Omisión de Concesiones impide aplicar multas a Globalvía
Una omisión proveniente del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) impide aplicar las multas de la administración a la empresa Globalvía, concesionaria de la ruta 27, vía que conecta San José con Caldera, Puntarenas.
El Gobierno de la República anunció que procederá con la recuperación de 33.000 millones de colones por concepto de sanciones a la firma española durante el periodo comprendido entre 2018 y 2023.
Sin embargo, durante la sesión 04-2023 de la Junta Directiva del CNC, celebrada el 13 de febrero de 2023, se reconocieron deficiencias en los reclamos más recientes debido a una formulación inadecuada de los procedimientos tramitados ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA).
Las infracciones obedecen a aparentes incumplimientos contractuales relacionados con fallas en el asfalto, derrumbes sin atención o bacheos deficientes en la estructura pavimentada.
En apariencia, esos reclamos no contaron con la documentación adecuada, lo cual provocó que fracasaran ante el análisis judicial del Tribunal Contencioso Administrativo durante ese lapso.
El Poder Ejecutivo detalló en su programa televisado del 2 de abril de 2025 que las sanciones recomendadas a la Gerencia de Proyectos suman 592, desglosadas de la siguiente manera:
- 2018: 124
- 2019: 82
- 2020: 122
- 2021: 126
- 2022: 66
- 2023: 72
El Gobierno citó un informe de Auditoría Interna de diciembre de 2024, donde se evidenció falta de gestión del CNC para tramitar sanciones vinculadas con el contrato de concesión durante los 4 años del gobierno de Carlos Alvarado y el primero de Rodrigo Chaves, sin precisar la situación de los dos años más recientes.
Dificultades
Karen Ortiz Mendoza, representante del órgano fiscalizador del Consejo Nacional de Concesiones, advirtió en sesión sobre la necesidad de establecer parámetros que permitan cumplir los procedimientos adecuados para formular infracciones.
El contrato entre la administración y la empresa estipula que deben advertirse los inconvenientes surgidos en un periodo determinado. En dicha sesión quedó en evidencia que esos apercibimientos no se realizaron.
Ortiz afirmó que el Tribunal Contencioso Administrativo destacó esa omisión al fallar a favor de Globalvía en múltiples recursos.
Durante la sesión se planteó solicitar a la empresa supervisora de la carretera, que enlaza la Gran Área Metropolitana (GAM) con el Pacífico Central, el reforzamiento de las pruebas mediante estudios y análisis técnicos que sustenten la cuantía.
La funcionaria recalcó que la administración "no puede dictar un acto administrativo arbitrario", sin realizar las respectivas prevenciones.
A raíz de lo anterior, enfatizó que por errores similares se anularon procedimientos en 2022 ante la falta de sustento legal.
"Los jueces llegaron a la conclusión de que la multa fue arbitraria y que por esa razón se anuló todo el procedimiento, entonces la recomendación implica que la administración revise cuidadosamente el acto preparatorio de la voluntad administrativa para la imposición de esa multa y qué se debe hacer en cuanto a la supervisión y más bien que se indique a la supervisión qué es lo que hacer cuando se hagan recomendaciones y que deben respetar los principios acordados por los jueces en esa resolución", indicó la funcionaria.
Fallas en procedimientos
En su informe final, el exsecretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones (2019-2022), José Manuel Sáenz Scagllieti, responsabilizó a la firma supervisora por los obstáculos que dificultaron los procedimientos.
Sáenz indicó que imponer sanciones no constituye el objetivo del contrato, sino que este prevé márgenes para notificar y corregir deficiencias en un plazo expedito.
En el documento expresó inquietudes respecto a los procesos técnicos ejecutados por la supervisora, lo cual obstaculizó elevar recomendaciones de sanción a la Gerencia del Proyecto.
CR Hoy solicitó a la Oficina de Comunicación del MOPT información sobre la cantidad de sanciones aplicadas o en proceso contra Globalvía durante 2024 y lo que va de 2025. La solicitud permanece en trámite y no había sido respondida al momento de esta publicación.
Otra limitación en el acceso a la información pública consiste en la falta de actualización de las actas de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones. La última disponible corresponde a la sesión del 16 de julio de 2024.
Este medio también pidió las actas correspondientes entre esa fecha y marzo de 2025 con el propósito de conocer los temas abordados en las sesiones y verificar si se abordó la situación relacionada con la ruta 27. Tampoco ha habido respuesta.
Además, desde el 2 de abril se solicitó una reacción a la empresa Globalvía respecto a los señalamientos del Poder Ejecutivo, sin que haya habido contestación.