Orlando Aguirre presenta recurso para revertir recortes al Poder Judicial
Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia. (CRH).
El magistrado Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, presentó un recurso de revocatoria ante el Ministerio de Hacienda para revertir los recortes presupuestarios al Poder Judicial.
La acción, mediante la cual impugna los actos administrativos que ordenan las reducciones presupuestarias, fue planteada el pasado martes ante la Dirección General de Presupuesto Nacional y la Dirección de Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda.
Aguirre argumenta que las disposiciones emitidas por la Dirección General de Presupuesto Nacional y la Tesorería Nacional imponen un tope del 90% a las cuotas de gasto del tercer y del cuarto trimestre del ejercicio económico de 2026, lo que representa una retención del 10 % de los recursos operativos del Poder Judicial.
Sostiene que el Ministerio de Hacienda no tiene la competencia constitucional ni legal para modificar, mediante circulares administrativas, la Ley de Presupuesto para este año, aprobada por la Asamblea Legislativa.
En ese sentido, señala que cualquier modificación o recorte al presupuesto vigente debe realizarse mediante un proyecto de ley de presupuesto extraordinario, respetando la consulta preceptiva a la Corte Plena y la aprobación por mayoría calificada de 38 votos.
El magistrado también expone los siguientes argumentos:
- Los actos administrativos impugnados incurren en una flagrante y grave violación de los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, menoscabando la independencia funcional y financiera del Poder Judicial.
- Las afectaciones impuestas por el Ministerio de Hacienda no constituyen meramente un conflicto contable entre instituciones del Estado.
- La reducción del 10% en las cuotas presupuestarias del tercer y cuarto trimestre del año impacta directamente el núcleo esencial de la seguridad nacional, el orden constitucional y los derechos fundamentales de las personas usuarias, convirtiendo el ajuste fiscal en un factor de vulnerabilidad social e institucional.
"Los actos administrativos cuestionados carecen de fundamentación respecto del porcentaje de reducción de la cuota indicada. Tampoco se indica el motivo por el cual se opta por efectuarla, a pesar de las necesidades institucionales existentes y del interés público subyacente", alega Aguirre en el documento.
Asimismo, manifiesta que, lejos de tutelar el interés público, los actos impugnados lo lesionan de manera irreparable.
"El interés público supremo en una democracia radica en garantizar una justicia pronta, cumplida, eficiente y accesible, así como la seguridad ciudadana mediante un Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dotado de los medios mínimos indispensables. El recorte presupuestario de más de ¢3.000 millones adicionales compromete la continuidad de servicios críticos, tales como el mantenimiento de infraestructura en zonas vulnerables, los peritajes forenses, el levantamiento de pruebas, la atención de víctimas, el transporte institucional y la celebración misma de juicios y audiencias, generando un riesgo latente de paralización de la justicia y de denegación de derechos fundamentales a la ciudadanía", agrega.
Desviación de poder
El magistrado denuncia que las acciones de Hacienda constituyen una desviación de poder, pues son utilizadas con un fin distinto del previsto por el ordenamiento jurídico.
"Las medidas de restricción presupuestaria y los recortes sistemáticos impuestos al Poder Judicial operan, en la práctica, como un mecanismo de presión económica indebida destinado a socavar la autonomía financiera y funcional del Poder Judicial, buscando condicionar, limitar o neutralizar su labor contralora y jurisdiccional, lo cual resulta intolerable en un Estado constitucional de derecho", señala.
Además, sostiene que estas medidas afectan directamente la independencia judicial, la separación de poderes y los derechos fundamentales de las personas costarricenses, conforme al derecho de la Constitución.