Oro ilegal, trochas en bosque protegido y miedo: finqueros denuncian avance criminal cerca del río San Juan
OIJ investiga el homicidio de nicaragüense al que le cortaron las manos, le dieron un tiro de gracia en la cabeza y lo quemaron cuando estaba en un rancho utilizado por extranjeros que llegan desde la zona de Indio Maíz, en Nicaragua, para extraer oro en Conchuditas y Crucitas
Una de las zonas impactadas por la minería ilegal en la frontera norte. CRH
Río San Juan, Frontera Norte. La expansión de la minería ilegal de oro en la zona norte del país, cerca de la frontera con Nicaragua, no solo provoca daños ambientales en áreas protegidas cercanas al río San Juan. También, genera temor entre dueños de fincas que denuncian la presencia de organizaciones criminales que, según afirman, ocuparon terrenos, abrieron caminos clandestinos y operan con violencia.
Productores y dueños de propiedades ubicadas en las cercanías del cerro Conchuditas —donde este medio documentó actividades de extracción ilegal de oro— aseguran que la situación escaló al punto de que muchos ya no se atreven a visitar sus propios terrenos.
Las denuncias fueron planteadas formalmente ante el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y la Fiscalía por la tala de árboles protegidos y la ocupación ilegal de terrenos.
Según relataron los afectados, en los últimos meses detectaron que grupos vinculados con la minería ilegal están abriendo trochas dentro de zonas boscosas, derribando árboles de especies vedadas, como almendro y arenillo, para facilitar el acceso de coligalleros y maquinaria artesanal utilizada en la extracción de oro.
"Están tumbando árboles que tienen décadas, árboles protegidos. Los cortan para abrir caminos hacia las zonas donde están sacando oro", aseguró uno de los propietarios afectados por medio de su abogado.
Parcelamiento de fincas privadas
Los denunciantes aseguran que las organizaciones dedicadas a la minería ilegal no solo están penetrando áreas protegidas, sino que también ingresan a propiedades privadas.
Según explicaron, algunas fincas han sido parceladas de facto por estos grupos, que instalan campamentos improvisados o ranchos para albergar a los trabajadores que participan en la extracción del mineral.
"Han hecho caminos dentro de fincas privadas y se están quedando ahí. Es gente que llega, levanta un rancho y se instala. Los dueños ni siquiera pueden entrar porque no saben con qué se van a encontrar", relató el abogado, quien pidió el anonimato.
El temor provocó que propietarios eviten visitar sus terrenos, ubicados en zonas de difícil acceso cercanas a la frontera con Nicaragua.
De acuerdo con los testimonios recogidos por este medio, muchos de los trabajadores que participan en estas actividades serían coligalleros provenientes de la reserva biológica Indio Maíz, en Nicaragua.
Según los denunciantes, estos grupos cruzan la frontera para ingresar a las zonas boscosas del lado costarricense, donde permanecen por periodos prolongados realizando actividades de minería artesanal.
Los finqueros aseguran que, en algunos casos, los trabajadores se hospedan en ranchos improvisados ubicados dentro de propiedades privadas o cerca de los sitios de extracción.
Un homicidio que aumentó el temor
El temor entre los propietarios se intensificó tras un hecho violento ocurrido en julio de 2025 en las cercanías de la zona donde actualmente se reportan las actividades de extracción ilegal de oro.
En esa ocasión, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de extrema violencia. Según relataron los finqueros, la víctima tenía las manos amputadas y presentaba un disparo en la cabeza.
De acuerdo con versiones que circulan entre los habitantes de la zona y confirmadas por fuentes judiciales, el fallecido sería un ciudadano nicaragüense que se encontraba cuidando un rancho cercano a un punto utilizado por coligalleros que ingresaban a trabajar en la extracción de oro. El caso fue asumido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos que lo mantiene como una muerte en investigación.
Debido a las condiciones del lugar —una zona remota, de difícil acceso y con escasa presencia de vecinos— las autoridades enfrentaron complicaciones para recolectar información que permita esclarecer lo ocurrido.
Hasta el momento, el OIJ ha manejado el caso como un hecho aislado y no ha logrado establecer mayores detalles sobre los responsables o las circunstancias del crimen.
Señales de presencia criminal
Para los propietarios de fincas, sin embargo, ese hecho violento es una señal clara de que grupos criminales están operando en la zona.
