Operadora de pensiones de la CCSS quería contratar bajo trámite confidencial a mutuales
Adujo protección de la información de costos por estar en un mercado abierto
(CRHOY.com).- La Operadora de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (OPC-CCSS) quería contratar a dos mutuales, Grupo Mutual Alajuela y la Mutual Cartago (Mucap), para que se hicieran cargo de los servicios de gestión administrativa y trámite de retiro del Fondo de Capitalización Laboral (FCL), aduciendo ante la Contraloría General de la República (CGR) que el proceso fuera declarado confidencial.
Sin embargo, el ente contralor no solo le negó la posibilidad de hacer una contratación directa, sino que también no acogió la solicitud de confidencialidad.
¿Qué solicitaba la OPC?
La Operadora de Pensiones le indicó a la CCSS que desde el 2015 el nivel de desempleo, en el país, ha venido en aumento y eso incrementa una gran cantidad de trámites de retiros que realizan los afiliados al fondo.
Señalaron que solamente cuenta con oficinas centrales en San Pedro, en las oficinas de la CCSS, en San José centro, y dos más, unipersonales, en Quepos y Guápiles.
Y ante esto buscaba contratar a Grupo Mutual Alajuela y la Mutual Cartago (Mucap) por la cantidad de sucursales de estas entidades y esto le daría acceso a una cobertura nacional.
Dentro de los datos que quería que fueran confidenciales estaban los términos los costos de la contratación y la negociación con estas dos mutuales.
Esta es la información que se quería "proteger": "El monto a cancelar sería de ¢2.600 por cada trámite de retiro a la Mutual Alajuela y un monto de ¢2.000 por cada trámite de retiro a la Mucap, montos que la Administración estima razonables. Es decir, la contratación será bajo la modalidad entrega según demanda y se pretende por un plazo de un año con posibilidad de prorrogar por tres años más (máximo 4 años). Se aportó al trámite certificación de contenido presupuestario por la suma de ¢116.000.000,00, que cubren el periodo actual 2019", indicaron ante la Contraloría.
Sin embargo, el ente contralor indicó que dicho trámite no podía ser declarado confidencial, ya que los artículos 24 y 30 de la Constitución Política, se dimensiona el derecho de acceso a la información y además el numeral 11 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, establece que el acceso al expediente de cualquier gestión en materia de contratación administrativa es público.
"La Administración se limita a manifestar que el darse a conocer tales montos los pone en desventaja de frente a la competencia, sin hacer un análisis o justificación sobre el particular, ni tampoco se ha explicado cómo de frente a la normativa que invoca, toda esta información tenga que considerarse confidencial", indicó la Contraloría.
Permiso pero concursado
La Contraloría autorizó a la Operadora de Pensiones de la CCSS contratar una empresa para que se hicieran cargo de los servicios de gestión administrativa y trámite de retiro del Fondo de Capitalización Laboral, pero mediante un proceso de contratación directa concursada.
¿Qué es esto? Esto significa que para poder hacer el proceso debe invitar como mínimo a 3 proveedores idóneos; además se debe confeccionar un pliego de condiciones donde se describan las condiciones técnicas y legales necesarias para la adecuada definición del objeto y condiciones de la negociación y además cuando se elija una empresa deberán mediar los estudios técnicos y legales que amparen la selección.



