OIJ pide revertir prohibición de audiencias virtuales en cárceles
Michael Soto, director del OIJ, se sumó a la petición para que el Ministerio de Justicia vuelva a permitir las audiencias judiciales de forma virtual con los privados de libertad que participan desde las cárceles, debido al impacto económico y operativo que tiene la prohibición de realizarlas.
El jefe policial detalló que la negativa a realizar estas audiencias genera una problemática importante para el OIJ, específicamente para la Sección de Cárceles y la administración de celdas de los Tribunales de Justicia, dado que no es lo mismo hacer las audiencias de forma remota que tener que destinar varios oficiales para cada uno de los sospechosos que deben asistir a una audiencia.
Esto implica, además, utilizar vehículos y desplazarse a los distintos centros penitenciarios para recoger a los privados de libertad y trasladarlos físicamente hasta las sedes judiciales.
La decisión del jerarca de Justicia, Gabriel Aguilar, genera un fuerte impacto económico en rubros como gasolina, pago de horas extra y desgaste vehicular, en un contexto en el que el propio Ministerio de Hacienda había ordenado congelar gran parte de los gastos operativos del OIJ para el resto del año.
"La estimación económica es muy relativa porque podría ser que en el mediano plazo eso se pueda reparar, pero sí creemos que es importante y necesario para el país, más en este momento tan austero en que está el Poder Ejecutivo, que anda recortando por situaciones económicas.
Eso va a implicar un gasto para todo el país. Me parece que es importante que Justicia reconsidere ese hecho y que podamos seguir ahorrando un poquito más allí", detalló Soto.
A la petición de Soto se suma una carta enviada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, quien la semana anterior solicitó a Aguilar reconsiderar la finalización del convenio entre el Ministerio y el Poder Judicial para permitir las audiencias virtuales.
La realización de audiencias en los centros penales agiliza la comunicación y reduce los riesgos de seguridad al evitar traslados, lo que además permite a las autoridades realizar una mayor cantidad de diligencias.
La Corte subraya que ya ha invertido más de ₡137,6 millones en equipos e infraestructura, además de asumir un gasto de aproximadamente ₡131 millones anuales para mantener los enlaces funcionando.
Se trata de una capacidad ya instalada y pagada con fondos públicos. El Poder Judicial comunicó su interés en suscribir un nuevo convenio desde el 29 de mayo de 2026 y reiteró la petición el 1.° de julio, sin obtener una respuesta oficial del Ministerio.
El detonante de la ruptura fue la petición expresa del ministro Aguilar para que la audiencia de medidas cautelares de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, y Jonathan Pérez Méndez, alias Tan, se realizara de manera virtual.
El ministro alegó que la medida respondía a las manifestaciones de las propias autoridades judiciales sobre su preferencia por realizar audiencias de forma presencial.