"Eso no es un hecho aislado. Es lo que pasa cuando estas organizaciones se instalan en lugares donde no hay presencia del Estado", afirmó uno de los denunciantes.
Los finqueros aseguran que la combinación de minería ilegal, tala de árboles protegidos, ocupación de terrenos privados y hechos violentos ha convertido el área en un territorio donde cada vez es más difícil ejercer control.
Ante la situación, algunos propietarios decidieron presentar denuncias formales ante el Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio Público.
Las gestiones buscan que las autoridades investiguen la tala de especies vedadas y la presunta usurpación de terrenos privados por parte de personas vinculadas con la extracción ilegal de oro.
También solicitan que se refuercen los operativos de vigilancia en la zona para evitar que continúe la apertura de caminos clandestinos y la destrucción de áreas boscosas.
Los denunciantes aseguran que la situación se ha agravado en los últimos meses, en paralelo con el aumento de las actividades de minería ilegal detectadas en la región.
El director del OIJ, Michael Soto Rojas, ha advertido que detrás de la extracción ilegal de oro en la frontera norte operan estructuras criminales que financian a los coligalleros.
Según explicó el jerarca en reportajes publicados por CR Hoy, la policía judicial tiene indicios de que estas organizaciones pagan a grupos de trabajadores para que extraigan el material y luego trasladarlo fuera del país.
"Pareciera ser que hay estructuras criminales que contratan a estas personas para que hagan la labor de extracción del residuo o amalgama y hacer la extracción del oro en otro lugar", explicó Soto.
El director del OIJ también confirmó que el material extraído ilegalmente es movilizado hacia Nicaragua, donde posteriormente es procesado mediante químicos para obtener el metal precioso.
Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, ha señalado que la actividad minera ilegal en la zona evolucionó de prácticas artesanales a operaciones con técnicas más sofisticadas vinculadas al crimen organizado.
"Pasamos de minería artesanal hace 10 años para extracción de pequeñas cantidades por persona, a la incursión del crimen organizado que contrató gente especializada para sacar la mayor cantidad posible", explicó el jerarca.
El ministro también indicó que en algunos puntos los grupos ilegales han construido túneles de más de 60 metros dentro de la montaña para alcanzar las vetas de oro, lo que evidencia el nivel de organización de estas estructuras. Insistió, que en la zona hay trata de personas, tráfico de armas, de drogas y es paso de dinero en efectivo.
El director de la policía judicial también ha reconocido que las autoridades no descartan la posible colaboración de funcionarios públicos con las estructuras criminales que operan en la minería ilegal de la zona norte. El jerarca señaló en declaraciones a CR Hoy que las investigaciones contemplan la posibilidad de que algunos miembros de cuerpos policiales o instituciones faciliten información o apoyo logístico a estas organizaciones dedicadas a la extracción clandestina de oro.
Las advertencias del director del OIJ se producen en medio de un antecedente reciente: días atrás la propia policía judicial detuvo a un oficial de la Fuerza Pública sospechoso de colaborar con grupos vinculados a estas actividades ilegales. Para los investigadores, este tipo de casos evidencia el interés de las organizaciones criminales por infiltrarse o establecer vínculos con funcionarios que puedan facilitar el movimiento de personas, maquinaria o material extraído en zonas cercanas a la frontera con Nicaragua.
Los reportajes publicados recientemente por CR Hoy evidenciaron la existencia de puntos de extracción ilegal de oro en el sector de cerro Conchuditas, donde grupos de coligalleros han abierto claros dentro del bosque para remover tierra y sedimentos en busca del mineral.
Estas actividades no solo implican la remoción de suelo y la alteración de cauces naturales, sino también la tala de árboles y la apertura de caminos improvisados que permiten el ingreso de más personas a zonas que anteriormente permanecían intactas.
Expertos han advertido que la expansión de este tipo de minería artesanal puede provocar graves daños a los ecosistemas, especialmente en regiones cercanas a áreas protegidas y corredores biológicos.
Toda esta situación ha sido comprobada no solo por patrullas de cuerpos policiales especializados de la Fuerza Pública que han ingresado a la zona, también por finqueros que en días pasados intentaron llegar hasta sus propiedades con representantes legales y custodiados por oficiales de seguridad privada.
