OIJ impulsa crear sede en zona donde gobierno retiró comando de Guardacostas

Los dispositivos GPS o rastreadores de ubicación que se colocan en lanchas y navíos que han sido decomisados en aguas costarricenses y que terminan en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), han permitido trazar las principales rutas actuales que usa el narcotráfico internacional para hacer llegar su producto ilegal al país.

Los aparatos han permitido a la policía judicial costarricense evidenciar cómo Jamaica dejó de ser el epicentro de la droga que llega a Costa Rica, tal y como sucedía hasta el 2018.

Aproximadamente desde el 2022 en adelante, los trayectos son más comunes desde Colombia y otros países suramericanos colindantes con dicha nación, que llegan hasta diversas localizaciones en ambas costas ticas.

Una de las rutas más utilizadas tiene como punto de partida Buenaventura, una ciudad costera en el Pacífico colombiano desde donde provienen en su mayoría lanchas tipo eduardoño o semisumergibles con destino final a la Zona Sur o bien, a los alrededores de la península de Osa. La autonomía y las características de estos buques les permiten llegar hasta este sector del país.

Por esa razón y ante la falta de presencia actual, es que el OIJ impulsa la creación de una delegación que permita tener más presencia de agentes e investigadores especializados allí, con el fin de hacerle frente de forma más directa al narcotráfico.

Este martes, el director de la policía judicial, Randall Zúñiga, presentó el "Estado de Situación de la Criminalidad del quinquenio 2019 a 2024" elaborado por el Organismo, un informe en el cual se recopila cómo ha evolucionado la criminalidad en los últimos años.

El jefe policial confirmó que con base en los diagnósticos hechos, han encontrado lugares sensibles y ya se están movilizando en búsqueda de apoyo, para tratar de instalar nuevas estaciones del OIJ.

Estas se ubicarían tanto en los alrededores de Bahía Drake y Sierpe, en la península de Osa, Puntarenas, además de Barra del Colorado, en el Caribe Norte en la provincia de Limón; así como en el cantón de La Cruz, muy cerca de la frontera con Nicaragua y de Bahía Salinas, que también se ha convertido en un punto vulnerable para que el crimen organizado ataque.

Zúñiga ya tocó las puertas de la Asamblea Legislativa para procurar conseguir los recursos necesarios para una inversión de seguridad en estas regiones estratégicas.

"Ya hemos hablado con dos fracciones para que nos apoyen para abrir regionales de OIJ en Corcovado, es decir, Bahía Drake, además de La Cruz.

Hablé con la fracción de Liberación Nacional y con una diputada de la Unidad Social Cristiana para que se nos pueda facilitar un presupuesto extraordinario el otro año, a partir del 2025, para establecer regionales en esas dos zonas y Tamarindo como distrito", detalló.

Al menos en la península de Osa, la intención es contar con un equipo de oficiales altamente capacitados que logren inclusive interceptar y capturar embarcaciones que movilizan estupefacientes, armas y producto ilegal.

"Tendríamos que tener lanchas y una cantidad de equipo bastante importante que se requiere por la zona que es. Ahí no tenemos nada de gente y tampoco lo tenemos en La Cruz de Guanacaste.

Es importante empezar a abrir sedes del OIJ con recurso evidentemente para poder atender la criminalidad, ojalá 24/7 porque si vamos a tener únicamente una oficina que abre de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes, pues no hacemos nada", añadió Zúñiga.

Drake: zona de máximo riesgo

Aunque los planes todavía son preliminares y están en fases muy previas, el director del Organismo de Investigación Judicial fue enfático en la urgencia de atender estas zonas vulnerables.

Una de las alarmas que se elevaron durante los diagnósticos hechos por las autoridades, radica en un mapa que se logró establecer con las ubicaciones de las estructuras criminales que han sido identificadas por el OIJ.

La mayoría se concentran en Limón y la Gran Área Metropolitana, con mucha presencia en varios sectores del país.

Sin embargo, en la península de Santa Elena, en el Caribe norte y en casi toda la península de Osa no se han detectado organizaciones delictivas: no porque no existan, sino por la falta de recurso de la policía investigadora.

En el caso concreto de la Zona Sur, tanto las autoridades judiciales como los mismos cuerpos policiales conocen que esta región se convirtió en el principal puerto de ingreso de marihuana y cocaína a territorio costarricense.

Por ejemplo, a través de Bahía Drake y Sierpe, desde años se calcula que meten hasta 500 toneladas de droga anuales.

A pesar de esto, decisiones tomadas recientemente han debilitado contra lucha al narcotráfico durante el gobierno del mandatario Rodrigo Chaves Robles, bajo la tutela del ministro de Seguridad, Mario Zamora, y por iniciativa del viceministro de Unidades Especiales Manuel Jiménez Steller, quien ejerce de forma interina y aparentemente irregular, la dirección del Servicio Nacional de Guardacostas.

