Ofelia Taitelbaum deberá mantener buen comportamiento social y familiar bajo arresto domiciliario
La exdefensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, terminará de cumplir una sentencia de siete años y cinco meses de cárcel en arresto domiciliario con monitoreo electrónico tras 14 meses recluida en el Centro de Atención Institucional (CAI), Vilma Curling, según lo dispuso el Juzgado de Ejecución de Sentencia que analizó sus padecimientos médicos.
Mientras esté en su casa debe cumplir varias medidas cautelares, según lo dispuesto en la resolución N° 2025002882 emitida por la jueza Carla Bonilla Ballestero.
- Mantenerse en su domicilio
- Únicamente podrá realizar salidas para: diligencias judiciales y salidas médicas.
- Tiene la obligación de no alterar, dañar, desprenderse del dispositivo, reportar cualquier falla o alteración involuntaria del mismo, ni dejarlo descargar totalmente o menos del 20% de carga. Atender las llamadas al número reportado. Y en general la obligación de acatar las condiciones impuestas por la Unidad de Monitoreo.
- No podrá salir del país y se ordena su impedimento de salida.
- Deberá mantener un buen comportamiento a nivel social y familiar.
- No podrá verse involucrada en nuevos hechos delictivos y mucho menos que se le imponga alguna medida cautelar.
- No puede ser condenada por nuevo delito doloso.
- En caso de requerir salir de su domicilio, deberá gestionar el permiso ante la Unidad de Monitoreo con al menos 3 días de anticipación y posterior a ello presentar la debida justificación (comprobante).
De no cumplir con alguna de estas medidas impuestas por la jueza, Taitelbaum podría regresar a prisión.
"Se hace la advertencia de que en caso de incumplimiento injustificado de cualquiera de las condiciones impuestas, la modalidad podrá variarse y ordenarse nuevamente su ingreso a prisión", señala el documento del cual tiene copia este medio.
Este medio reveló este martes que Taitelbaum, ya no estará recluida en el CAI, Vilma Curling, debido a los padecimientos crónicos que fueron acreditados con dictámenes médicos y testimonios del esposo, una reclusa, doctores y otros especialistas que la han atendido.
Un informe de psicología, el cual toma en cuenta la jueza dentro de su resolución, dice lo siguiente:
"Dentro de los avances presentados se muestra accesible a la atención profesional, reconoce que no estuvo bien su actuar ya que le provocó un daño muy grande a la víctima, la familia y a la sociedad, es clara que ella se desempeño en un puesto donde apoyó a personas desprotegidas y no lo hizo con la persona afectada.
De estas referencias, se destaca que la gestionante efectivamente se encuentra en proceso de atención profesional, ello con la finalidad de que se genere en la persona sentenciada realice no solo la conciencia en relación a la comisión del hecho delictivo sino además a las consecuencias o daños generados con su actuar. Sin embargo, no puede obviarse que se está en una etapa prematura en relación con dicho abordaje y por ende aún existe} atención técnica por realizar a fin de que exista un mayor avance en cuanto al reconocimiento del delito así como la afectación al menos de la víctima directa, la familia y a la sociedad, máxime tomando en consideración que la misma había sido una persona que se desempeño en puestos para ayudar a personas vulnerables. Aunado a ello, existe total apertura de la sentenciada en recibir el apoyo profesional respectivo para adquirir, desarrollar y fortalecer todos los temas relacionados con valores y delito.
Al realizar un estudio de los informes de psicología, trabajo social y orientación; resulta claro que a este momento del cumplimiento de la pena de prisión, resulta ser totalmente esperable que la persona privada de libertad se encuentre en un proceso de atención profesional que la haga entender y comprender las razones por las que incurre en la comisión del delito", señala el informe.
Dicho documento, además, sostiene que la ex Defensora de los Habitantes reconoce la culpa de los hechos ocurridos en el 2014 y por los cuales fue condenada. En julio de ese año, Taitelbaum renunció como jerarca de la Defensoría de los Habitantes tras una denuncia pública de la costurera María de los Ángeles Otárola, quien aseguró que se le negó asegurar a su hijo ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La negativa se basó en registros de la Dirección General de Tributación (DGT) del Ministerio de Hacienda a nombre de Otárola por más de ₡30 millones, correspondientes a supuestos servicios profesionales brindados a tres empresas vinculadas con Taitelbaum. Sin embargo, la mujer nunca prestó esos servicios ni recibió los montos consignados.
Tras hacerse pública la denuncia, también trascendió una conversación telefónica en la que la entonces defensora le pedía a Otárola que se retractara ante la prensa. A cambio, le ofrecía asumir la deuda con Hacienda, agilizar trámites para que obtuviera una pensión y ayudarle a conseguir una vivienda.
Sobre el particular, el informe de psicología contenido en la resolución agrega:
"…acepta la culpa de sus hechos, mencionando afectaciones a la víctima directa, tales como; que la persona no se podía asegurar y el daño moral causado. Asimismo, hace mención al daño causado a la sociedad por el perjuicio hacia el fisco que no recibió el dinero requerido para realizar obras de ayuda social o de bien para el estado. Menciona que fue un acto irresponsable de su parte al no haberse asesorado a nivel legal e involucrar a terceras personas en actos que a la postre eran contrarios a la ley. La privada de libertad señala que es totalmente su culpa, ya que ella fue la que tomó la decisión irresponsable por su propia voluntad", dice el documento.
La ex Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, fue sentenciada por 29 delitos de uso de documento falso y aunque el caso llegó a Casación, la pena fue confirmada y en su momento se giró una orden de captura.