OIJ y Fiscalía destacan logro de someter a 15 ticos a extradición y esperan aumentar casos en 2026

 

Costa Rica siempre ha sido sinónimo de refugio, confort y seguridad tanto para ciudadanos nacionales como extranjeros, debido a sus condiciones de vida, la ausencia de ejército y la cultura de paz existente. Aunque históricamente este ha sido uno de los puntos altos del país para sus habitantes, también lo ha sido para criminales.

Muchos delincuentes, de mayor o menor perfil, han encontrado en comunidades ticas una protección para huir de la justicia internacional, en gran parte por los derechos y garantías que ostenta cualquier costarricense.

No solo los nacidos aquí lo aprovechaban: también extranjeros se valían de la nacionalidad costarricense para evitar ser procesados por otros países.

Una reforma constitucional aprobada en la Asamblea Legislativa este año abrió la puerta a que los costarricenses —de nacimiento o naturalizados— puedan ser extraditados por delitos de narcotráfico o terrorismo, lo que marcó un cambio de paradigma en la lucha contra el crimen organizado.

Si bien esta transformación legal allanó el camino para la captura de cabecillas y sujetos implicados en el contrabando trasnacional de droga, y comenzó a generar inquietud entre quienes operan en Costa Rica, lo cierto es que ha sido el trabajo policial y la coordinación entre autoridades judiciales lo que ha permitido empezar a concretar las extradiciones.

Mucho antes de que en Cuesta de Moras se diera el banderazo de salida a la extradición de nacionales, desde meses o incluso años atrás el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público ya tenían en la mira a los principales sujetos requeridos en otros territorios, a quienes seguían la pista e incluso mantenían en prisión, con el fin de que fueran juzgados o condenados en el extranjero.

Por ello, Michael Soto, director interino de la policía judicial, destacó el logro que ha significado tener ya a 15 costarricenses sometidos bajo arresto con fines de extradición, aunque espera que la lista aumente en 2026.

"Ciertamente este año (2025) se ha caracterizado por la coordinación internacional. Yo personalmente he visitado algunos países, fui a Estados Unidos, Bélgica, en una reunión en Estados Unidos me reuní con la policía de Italia, de Francia, hace poco estuve en España. 

Estamos haciendo muchas coordinaciones para el tema de extradiciones, llámese de ciudadanos nacionales o no. Además, la coordinación de investigaciones con diferentes cuerpos de policía para tratar de proteger al país, porque hay un tema de seguridad bastante severo pero es regional o global", indicó Soto.

La relación con organismos de otras naciones, tanto de Norteamérica como de Europa, es cercana y fundamental para continuar persiguiendo objetivos de forma conjunta. La ventaja es que ahora, además de procesar a extranjeros que se escondían aquí, también se puede capturar a aquellos ticos que forman parte de redes internacionales de narcotráfico.

Carlo Díaz, fiscal general de la República, destacó —al igual que el director del OIJ— que las principales coordinaciones se realizan con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, considerada una de las entidades con mayor capacidad para enfrentar el trasiego internacional de estupefacientes.

No obstante, la intención es ampliar la cooperación de cara al próximo año y los contactos con organismos de naciones europeas, dado que gran parte de la droga que pasa por suelo costarricense tiene como destino final el Viejo Continente.

"Para el Ministerio Público, tanto la modificación constitucional que se dio para permitir la extradición de nacionales como los procesos, tienen una relevancia bastante importante.

Nosotros venimos incluso impulsando que se diera esa reforma, porque sabíamos que incluso aquí había costarricenses por naturalización que optaban por nuestra nacionalidad para prácticamente blindarse de una extradición hacia otros países. 

Ese fue uno de los primeros objetivos. Hay que ser claro: nosotros tenemos nuestros objetivos de trabajo con cuerpos policiales internacionales, principalmente con la DEA y por eso también nos interesaba que esos objetivos conjuntos se iban a materializar una vez que se aprobara la reforma constitucional, lo que efectivamente sucedió", indicó Díaz.

Si bien esta medida no será la solución definitiva a la creciente inseguridad que enfrenta Costa Rica, sí constituye una herramienta sumamente importante para atacar desde la cúspide a los principales grupos que traen sustancias ilícitas desde Sudamérica, ya sea para comercializarlas dentro del país o para exportarlas a otros mercados.

Soto también destacó que, además del intercambio de inteligencia, las autoridades internacionales colaboran mediante la donación de recursos a las instituciones judiciales nacionales.

"Los cuerpos de policía y las embajadas nos han colaborado con información, con casos, con equipo, con capacitación, con intercambio de información, eso es algo que queremos rescatar porque es muy valioso", indicó el jefe del OIJ.