Orden de Contraloría sobre escáneres queda en firme tras retiro de recurso por parte del gobierno

Rodrigo Chaves, Presidente de la República y Víctor Carvajal, Ministro del MAG. Anteriormente, fue presidente del CNP. Foto: Casa Presidencial

La decisión del gobierno de retirar el recurso contra la resolución de la Contraloría General de la República (CGR), que frenó el proceso de adquisición de escáneres antidrogas por parte de la empresa estatal Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa), dejó en firme el señalamiento del ente contralor.

El Poder Ejecutivo pretendía adquirir los escáneres por la vía de la excepción mediante una alianza estratégica entre Racsa y el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), pero el 20 de diciembre pasado la CGR ordenó frenar el proceso licitatorio aduciendo que el esquema escogido por la Administración Chaves Robles (2022-2026) no cumplía con los presupuestos legales para dicho fin.

Días después, el SFE presentó el recurso de apelación en subsidio que fue retirado, por decisión propia del gobierno, este martes 30 de enero.

¿Por qué lo retiró? Marta Acosta, Contralora General de la República, advirtió que mientras el reclamo estuviera en curso no se podría discutir el tema en la reunión prevista con Rodrigo Chaves, presidente de la República.

Así las cosas, para discutir el asunto de los escáneres en la reunión que los jerarcas sostendrán este 1° de febrero, el Poder Ejecutivo procedió a desistir del recurso. Sin embargo, automáticamente, esta gestión se tradujo en dar firmeza al acto de la CGR.

"Sobre lo consultado se confirma que el Director del Servicio Fitosanitario del Estado (Nelson Morera Paniagua) presentó desistimiento del recurso de revocatoria con apelación en contra de la Orden Nro. DFOE-DEC-ORD-00014-2023, incorporada en el oficio Nro. DFOE-DEC-3207(18745)-2023 del 20 de diciembre de 2023. En razón de lo anterior, dicho acto queda en firme. En esa línea la CGR continuará la fase de seguimiento", dijo la Unidad de Denuncias Ciudadanas de la CGR, a través de un correo electrónico.

¿Cuáles fueron las razones que llevaron a la entidad fiscalizadora a tomar esa decisión?

Rafael Picado, gerente del Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana, aclaró el 21 de diciembre pasado que la CGR "entiende la importancia que tiene para el país la adquisición de los escáneres y su impacto en la seguridad ciudadana". "Sin embargo, hacerlo de manera improvisada, poco transparente e incorporando a terceros de manera directa no contribuye a ese fin. Todo lo contrario. Genera diversos riesgos. De ahí que de manera firme se solicitó el respeto al marco legal vigente", dijo.

El funcionario mencionó que, desde el 13 de junio anterior, la CGR señaló a las instituciones involucradas riesgos importantes en el procedimiento que el Gobierno pretendía seguir para la adquisición de esos dispositivos.

En primer lugar, la entidad fiscalizadora indicó que por medio de un decreto ejecutivo no se podía adjudicar a dedo el servicio de inspección no intrusiva y se debía respetar la Ley General de Contratación Pública, así como los principios constitucionales de contratación.

"No obstante, más allá de las aludidas interpretaciones, se determinaron conductas contrarias a lo advertido, lo cual representa un riesgo para el buen uso de los fondos públicos y, por lo tanto, se emitió la orden por parte de la Contraloría General para evitar que se evadan los procedimientos de contratación pertinente", afirmó Picado.

Explicó que el uso de la figura de la excepción, que pretendía hacer el Gobierno, para la contratación entre entes de derecho público, parte del supuesto de que el ente público puede brindar el servicio él mismo. Pero esto jurídicamente es incompatible con la figura de la alianza estratégica.

"Las excepciones a los procedimientos ordinarios de contratación nunca pueden ser utilizadas como un mecanismo para la contratación directa de terceros a espaldas de los procedimientos de contratación pública", señaló.

Por lo tanto, se cometieron yerros graves en el procedimiento cuestionado, como los siguientes:

• La ausencia de un estudio de mercado que garantice el mejor uso de los fondos públicos.
• Todas las instituciones vinculadas al sistema de inspección no intrusiva tenían conocimiento de lo advertido y tuvieron el tiempo suficiente para acudir a los procedimientos de contratación respectivos.

"Rechazamos de forma categórica cualquier insinuación mal intencionada y espuria respecto a las intenciones de la CGR que lo que pretende es el respeto al marco jurídico vigente", concluyó Picado, en esa oportunidad.