OIJ: Proyectos de ley contra inseguridad “no van a resolver el problema”
Poder Judicial identificó debilidades en varios de las propuestas que se discuten en la Asamblea Legislativa.
La lista de proyectos que se discuten en la Asamblea Legislativa para combatir la crisis de inseguridad que vive el país han logrado avanzar en comisiones para buscar reformas o nuevas leyes que ayuden a frenar la problemática, no obstante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señala que la mayoría no serían eficaces en la lucha que se debería dar mientras que varios magistrados de la Corte Suprema alegan que algunas de las propuestas conllevarían problemas que no fueron previstos por los diputados.
A criterio de Randall Zúñiga López, director del OIJ, más que solo pensar en legislación punitiva, se debe pensar en inversión que pueda tener un efecto a corto, mediano y largo plazo, pues muchas de las propuestas que están bajo estudio "no son proactivas" y por ende no tendrían el resultado que se espera.
"Apostar por las leyes es como poner todos los huevos en la canasta a ver cómo nos va, esa es la apuesta en la actualidad, hacer leyes nuevas para que mágicamente resuelvan todo, ¿y la parte proactiva? De inmediato esto no va a solucionar nada, como decir que hoy se apruebe alguna y que mañana va a bajar la criminalidad, no.
Si en verdad se quiere resolver esto tenemos que invertir un poco más y hacer un esfuerzo más grande, no se trata solo de pagar la casa, hay que pagar educación y comida para los hijos, a la casa hay que darle mantenimiento, paga uno la deuda, pero se queda sin casa y con los hijos por caminos indebidos, se trata de una política integral, que se quiera o no aceptar lo que estoy diciendo cada quien lo puede interpretar como quiera. La ley es reactiva, ninguna evita un delito y estas no buscan generar recursos para cuerpos policiales, para educación o buscar empleos", dijo.
Zúñiga tomó como ejemplo la aprobación de la "Ley para revocar o modificar el beneficio de libertad condicional al condenado que sea arrestado en el disfrute del beneficio", aprobada el pasado 6 de febrero.
Con este quedó plasmada la suspensión de esa libertad a quien en el goce del beneficio y cometa un delito o sea objeto de investigación policial.
El jefe judicial señaló que la reforma a la fecha no genera ningún resultado, y que incluso actualmente los homicidios están por encima de las cifras del año pasado, pues se contabilizan 176 casos hasta este lunes 11 de marzo, mientras que a la misma fecha del 2023 se registraban 163 asesinatos.
"¿En cuánto impactó eso en los homicidios? En nada, porque los delincuentes ni en eso piensan, no piensan en que existe una ley que los va a atrapar, hay situaciones estructurales que han venido afectando en los últimos cinco años, y yo le pongo nombres y apellidos Ley de Finanzas Públicas, ley 9.635, desde ahí es que empezamos a tener todos estos problemas, porque es una ley que le han hecho 16 modificaciones de exclusión en cinco años, es una cada tres meses más o menos. Es cierto, Costa Rica estaba muy mal no había ni plata para pagar aguinaldo, pero lo hicieron tan remal que vea lo que pasó, por eso hay que revisar bien las leyes, porque si siguen haciendo mamarrachos va a pasar lo mismo que pasó con la Ley del Cáñamo que incluye muestras que ni siquiera existen en el mundo y se incluyen en nuestra legislación", recalcó.
Para Zúñiga, la estratega que se está tomando contra la inseguridad no es la más adecuada, pues estas propuestas que se discuten en el Congreso no serán suficientes e incluso, asegura que no tendrán ningún impacto, especialmente en las víctimas o personas que se ven perjudicadas por los asesinatos.
Yo soy una persona religiosa, que acude a misa y reza todos los días, pero por un dogma de fe se está dejando toda la estrategia del país a cinco o diez leyes para que sean es las que resuelvan el país, y el problema que tienen esas leyes es que son post hecho, o sea, ¿de qué le sirve a una mamá que venga el OIJ con una ley y le detenga a la persona que le mató al hijo? Tampoco le sirve a los cinco hijos que acaban de perder a su papá en un hecho violento.
En un 70% de los casos OIJ va a lograr resolver esos homicidios, pero eso no va a resolver el problema y tampoco le pueden pasar toda la responsabilidad al OIJ, yo no quiero hablar mezquinamente de Fuerza Pública que nos ha ayudado con detenciones importantes, pero ellos también necesitan recursos, con las 300 incorporaciones que van a implementar, de acuerdo con los roles, querían 65 por turno, entonces no quedaría asignado ni uno por cantón nuevo.
El jerarca insistió en que no existe un plan integral de generar empleo, mantener a los niños y jóvenes estudiando y buscar la forma de atraer inversiones a las zonas más golpeadas por la criminalidad, y según su criterio, al omitir estas premisas no hay un camino de salida para lo que está sucediendo.
"¿Cuál empresa del mundo se va a ir a trabajar a Puntarenas y Limón si no hay mano de obra calificada? Es un ciclo que hay que romper y esto no son medidas cortoplacistas, se trata de planificación a largo plazo.
