Organizaciones y familias cuestionan reforma a la Ley de Reparación para sobrevivientes de femicidio

La Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres y el Colectivo de Familias Sobreviviendo al Femicidio manifestaron su oposición a la reforma que se tramita en la Asamblea Legislativa al amparo del expediente 24.303, la cual plantea modificaciones a la Ley de Reparación Integral para Personas Sobrevivientes de Femicidio (Ley N.° 10.262).

Las organizaciones consideran que los cambios propuestos representan un retroceso en los derechos de las familias sobrevivientes y podrían debilitar el Fondo de Reparación creado por la normativa.

La Ley N.° 10.262 fue aprobada en el 2022 con el objetivo de garantizar apoyo económico y acompañamiento integral a hijos y otras personas dependientes de víctimas de femicidio, mediante la creación de un Fondo de Reparación administrado por el Estado.

No obstante, las agrupaciones denunciaron que, hasta el momento, ninguna familia ha recibido recursos de dicho fondo, ya que el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) no ha emitido la reglamentación necesaria para su aplicación.

Críticas a las reformas propuestas

Las organizaciones, representadas por sus presidentes, Sylvia Meza y Óscar Morera, cuestionan que las modificaciones impulsadas por la diputada Daniela Rojas afectarían la efectividad de la normativa vigente. Entre los puntos señalados destacan:

– Financiamiento: Aseguran que se pretende eliminar la fuente de recursos asignada al Fondo de Reparación, lo que convertiría el beneficio en una ayuda única, sin sostenibilidad ni garantías de continuidad.

– Trámites: Indican que la reforma obligaría a las víctimas a iniciar por cuenta propia el proceso para acceder al régimen de reparación, en lugar de que el Estado actúe de oficio.

– Cobertura: Afirman que se excluiría como beneficiarias a adultos mayores y a familiares que dependían económicamente de la mujer asesinada.

– Sostenibilidad financiera: También advierten que la eventual inclusión de sobrevivientes de tentativas de femicidio, sin una asignación presupuestaria adicional, podría comprometer la viabilidad del fondo.

"Se eliminaría el espíritu de la ley"

Xavier Aguilar, miembro del Colectivo de Familias Sobreviviendo al Femicidio, aseguró a CR Hoy que la eventual aprobación de las reformas implicaría un retroceso significativo.

Aguilar es hermano de Fernanda Sánchez y tío de Raisha Ríos, ambas víctimas de femicidio en 2020 en San Pablo de León Cortés. Según recordó, ellas fueron asesinadas por el esposo y el papá, respectivamente, el 30 de julio de 2020.

"Esta ley tiene cuatro años de estar oficialmente vigente. Se aprobó en mayo de 2022 y, hasta la fecha, no se aplica en su totalidad. Un retroceso con las nuevas reformas implicaría eliminar prácticamente el espíritu de la ley", afirmó.

A su criterio, uno de los puntos más sensibles es el Fondo de Reparación dirigido a familias sobrevivientes, particularmente a hijos e hijas en condición de orfandad.

"Al eliminar fondos y convertirlos en un pago único, se deja sin reparación a los hijos sobrevivientes hasta los 18 años", señaló.

Además, advirtió que las modificaciones podrían afectar derechos ya reconocidos, como la atención prioritaria en servicios de psicología, el acompañamiento del INAMU, la atención en el Ministerio de Educación Pública (MEP) para menores sobrevivientes y la asistencia en el sistema de salud, entre otros apoyos institucionales.

"Al eliminar la atención y los principios básicos que rigen actualmente la ley, dejarían a las familias sin atención psicológica, sin atención inmediata a posibles bonos de vivienda y otros apoyos. Se vendría a retroceder definitivamente lo que es el espíritu de la ley y se dejaría nuevamente a las familias solo con planes asistenciales", manifestó.

Aguilar insistió en que la normativa no debe entenderse como un "mecanismo de asistencialismo", sino como una ley con enfoque de derechos humanos.

"No se habla solamente de una red asistencial, que ya existe para otras familias en condición de pobreza, sino de una ley que tiene que ver con un espíritu de derechos humanos", concluyó.

Según datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres del Poder Judicial, con corte al 13 de febrero, Costa Rica registra ocho femicidios en lo que va de 2026.

San José, Puntarenas y Alajuela contabilizan dos casos cada una, mientras que Guanacaste y Cartago registran uno cada provincia.

La víctima más joven tenía 24 años y la de mayor edad, 79. En 2025, el país cerró con 33 femicidios, según los registros oficiales.