OIJ: Desmantelar 120 bandas criminales que operan en el país tomaría 3 años
La desarticulación de las más de 120 bandas criminales que todavía operan en Costa Rica tardaría al menos tres años, de acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), debido al limitado recurso humano y logístico disponible para enfrentar la proliferación de la delincuencia en el país.
Según cálculos de la policía judicial, en territorio nacional existen entre 120 y 140 organizaciones integradas por tres personas o más, dedicadas a distintos delitos como narcotráfico internacional, narcomenudeo, sicariato, lavado de activos, fraudes, entre otros.
Durante los últimos tres años, el OIJ ha logrado desarticular más de 150 grupos, pero aún hay otros casos en los que las indagaciones no han podido profundizarse, aunque estén mapeados, por la sobrecarga laboral y la falta de más personal.
Por esta razón, el director del OIJ, Randall Zúñiga, descartó que exista un "panorama controlado", como ha sostenido el Poder Ejecutivo, y advirtió que urge asignar más recursos para enfrentar la expansión del crimen organizado
"¿Controlado? Yo no podría decir eso. En la actualidad hay más de 120 bandas criminales mapeadas, nosotros estamos sacando una por semana porque eso es lo que da la operativa.
Empiece a hacer los cálculos y va a dar que por lo menos tres años (se necesitan) por lo menos para sacar esas bandas y en esos tres años cuántas bandas no se van a regenerar", indicó durante una comparecencia ante el Congreso para defender el presupuesto de 2026 esta semana.
El jefe policial puso como ejemplo el cantón de Desamparados: años atrás se logró sacar de circulación a Marco Zamora, alias el Indio, considerado el líder de los grupos criminales en la zona.
Tras su caída surgió Luis Ángel Martínez Fajardo, alias Pollo, cuya banda también fue desarticulada. Sin embargo, de esas estructuras surgieron otras organizaciones, algunas ya desaparecidas, pero muchas otras que generaron nuevas ramificaciones.
"Decir que está controlada la situación, no. Nada más vean lo que está pasando en la calle: vamos para 900 homicidios más o menos", añadió Zúñiga sobre la proyección de la cifra de asesinatos para el cierre de este 2025.
Zúñiga ha insistido en la necesidad de reforzar el personal de la institución para asumir con mayor capacidad la persecución y el desmantelamiento de bandas que no solo se dedican a negocios ilícitos, sino que también generan violencia y homicidios como consecuencia de disputas internas y externas.
La proliferación de organizaciones criminales también recarga los tribunales. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, advirtió sobre la urgencia de más recursos para procesar la creciente cantidad de casos y pidió al Congreso tomar medidas inmediatas.
"Sin duda que los recursos no son suficientes para poder atender el aumento de la criminalidad. Las agendas nuestras lo reflejan debido a la cantidad de casos.
Para ayudar al manejo de hecho, hemos hecho a la Asamblea propuestas de reformas al Código Procesal Penal que son necesarias ante el aumento de casos para eliminar aspectos que pueden ser aprovechados para manipularlos, alargar procesos y seguir saturando. Necesitamos obviamente más recursos y esas reformas", señaló Aguirre.
Recientemente, el OIJ elaboró un mapa de calor que muestra los principales focos de concentración de estas mafias. La mayoría se agrupa en el Valle Central, especialmente en sectores del sur y oeste de San José.
Limón es la segunda provincia con mayor presencia, seguida de zonas cercanas a San Carlos, Puntarenas, Cartago y la frontera sur.
El mapa despliega las áreas geográficas donde están establecidas las bandas criminales, algunas en disputa entre sí y otras que "coexisten", ya sea porque se colaboran, se prestan servicios o mantienen negocios ilícitos distintos.
En regiones donde no se han identificado agrupaciones no significa que no existan, sino que, por factores como la lejanía de las delegaciones del OIJ o la ausencia de policía administrativa, no se investigan de manera activa.
Tal es el caso de la península de Osa, en sectores como Corcovado, Bahía Drake y Sierpe, por donde ingresan hasta 500 toneladas de droga al año.
Otros puntos vulnerables son la península y Bahía de Santa Elena, en Guanacaste, y los canales de Tortuguero, en el Caribe norte, donde la limitada presencia policial e investigativa impide detectar las estructuras criminales.
Con el sistema inteligente Decisor (Diseño Estratégico para el Combate Institucional sobre las Organizaciones Criminales y la Resiliencia), el OIJ ha definido objetivos prioritarios según su influencia y peligrosidad.