OIJ investiga si policías filtran información a grupo criminal que financia saqueo de oro en Crucitas
Policías en Crucitas
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga si un grupo de policías de la Fuerza Pública colaboró con organizaciones criminales que financian a coligalleros para extraer oro de Crucitas, en San Carlos y en el Cerro Conchuditas.
Michael Soto Rojas, director interino de la Policía Judicial, indicó que no descartan pagos a policías para suministrar información sobre operativos y alertar a los oreros cuando las patrullas se disponen a ingresar a las fincas.
"Tenemos mucha fuga de información, en algunos momentos se han vinculado a algunos policías con estos grupos, entonces también es un poco difícil frenar a estas personas que sacan el oro", confirmó.
Las organizaciones, tanto nacionales como internacionales, también pagan a vigilantes para que monten guardias en propiedades cercanas a Crucitas y reporten cualquier movimiento sospechoso o la presencia de unidades policiales.
Soto explicó que ahora destinan recursos específicos para personas dedicadas exclusivamente a esas labores.
En un recorrido de Chamorro a Crucitas y de Crucitas a Llano Verde, CR Hoy constató que estos vigilantes monitorean de forma permanente los vehículos que transitan por la zona. Cuando detectan movimientos inusuales, realizan llamadas de inmediato.
Estos sujetos usualmente se establecen por horas en las entradas de las fincas en parejas; uno se coloca en la entrada monitoreando el paso y otro más o en ocasiones hasta dos, están desde los ranchos con los teléfonos.
Además, las estructuras criminales pagan a "campanas" en la ruta nacional 35, que conecta Los Chiles con Santa Rosa de Pocosol. Estas vías representan los principales accesos utilizados por los policías, ya sea por Coopevega, San Humberto u otras calles comunales en mal estado.
"Los accesos a ese lugar son vigilados constantemente por estas personas de tal forma que, si usted circula por la ruta 35 para dirigirse hacia alguna de las fincas de Crucitas, debe hacerlo por calles muy rurales de tránsito lento. Esto hace que el tiempo de llegada desde la vía principal a las fincas pueda tardar hasta una hora.
Ese margen les da a ellos el tiempo suficiente para salir de algunos lugares a donde la policía normalmente ingresa y logran ocultarse en otras fincas privadas donde no hay incursiones mineras, para pasar desapercibidos", detalló Soto.
Este medio hizo los recorridos por las dos principales rutas de ingreso a Crucitas, pero el tiempo de traslado es mayor, pues las condiciones deplorables de las calles hacen que los vehículos deban transitar más despacio.
El jerarca añadió que la respuesta institucional enfrenta obstáculos por los tiempos de desplazamiento y por la presunta filtración de información, situación que analizan los investigadores.
"Al ser un sector fronterizo también tienen la facilidad de huir del país muy rápido y ya fuera de nuestra jurisdicción no podemos hacer nada".
Por esa razón, los oreros buscan salidas directas hacia el río San Juan, donde coordinan con lancheros para trasladar sacos con material extraído de minas hechizas o facilitar la huida.
"Nosotros no podemos navegar ahí, entonces como autoridades policiales en general, nos encontramos con grandes dificultades, como este ejemplo que le doy. Se ha tratado de hacer abordajes diferenciados, pero son investigaciones que estamos desarrollando y que esperamos en algún momento puedan ser positivas", concluyó Soto.
Extracción de oro en Cerro Conchuditas. Foto: MSP
Policías en delitos en la Zona Norte
Las investigaciones sobre policías coinciden con la desarticulación de una organización criminal en la frontera norte.
El OIJ de Los Chiles y San Carlos, en coordinación con la Fiscalía Especializada contra la Trata de Personas, ejecutó un operativo contra una estructura dedicada al tráfico ilícito de migrantes.
La agrupación, conocida como Los Talibanes, contó con la colaboración de al menos cinco policías: cuatro de la Fuerza Pública y uno de la Policía Profesional de Migración (PPM).
"Esta estructura, como suele suceder con las que están bien conformadas, tenían la colaboración de oficiales de la Fuerza Pública, estamos deteniendo a cinco policías involucrados en esta situación", dijo el jefe de la policía judicial.
Soto explicó que estos policías aportaban información a una red que iniciaba en San Carlos de Nicaragua y terminaba en Los Chiles, donde coyotes y transportistas movilizaban a migrantes nicaragüenses hacia distintos destinos, por montos que alcanzaban los ₡15.000 por persona.
"Básicamente los policías generaban información criminal a la estructura criminal en caso de que hubiera algún operativo en la ruta 35, lo tenemos bastante documentado. Logramos establecer que les pagaban 10 mil colones por cada vez que daban información sobre estos retenes u otros detalles", sostuvo el jerarca del OIJ.
Carlo Díaz, fiscal general confirmó que contra los funcionarios públicos se valora la solicitud de medidas cautelares rigurosas, por lo que no descartan incluso prisión preventiva, pues a su criterio cuentan con los elementos probatorios para sostener la tesis con la pretenden defender la solicitud.
Policía detenido por caso Talibanes. Foto: Carlos Castro
Varios delitos conexos
Además de trata de personas, a este grupo se le atribuyen presuntos delitos de robo agravado, infracción a la Ley de Psicotrópicos y un homicidio.
Las autoridades desarticularon la banda la madrugada de este martes mediante 51 allanamientos en Los Chiles, Aguas Zarcas y Santa Rosa de Pocosol. La mayoría de los policías sospechosos fueron detenidos en sus puestos de trabajo.
La investigación inició en 2024, cuando los agentes comenzaron a perfilar a los integrantes de la estructura y sus funciones, incluidos los uniformados.
"De acuerdo con la investigación, los sospechosos presuntamente captaban personas de nacionalidad nicaragüense en San Carlos de Nicaragua, a quienes introducían de manera irregular al país. Posteriormente, las mantenían ocultas en distintas viviendas y, en algunos casos, las habrían asaltado, despojado de sus pertenencias y dinero en efectivo", reveló el OIJ.
La estructura criminal la conformaban vigilantes, transportistas, coordinadores, reclutadores, encargados de ocultamiento y funcionarios que facilitaban información.
Según las autoridades, la organización obtenía ganancias mensuales que en algunos casos alcanzaban los ₡70 millones.