Otto Guevara condenado a tres años de cárcel
Tribunal le concedió el beneficio de ejecución condicional de la pena, por lo que no irá a prisión
Juicio contra Otto Guevara
(CRHoy.com) El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública impuso este miércoles 3 años de cárcel y 6 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos a Otto Guevara Guth, por omitir su participación en una sociedad en Islas Vírgenes Británicas en las cuatro declaraciones de bienes de su más reciente periodo como diputado (2014-2018).
A criterio del juez Freddy Calderón Chaves, el 4 veces candidato presidencial del Partido Movimiento Libertario (PML) y actual aspirante a congresista del Partido Unión Liberal (PUL) es responsable de excluir información de su reporte a la Contraloría General de la República (CGR).
Lo anterior motivó la condena del exlegislador, contra el que la Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República pedía 3 años de cárcel y 9 años de inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargos públicos por cuatro cargos de presunta falsedad en declaración.
Guevara Guth además deberá resarcir un daño social calculado en ₡10 millones que le eran reclamados por la Procuraduría General de la República (PGR).
A criterio del órgano jurisdiccional, el aspirante debió declarar su participación como director y dueño del capital accionario de la empresa AS-LAT Traiding Corporation así como una cuenta en el banco HSBC en Hong Kong.
El Ministerio Público determinó el faltante de esa información a partir de pruebas recabadas en un allanamiento relacionado al caso del cemento chino, con las que se determinó que en las 4 declaraciones presentadas cada año por el imputado -en apariencia- no se declaró la existencia de la sociedad.
Los diputados, al igual que el presidente, ministros y magistrados, entre otros cargos públicos, deben presentar declaraciones juradas de bienes anuales por mandato de los artículos 21-36 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. En el caso del exlegislador, las mismas debían hacerse entre el 1º de mayo de 2014 y el 30 de abril de 2018.
El numeral 46 de dicha normativa prevé entre seis meses y un año de cárcel para quien incurra en falsedad, simulación o encubrimiento al realizar su reporte ante el órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa.