Oficialismo y fabricistas envían Presupuesto de 2025 a Sala IV
Pilar Cisneros confirma que la consulta la impulsaron el Ministerio de Hacienda y la Presidencia
Los diputados oficialistas y los del Partido Nueva República (PNR) presentaron una consulta ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, más conocida como Sala IV, acerca de la constitucionalidad sobre el Presupuesto Nacional del 2025.
Los congresistas del gobierno y los fabricistas argumentaron ante los magistrados que en el plan de gastos se incluyeron partidas que no tienen contenido económico, entre ellas el aumento de un 2% al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
La consulta ante la Sala IV se presentó con la firma de 11 congresistas.
A pesar de la consulta, el trámite del Presupuesto no puede ser detenido, tal como lo advirtió el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), quien recordó que ya la Sala Constitucional ha dicho que, en el caso de proyectos que tienen un plazo de aprobación establecido por la Carta Magna, no puede ser frenados por una consulta de ese tipo.
La jefa del oficialismo, Pilar Cisneros Gallo, confirmó que la consulta fue redactada por la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda, y avalada por la fracción oficialista.
Añadió que una de las partidas que están cuestionando es el aumento de ¢11 mil millones para el FEES y "algunas normas de ejecución presupuestaria que, al parecer del Gobierno y sus congresistas no proceden como la que prohíbe al Poder Ejecutivo hacer modificaciones presupuestarias dentro de programas de un mismo título presupuestario.
El inciso 3 del artículo 143 del Reglamento de la Asamblea Legislativa establece que, cuando el Congreso tenga un plazo constitucional o reglamentario para votar un proyecto, la consulta debe hacerse con la anticipación debida; añade que "la Asamblea votará el proyecto, aunque no se haya recibido el dictamen".
La votación del Presupuesto Nacional 2025, en su trámite de segundo debate, está prevista para este miércoles 27 de noviembre, pues la Constitución establece que esa ley debe estar aprobada, definitivamente, antes del 30 de noviembre de cada año. Es decir, que el segundo debate debe darse, a más tardar, el 29 de ese mes.