Obligarían a magistrados a elegir de forma pública y “razonada” al nuevo Fiscal General

 

(CRHoy.com) El diputado Leslye Bojorges del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y la legisladora del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros presentaron un proyecto de ley (expediente 23.210) que busca reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para obligar a los magistrados a realizar una votación pública y "razonada" del próximo Fiscal General de la República.

La iniciativa cambia dos artículos de esta ley, el primero es el 23 que se refiere a la elección del Fiscal para que diga:

Artículo 23- Requisitos para su nombramiento. El Fiscal General de la República será nombrado por mayoría absoluta de la totalidad de integrantes de la Corte Plena mediante una votación pública y razonada, por períodos de cuatro años. Podrá ser reelegido por períodos iguales.

Y también el artículo 15 que se le agrega un inciso para que quede de la siguiente manera:

Artículo 15.- Los nombramientos se realizarán mediante votación secreta. En las actas no podrán consignarse manifestaciones, votos salvados o protestas de los miembros del órgano encargado del nombramiento. Se exceptúa de lo señalado en el párrafo anterior el nombramiento que realice la Corte Plena del Fiscal General de la República según lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley N.° 7442, de 25 de octubre de 1994 y sus reformas.

En las justificaciones del proyecto, los diputados indican que "se ha llegado a la conclusión de que el secretismo inmerso en la votación de la Corte Plena, ha auspiciado y ha condicionado este espacio para permitir la postulación –y un eventual nombramiento- de una persona que no es idónea para asumir el cargo".

"La separación de los dos últimos fiscales se dieron involucrados en actos cuestionables, esta vez hay que tomar iniciativa para que el próximo fiscal sea una persona absolutamente honesta, proba y valiente", afirmó Cisneros.

Voto razonado

En el proyecto se explica que se pide un "voto razonado" en el sentido que los magistrados deban consignar sus manifestaciones en las actas.

"De manera que, los costarricenses puedan conocer lo que llevó a los tomadores de decisión a elegir a una u otra persona, lo que representa el mejor ejercicio de rendición de cuentas", indica el proyecto.

La Corte Suprema de Justicia tiene pendiente la elección del fiscal general de la República, que sustituirá a Emilia Navas Aparicio, quien se pensionó hace casi un año.

Desde su salida, el puesto lo ocupa de forma interina Warner Molina Ruiz, quien además participa para ser electo en propiedad.

CRHoy.com dio a conocer en días atrás que esta sesión de la Corte debe ser pública, o el proceso sería inconstitucional, según la conclusión de los abogados constitucionalistas Rubén Hernández Valle y Marvin Carvajal Pérez, así como el penalista y máster en Derecho de la Comunicación, Rodolfo Brenes Vargas.