Obras financiadas con préstamos se encarecieron en $203 millones por atrasos en su ejecución

(CRHoy.com) Una serie de obras y proyectos para los cuales el Estado ha venido suscribiendo préstamos para financiarlos, terminaron encareciéndose en al menos $203 millones, casi ₡119 mil millones al tipo de cambio actual.

Este es el monto adicional estimado por las unidades ejecutoras y recopilados por la Contraloría General de la República en su reciente dictamen de liquidación del presupuesto 2018, el cual fue improbado por una serie de inconsistencias y por no cumplir con los principios de equilibrio financiero. El dictamen fue planteado ante la Asamblea Legislativa hace una semana.

Los $203 millones equivalen a aproximadamente un 17,6% del costo total de esos proyectos, los cuales tienen que ver en su mayoría con recursos destinados al mejoramiento de la red vial, el programa de integración fronteriza, el proyecto de mejoramiento de la educación superior y un programa para la prevención de violencia y promoción de la inclusión social.

El problema más grave ocurre precisamente en el sector de infraestructura vial.

De acuerdo con la Contraloría, de los $203 millones el 92% lo acaparan proyectos en este sector, donde los atrasos han sumado hasta dos años. Para colmo, adicional a los costos extra que significan los atrasos, el no ejecutar y usar el dinero de los créditos a tiempo implica el pago de una comisión de compromiso, que solo en el caso de los programas viales significaron hasta el 31 de diciembre de 2018 un total de $8 millones.

Tanto los costos de más como el pago de las comisiones deben ser asumidas mediante contrapartida del Estado y recursos institucionales propios.

 

Según la Contraloría el problema se origina desde la fase de preinversión; es decir, desde que los proyectos son concebidos.

De todos los problemas, el más grave detectado es el incumplimiento por parte de contratistas.

Sobre este tema, la diputada de Liberación Nacional Ana Karine Niño, promueve una reforma a la Ley de Contratación Administrativa para inhabilitar a aquellas empresas que de forma deliberada incumplan con los compromisos adquiridos.

Pese a ello existirían presiones y "lobby" ante algunos legisladores para restarle fuerza al proyecto. "quieren quitarle los dientes y que no muerda", denunció la legisladora.El proyecto será retomado en su discusión la próxima semana cuando los diputados vuelvan de sus vacaciones de medio año.

El segundo gran problema – y de los más comunes- es la debilidad en la comunicación interna y externa entre los entes involucrados en la ejecución del proyecto.

La Contraloría llamó la atención del Ministerio de Planificación (Mideplan) en este tema, para que actúe de forma más decidida en su papel de coordinador.

"Se reitera la necesidad de avanzar en las capacidades instituciones en materia de gestión de proyectos, así como en el ejercicio pleno por parte de Mideplan como rector el sistema nacional de inversión pública para que provea orientaciones efectivas a las instituciones ejecutoras y se dé un monitoreo constante en todas las etapas del ciclo de vida de los proyectos ligados a créditos externos… Es pertinente que las orientaciones de Mideplan comprendan no solo a las unidades ejecutoras sino también a las instituciones formuladoras y a los entes encargados de emitir el dictamen técnico de los proyectos, y comprobar su viabilidad".

 

Los programas destacados por la Contraloría obedecen a créditos que en total suman $772 millones, firmados con entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Birf) y Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Estos forman parte de una lista de al menos 26 empréstitos que el país mantiene con organismos internacionales, de los cuales cerca de una decena presentaban atrasos en su ejecución a diciembre pasado.

CRHoy había reseñado en mayo anterior sobre algunos de estos proyectos, entre los cuales existían préstamos destinados al mejoramiento de acueductos y alcantarillados sin ejecutar, y otros relacionados también con el área de infraestructura vial.

En créditos como el del Programa de Integración Fronteriza, que asciende a $100 millones y que según la Contraloría el proyecto se ha encarecido en el equivalente a un 3% de los $203 millones, el Ministerio de Comercio Exterior confirmó que en marzo pasado ya se logró iniciar la fase de empréstito luego de durante el segundo semestre del año pasado se realizara una primera licitación de un fideicomiso de gestión que tuvo que ser declarada infructuosa por cuanto la oferta recibida del único oferente excedía en mucho la suma prevista.

Según Comex, a través de su Oficina de Comunicación "se ajustó el mecanismo de ejecución, se terminó de consolidar un equipo ejecutor y se logró obtener el primer desembolso de $500.000 del BID (…) se espera contar con los prediseños de las obras en pocos meses".

En el caso de programas como el de infraestructura vial con un crédito por $340 millones, el avance financiero a diciembre era del 56% y el físico de un 68%. Se ha tardado un total de seis años en la ejecución de los recursos.

El programa de mejoramiento para la educación superior consiste en $200 millones que el Consejo Nacional de Rectores repartió entre cuatro de las cinco universidades estatales (la UTN no se había conformado en universidad para el momento del acuerdo, en 2012).

A diciembre pasado tenía un porcentaje de ejecución cercano al 86%. Los rectores informaron recientemente ante la comisión legislativa que analiza cambios al Fondo Especial para la Educación Superior (Fees) que estos recursos vencerán" a finales de este año, con lo cual dejarán de percibir una parte importante que han venido destinando especialmente a  obras de infraestructura y equipamiento.