Difícilmente, si seguimos la ruta en que estamos vamos a lograr un cambio, hay que lograr de alguna forma invertir, pero hacer inversiones inteligentes, no solo persignarse y dejarle todo a Dios para que las leyes pasen y todo mágicamente cambie", dijo.
Lo que más le preocupa es que se empiece a normalizar la cifra de los 900 asesinatos, pues posteriormente se estaría más cerca de los 1.000 y un año después se podría llegar a los 1.200 casos, al punto que se podría duplicar la cifra en cuestión de dos años.
"(…) no puede ser posible que pasemos de 12 homicidios cada 100 mil habitantes a 17 y que podamos pasar a 22, esa es la ruta que tuvo otro país suramericano. Los delincuentes ven esto y dicen ‘no hay interés' y siguen en lo mismo. Yo sinceramente de momento no veo una algo que venga a cambiar que esto siga al alza. Nosotros lo dijimos en febrero del año pasado, ya vamos a terminar entre 800 y 850 homicidios, luego en abril dijimos que podríamos terminar con 850 o 900 homicidios y se cumplió, pero eso no cambió en nada las acciones que se tomaron", recalcó.
Sostuvo que la policía judicial puede insistir en el discurso de desarticular grupos criminales, pero si las acciones no se ejecutan, "las palabras se las lleva el viento, porque no podemos solo hablar sin actuar". A su parecer la Fuerza Pública lo está intentando, pero no lo está logrando, le faltan recursos. Si usted se da una vuelta a la Frontera Sur o Guanacaste y prácticamente no ve ningún policía.
Debilidades de las propuestas
Este lunes, nuevamente, los magistrados determinaron que dos de esos proyectos tienen debilidades en materia constitucional y en temas de logística, pues no se toma en cuenta los recursos suficientes para poner en marcha los cambios.
Uno de esos es el denominado "Ley de Crimen Organizado Juvenil", correspondiente al expediente legislativo Nº 24.006, sobre el cual la magistrada Sandra Zúñiga, presentó un informe refiriendo afectación organizacional y de funcionamiento en las labores del Poder Judicial, señalando que no se tomó en cuenta el presupuesto para poner en marcha el plan.
Al respecto, Iris Rocío Rojas, de la Sala Primera, concluyó que efectivamente es necesario tener un estudio técnico para conocer el alcance económico de implementar estas novedades.
"Carece de un estudio de costos. (…) no alcanza ni para el crimen organizado ordinario. Hay que hacerle a la Asamblea un planteamiento serio de que si van a hacer reformas tienen que darnos los recursos", dijo.
Mientras que su homóloga de la Sala Segunda, Roxana Chacón, señaló que la Corte debería aportar los datos de lo que necesita el Poder Judicial en dinero con un informe para saber que requieren.
"No nos estamos oponiendo, pero hay que dar los datos claros que necesita el legislador saber cuánto cuesta esta reforma es importante, porque la mayoría de personas que están en sicariato son menores de edad. (…) como Corte Plena debemos dar los informes que se requieren", dijo.
El informe presentado por Miguel Fernández, magistrado suplente, en representación de Zúñiga y de forma unánime se votó que el proyecto afecta el funcionamiento del Poder Judicial.
Fernández justificó que se debería contratar nuevas plazas de especialistas en diferentes ramas, se debe crear nueva base de datos que implica en una erogación de gastos adicionales al contenido presupuestario que ya está establecido. Además se les obligaría prever recurso humano y económico para capacitar al personal involucrado en trabajar en estos casos.
"Habría una necesidad de ampliar estructura física para albergar los nuevos despachos, incluyendo equipos, licencias de software, cámaras y otros equipos tecnológicos", dijo.
Sobre la creación de una base de datos, alegaron que se violentaría privacidad de menores, debido a que es incompatible con la privacidad y confidencialidad que deben las causas contra menores de edad, según lo establece la Ley de Justicia Penal Juvenil y las convenciones internacionales.
También se señalaron deficiencias similares tras conocer el informe del proyecto denominado "Ley de Recompensas para los más buscados por delitos asociados al narcotráfico y crimen organizado", correspondiente al expediente legislativo Nº 24.088.
La mayoría coincidió que de igual forma no tomó en cuenta que deben brindarse más insumos económicos, por lo que se votó con la mayoría de los presentes que de igual forma afecta la operación del Poder Judicial.
La semana pasada sucedió lo mismo cuando se discutió sobre la "Reforma a los artículos 239 bis y 244 del Código Procesal Penal Ley N°7594 del 10 de abril de 1996 y sus reformas "Ley para garantizar la prisión preventiva en delitos de peligro social", correspondiente al expediente legislativo Nº23.986.
En este caso se llegó a la conclusión que rozaba la Constitución Política, debido a que se podrían tramitar prisiones preventivas automáticas sin tomar en cuenta la particularidad de cada caso, lo que conllevaría futuras sanciones de organismos internacionales ante posibles violaciones a derechos humanos, como le pasó a México recientemente.