Organizaciones cuestionan exclusión de anticoncepción de emergencia para atender a víctimas de violación
La Fundación Paniamor, dos asociaciones médicas y el Movimiento Balance cuestionaron la decisión de la Comisión de la Mujer de excluir la anticoncepción de emergencia del proyecto de ley que busca fortalecer la atención a víctimas de violación sexual.
Las organizaciones pidieron que las decisiones legislativas respondan a la evidencia científica y advirtieron sobre el riesgo de imponer nuevas barreras a mujeres, niñas y adolescentes que sufrieron una agresión sexual.
El Protocolo de las 72 Horas vigente en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) mantiene la valoración y prescripción de este medicamento para víctimas de violación, según aclaró el Movimiento Balance.
Paniamor, la Asociación de Obstetricia y Ginecología de Costa Rica y la Asociación Costarricense de Pediatría señalaron que excluir de una garantía legal una atención que ya contemplan los protocolos nacionales representa un riesgo de retroceso en la protección de derechos.
Las tres organizaciones solicitaron a la Asamblea Legislativa que incorpore expresamente la anticoncepción de emergencia como parte de la atención integral a las víctimas.
También rechazaron que se exija una prueba de embarazo antes de prescribir el medicamento, pues consideran que ese requisito puede retrasar el acceso.
Por su parte, Balance indicó que existe la posibilidad de reconsiderar la incorporación de la anticoncepción de emergencia durante el trámite legislativo, pero condicionada a una prueba previa de embarazo. Esa propuesta todavía no constituye una modificación aprobada, precisó.
El movimiento advirtió que imponer esa condición podría generar una nueva forma de victimización, al añadir cargas a quienes ya sufrieron una agresión sexual.
Las organizaciones citaron la posición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el mecanismo de acción de las píldoras de emergencia: impiden o retrasan la ovulación y no interrumpen un embarazo establecido, por lo que no son abortivas.
Balance añadió que, según la OMS, estas píldoras pueden utilizarse dentro de los cinco días posteriores a una relación sexual sin protección, aunque su eficacia aumenta cuanto antes se administren.
Las asociaciones médicas y Paniamor destacaron que la administración oportuna del medicamento, con información adecuada y consentimiento informado, forma parte de una respuesta integral ante la violencia sexual.
Además, sostuvieron que los compromisos internacionales de Costa Rica obligan al Estado a garantizar servicios de salud oportunos, seguros y basados en evidencia para las víctimas. En el caso de niñas y adolescentes, recordaron que el Código de la Niñez y la Adolescencia exige priorizar su bienestar, salud, dignidad y protección.
Las tres organizaciones ofrecieron presentar a la Comisión el respaldo científico disponible para orientar la discusión del proyecto.
Balance, a su vez, reconoció la libertad religiosa, de conciencia y de pensamiento como derechos fundamentales. Sin embargo, pidió a las integrantes de la Comisión armonizar esas libertades con la protección del derecho a la salud y la atención médica oportuna de las víctimas.