda Nogui Acosta explicó a los diputados que en estos momentos le es imposible entregar ¢81.139 millones que se asignaron en el Presupuesto Nacional del 2023 a distintas instituciones del sector social.

El jerarca fue convocado a la Comisión de Asuntos Hacendarios para que explique los motivos de mantener estos recursos.

Acosta señaló que es su responsabilidad el uso eficiente de los recursos públicos y mantener la rectoría de la administración financiera.

Sentenció el ministro que pese a que los recursos fueron asignados por los diputados en el presupuesto, no existe una obligación para su ejecución, ya que el presupuesto no es una autorización de gasto.

Mencionó que para poder girar esa plata, se debe tomar en cuenta la realidad económica del país.

"Hay factores que establecen que los dineros no se pueden ejecutar en ese momento", comentó el ministro

Dijo que entregar esos recursos hoy "pone en riesgo el pago ineludible del país con sus acreedores".

Además, Acosta explicó que hay factores externos e internos como la inflación, las tasas de interés y el tipo de cambio que afectan la realidad económica del Gobierno.

Sumado a que ejecutar estos recursos ponen en riesgo las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Uno de los principales elementos es el pago de intereses que debe hacer Hacienda.

En enero, el pago de intereses de la deuda llegó al monto más alto en los últimos 18 años.

Llegando a un monto de ¢192.406 millones, el pago de la deuda pública representó a enero del 2023, el 25% de los gastos totales del Gobierno.

"Si no tenemos certeza de que los recursos se van a requerir en el pago de intereses no se van a girar", enfatizó.

Molestia

Varios legisladores reaccionaron con molestia ante las palabras de Acosta y sus explicaciones.

Insistieron que el gobierno tiene una responsabilidad económica pero también social.

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Paulina Ramírez calificó como absoluta falta de compromiso del Gobierno con el financiamiento de programas sociales la decisión de Hacienda.

"El gobierno de Rodrigo Chaves se muestra insensible ante la necesidad de poblaciones vulnerables, en riesgo social y en condición de pobreza, que son aquellas a quienes van dirigidos los recursos aprobados en la Comisión Hacendarios y que están reteniendo", manifestó.

Ramírez refutó las cifras sobre la partida de intereses. De acuerdo con la legisladora, el monto para el pago de los intereses de la deuda podría estar sobreestimado en ¢333.115 millones, lo anterior si se toma en cuenta el monto presupuestado de ¢2,4 billones, mientras el monto proyectado de vencimientos para este año estaba en setiembre de 2022 en ¢2,1 billones. Para enero de 2023, esa diferencia se ensanchó ¢5.876 millones.

El diputado de Nueva República (PNR) Pablo Sibaja insistió que el Gobierno sí tiene plata, pero que no la quiere dar.

El frenteamplista Jonathan Acuña señaló a Acosta que el Gobierno tiene una responsabilidad de girar los recursos y puso como ejemplo los ¢26 mil millones que no se quieren entregar a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y se cuestionó si no es el Gobierno el que quiere quebrar la Caja.

El también verdiblanco Gilberth Jiménez le dijo a Acosta que él era un irreverente y que estaba irrespetando la decisión de los legisladores.

La también verdiblanca Sonia Rojas calificó si la actitud de Acosta se debía a un revanchismo político, lo que el ministro rechazó.

El jerarca insistió que su responsabilidad es mantener el equilibrio y agregó que muchas veces "las decisiones que se toman con carácter político no significan necesariamente eficiencia" y que además tienen que tener un carácter técnico.

Acosta explicó que será hasta el mes de septiembre cuando se podrá saber cómo se comportó el rubro de pago de intereses para tener un panorama más claro si estos recursos se pueden entregar.

¿Qué no quiere pagar Hacienda?

Hacienda le niega a las asociaciones de desarrollo de todo el país ¢10.000 millones para atender proyectos comunales y ¢9.802 millones a las municipalidades para que puedan arreglar caminos y puentes.

No gira al BANHVI ¢10.000 millones para solucionar problemas de vivienda.

A la atención de adultos mayores se le girarán ¢500 millones menos que Hacienda le niega a CONAPAM.

Mientras que le niega ¢26.178 millones a la Caja para que pueda financiar programas de salud y enfermedad.

Se rehúsa a entregar ¢6.393 millones para que el Poder Judicial le pueda hacer frente al funcionamiento de la nueva jurisdicción contra el crimen organizado y otras necesidades y ¢4.224 millones al Programa Nacional de Informática Educativa que lleva adelante la Fundación Omar Dengo.

Tampoco quiere entregar ¢426 millones a las personas con discapacidad al no girar recursos para CONAPDIS y ¢1.000 millones a programas que buscan generar empleo como PRONAE y EMPLEATE.