Tal como reveló crhoy.com el pasado 11 de octubre y como terminó confirmando el propio Ministerio de Seguridad Pública, las autoridades políticas decidieron el traslado de Drake al comando élite de Guardacostas llamado Grupo de Operaciones Especiales del Guardacostas (GOPES).

Este cuerpo de efectivos especializados fue desterrado de donde estaban en un puesto de avanzada inaugurado tan solo meses antes por este mismo gobierno y el cual permitía interceptar el tráfico internacional de droga por la principal puerta de ingreso al sur del país.

Esta determinación fue ordenada de forma verbal, según corroboraron diversos testigos bajo identidad protegida y según quedó latente en una comparecencia bajo juramento ante el Congreso.

Semanas atrás, el exdirector de Guardacostas, el coronel Martín Arias, destacó que por el Triángulo de Osa entre Sierpe, Corcovado-Drake e Isla del Caño, no solo entraban toneladas de cocaína sino también la mayor cantidad de marihuana que se está consumiendo en el país.

Arias, quien trabajó por décadas muy de cerca incluso con gobiernos y policías de Estados Unidos y otras naciones, explicó que las bandas dedicadas al narcotráfico ya no son estructuras criminales, sino completos cárteles, principalmente oriundos de Pavas, Alajuelita y Limón.

Los cárteles del Caribe tico principalmente asentados en Cieneguita, se movilizaron a Buenaventura, Colombia, donde compran cargamentos de marihuana, así como embarcaciones limonenses y nicaragüenses para movilizar hasta tres embarcaciones semanales con dos toneladas de droga en promedio. Así lo indicó Arias.

Como Sierpe es como una jungla a la orilla del mar, no hay vecinos, no hay señal de celular ni radio, tienen todas las condiciones y una vez entran a los canales, hay puntos de la Interamericana Sur que están a 50 metros de la costa, entonces los criminales salen a cargar camiones o carros 4×4 para sacar el producto a San José y Limón. 

Además, indicó que al trasladar el equipo operativo hacia otras zonas, no solo reducen la posibilidad de interceptar lanchas narco, sino que también ponen en peligro los operativos.

En Quepos y Golfito hay muchas "orejas": mucha gente viendo el momento en que salimos entonces les dicen a los narcos que se devuelvan, porque ya los "blanquitos" salieron, como les dicen a los Guardacostas. 

De acuerdo con varios testigos consultados por crhoy.com, el traslado del Grupo de Operaciones Especiales del Guardacostas (GOPES) desde Bahía Drake en Osa, hacia Quepos, en las instalaciones que anteriormente albergaban la Academia de Guardacostas, afecta la lucha contra el trasiego internacional de drogas, principalmente proveniente de Colombia.

La Cruz y Barra del Colorado

De acuerdo con la información de GPS recolectadas por la policía judicial, existen otras rutas altamente frecuentadas por las organizaciones de trasiego internacional de cocaína y marihuana rumbo a Costa Rica.

Por ejemplo, existen trayectos de movilización que vienen desde zonas limítrofes de Colombia en el Valle del Cauca, en Cauca o Nariño, rumbo hacia el Pacífico central, a comunidades como Puntarenas o las que bordean el Golfo de Nicoya. 

También se están trazando movilizaciones entre ciudades costeras de Ecuador que limitan con suelo colombiano, y que pueden llegar hasta el Pacífico norte de Guanacaste, por el Golfo de Santa Elena. Aunque este recorrido es más largo y requiere de mayor logística.

Por el mar Caribe, continúa llegando cargamentos ilícitos desde una zona costera del departamento de Antioquia, que se ubica cerca del Darién, en Panamá.

Desde Cartagena y alrededores, la principal ciudad y territorio costero de Colombia en aguas del Atlántico, también suele llegar producto ilegal hasta la Barra de Colorado. 

A eso se debe la intención de extender la fuerza de la policía judicial en esas comunidades. El director del OIJ explicó que el cantón de La Cruz en Guanacaste, tiene tres particularidades que le exponen al embate del trasiego de estupefacientes y otras formas de crimen organizado.

El primero es que, al ser una zona limítrofe, registra gran paso de personas al ser una de las principales zonas de tránsito. Esto no solo trastoca narcotráfico sino otras posibles actividades delictivas, como contrabando o trata de personas.

Además, la resolución de homicidios en La Cruz es la más baja del país: solamente el 20% de los crímenes se está logrando resolver en los últimos 5 años, mientras que en el resto del país la policía judicial logra resolver más del 60% de los casos registrados.

Todo esto se suma a que por años, no se ha decomisado un solo kilogramo de sustancias ilícitas, según Randall Zúñiga. "Hay una necesidad importantísima de poder tener una regional en La Cruz de Guanacaste", concluyó el jefe policial.