Oficina de Crimen Organizado de OIJ cita a Chaves en 5 causas penales

Un informe elaborado por la Sección Especializada contra la Delincuencia Organizada (Secdo) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) cita a Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, en 5 investigaciones penales en curso en la Fiscalía General del Ministerio Publico.

El oficio 072-OECDO-SECDO1-S-2025, de marzo de 2025, surgió a raíz de la investigación por presunto financiamiento ilegal de la campaña. A partir de ahí se desarrollan los vínculos de Chaves y otras personas en cada una de las causas.

• El financiamiento, presuntamente irregular, de la campaña presidencial de 2022 por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
• Las gestiones para que el Ministerio de Hacienda contratara al Instituto Nacional de Seguros (INS) una póliza de más de 248 millones anuales enfocada en proteger a Chaves y al gabinete en procesos penales.
• El caso Bulgarelli-BCIE y la supuesta comisión solicitada por Chaves para favorecer Federico Cruz Saravanja, alias Choreco, quien fungió como asesor durante la campaña presidencial y en los primeros meses de gobierno.
• La colocación de vallas publicitarias cerca de rutas nacionales para atacar a jerarcas de otros poderes de la República (Carlo Díaz, fiscal general; Marta Acosta, contralora general de la República, y Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia).
• El caso Tradeco, por presuntos delitos de tráfico de influencias, para favorecer a la empresa mexicana Tradeco con la adjudicación de las obras para ampliar el tramo Barranca-Limonal en la carretera Interamericana Norte.

Los expedientes

• Caso financiamiento de campaña – Expediente 25-000116-1218-PE.

Presuntos delitos: financiamiento irregular de campaña

Resumen: En un informe que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) elaboró para ser incorporado como prueba por el Ministerio Público, señalan al presidente Rodrigo Chaves Robles, el vicepresidente Stephan Brunner, al canciller Arnoldo André y a los diputados Luz Mary Alpízar y Waldo Agüero de cometer presuntos delitos penados con cárcel en el Código Electoral.

Todas estas personas aparecen en el organigrama citado en el análisis hecho por la Oficina de Crimen Organizado del OIJ.

El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) del TSE evidenció la existencia de una estructura paralela con la que se financiaron gastos de campaña de Rodrigo Chaves. Aparentemente, esta estructura -que consistía en un fideicomiso- recibió dineros de personas jurídicas y extranjeras.

 

• Caso Seguros – Expediente 24-000087-0033-PE.

Presunto delito: Abuso de autoridad

Resumen: La Fiscalía General recibió 2 denuncias penales para investigar el presunto contrato a la medida que pretendía realizar Casa Presidencial por medio del Instituto Costarricense de Seguros (INS) de pólizas de responsabilidad civil por ¢248.391.706 anuales para Chaves, presidente de la República, los vicepresidentes Mary Munive y Stephan Brunner , los ministros y viceministros.

El contrato se gestionó en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) por medio del expediente 2024PX-000002-0009100001, donde se justificaba la necesidad de esa póliza para proteger a los jerarcas a la hora de tomar decisiones en sus funciones.

Corredores de reaseguros de la compañía Global One, visitaron Casa Presidencial para ver los términos de la póliza, antes de que se licitara el contrato.

Uno de ellos confirmó que Chaves participó en una de las reuniones, así como Brunner y altos mandos del INS.

• Caso Bulgarelli – Expediente 25-000044-0033-PE.

Presunto delito: Concusión.

Resumen:  La Fiscalía General acusó a Chaves Robles, y el actual ministro de Cultura y Juventud, Rodríguez Vives, por el delito de concusión.

De acuerdo con la acusación, Chaves y Rodríguez idearon un plan para obligar al empresario Christian Bulgarelli a girar $32 mil a Federico Cruz "Choreco", de fondos pagados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por concepto de un contrato dado a la empresa de Bulgarelli. Choreco no participaba ni en la empresa ni en el proyecto y, según la acusación, Chaves presionó para que Bulgarelli le diera el dinero porque Cruz era su amigo y consejero cercano.

 

Bulgarelli se acogió a un criterio de oportunidad y se convirtió en testigo clave en favor de la Fiscalía General.

• Caso Vallas Publicitarias – Expedientes 25-000007-0033-PE y 25-000008-0033-PE.

Resumen: Se investiga la colocación de unas vallas publicitarias en carretera, en las cuales se solicitaba la renuncia a varios jerarcas, entre ellos el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre y la contralora general, Marta Acosta.

En enero, se hizo pública la existencia de los carteles de grandes dimensiones que fueron financiados por el empresario turístico y excandidato a alcalde, Boris Vasir Marchegiani Carrero, secretario general del Partido Pueblo Soberano (PPS), quien en el pasado ha estado ligado con movimientos políticos cercanos al presidente.

Las vallas fueron colocadas en los alrededores de la capital, hacia el oeste, con los rostros y nombres de jerarcas constantemente atacados por Chaves, con la palabra "renuncien". Una fue vista en Circunvalación Norte en Uruca, y otra sobre la ruta 27.

La colocación de las vallas fue contratada a la empresa Publiex, propiedad del empresario Giovanni Vásquez Vega, quien ha tenido una relación estrecha con el mandatario y tiene convenios con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) para colocar carteles publicitarios en los postes de alumbrado público en la Gran Área Metropolitana (GAM).

• Caso Tradeco – Expediente 23-000038-0033-PE.

Presunto delito: Tráfico de influencias.

Resumen: Se investiga a Chaves Robles por un posible tráfico de influencias para adjudicar a la empresa Tradeco el contrato de ampliación de los 50 kilómetros entre Barranca y Limonal, y la construcción de cuatro carriles en los 2,9 kilómetros de La Angostura, en Puntarenas.

La causa incluye a Mauricio Batalla Otárola, exministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y Luis Amador Jiménez, extitular del MOPT.

La investigación está relacionada con aparentes presiones de Chaves, Amador y Batalla para que la Unidad Ejecutora a cargo de la obra en Barranca-Limonal y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), financista del proyecto, aprobaran que el contrato, valorado originalmente en $182 millones, pasara del consorcio Estrella-H Solís, el cual inició la obra, a la mexicana Tradeco.